Durante las últimas semanas los medios de comunicación han destacado algunos hechos que ponen en duda el respeto con que deben tratarse las autoridades y los personajes públicos, especialmente los parlamentarios y dirigentes políticos, y sobre todo la consideración que se debe tener con quienes están investidos de la autoridad.

Con el paso de los años se ha visto que el debate de ideas fundamentadas que deberían tener quienes ejercen cargos de representación popular se ha ido reemplazando por una verdadera guerrilla verbal. Un ejemplo de esto lo vimos durante el análisis del denominado "estallido social", donde se acentuaron esas diferencias, con andanadas de diatribas. En tanto, el Congreso Nacional, que debería ser el centro de los debates de ideas, ha dado paso a acciones propias de un show de la farándula.

Los espacios dados por los medios y mayormente por las redes sociales- se han convertido en campo de batalla para cualquier tema. El asunto se ve aún más profundizado cuando se desatan toda clase comentarios injuriosos.

No se trata de pretender regular sobre el tema, sino apelar a que el diálogo y -mejor aún- la conversación, sea respetuosa, democrática, con argumentos de fondo y con ánimo de escucharse.

Hay que considerar que todas las autoridades, los entes públicos y los partidos políticos son sometidos continuamente a evaluación. De allí, surge la necesidad de estar atentos para detectar las necesidades de la población y contribuir a atender las demandas ciudadanas, más que pensar en sacar provecho de esos cargos que, bien es sabido, ha llevado al ya conocido descrédito de la clase política. El resentimiento contra las élites gobernantes es evidente y surge en cada conversación.

Para construir el futuro se debe tener presente que la legitimidad es clave. La autoridad está vestida de honorabilidad, pero no basta decirlo, sino que debe ser real. Cuando eso no sucede, la legitimidad retrocede, el terreno cambia y pasa a ser material fecundo para los populismos, por el deterioro del debate y de la democracia. Los ciudadanos esperan hoy soluciones reales a los problemas diarios que enfrentan y no seguir acentuando las diferencias.

En nuestro país hay 344 municipios, con diferentes realidades, algunos conocidos por donar mil millones a otra municipalidad como también otros que imploran a través de sus autoridades el apoyo económico para la cancelación de una humilde planilla de sueldo.

La discusión sobre el tema se origina en la definición que expone la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que reconoce a los municipios como personalidades jurídicas con patrimonio propio y con independencia en sus finanzas. Es decir, que cada uno deberá ser generadora de sus propios recursos y de esta forma responder a sus compromisos. Por su parte el Estado, administra aquel apreciado Fondo Común Municipal, que en términos simple es la distribución económica de algunos ingresos percibidos, el cual es distribuido según variables adoptadas por la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

Municipios con una población inferior a 16 mil habitantes viven con la esperanza de una transferencia importante con el objeto de responder a sus requerimientos, egresos que en último tiempo han sido altamente necesario a razón de diversos fenómenos acontecidos en Chile. A esto debemos sumar la postergación del clásico operativo de permisos de circulación, el cual siempre ha permitido contar con dineros frescos.

Tras las postergaciones de los ingresos percibidos, también debemos acotar que marzo fue complejo para los municipios, puesto que debieron cancelar a sus funcionarios la primera cuota del bono denominado Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG). Otro cuerpo normativo que incide en la precarización de las finanzas comunales han sido la Ampliación de Plantas Municipales Ley Nº 20.922, donde el aumento de funcionarios tuvo un mayor peso en sus estructuras de gastos y donde sólo se financió por parte del ejecutivo los dos primeros años, una vez promulgada la ley.

A su vez, este pasado martes el ejecutivo promulgó un apoyo al Fondo Común Municipal de 120 millones de dólares, pero es importante reconocer que según el total de gobiernos locales esto se representaría en un aumento en el gasto del 3% a un 8%, dado el tamaño presupuestario de cada municipio. Preocupante es la desigualdad entre gobiernos locales y aun las capacidades individuales para generar ingresos donde es necesario modificar el Fondo Común Municipal y donde el Estado debería tener una mayor presencia.

Víctor Quezada Subiabre Coordinador académico Administración Pública Advance USS Valdivia