Opacado por debates parlamentarios y posibles cambios ministeriales, el anuncio presidencial de un nuevo aporte de fondos a las municipalidades pasó a segundo plano. Son US$ 120 millones destinados a las 342 municipalidades del país, que contarán así con recursos frescos para atender emergencias propias de la crisis sanitaria y económica, que en terreno se traduce en graves problemas para personas de amplios sectores sociales.

La cantidad se suma a aportes anteriores. Mirada como un todo es mucha plata, pero como hay que repartir la caridad entre muchas manos, lo que cada comuna recibirá siempre resultará insuficiente.

La distribución de recursos se hace en base a población de la localidad y a la situación de vulnerabilidad de las personas. De la pobreza, en palabras simples.

Lo que deben atender hoy las municipalidades es el día a día de la población más castigada, donde hay desempleo y faltan recursos para "parar la olla".

De acuerdo a lo señalado por diversos alcaldes a la prensa, este nuevo fondo será focalizado en entrega a alimentos. Ahí entramos a la compleja cuestión del "cómo". No se consideran aportes en dinero a las familias, lo que permitiría, a la vez, inyectar recursos al castigado comercio embanderado con pabellones negros. Otro destino prioritario será en salud, fundamental en la actual situación, donde los recursos nunca alcanzan.

Estos aportes a las municipalidades, más allá de la emergencia, hay que entenderlos como un reconocimiento a la importancia de esos organismos por su cercanía con las personas, pero junto a esa importancia es ineludible advertir sobre conductas en el manejo municipal en que los recursos públicos dejan de ser tales y se convierten en privados, derivando en clientismo y uso político. Los ejemplos sobran y opacan el prestigio del servicio público.

Más que nunca, esta es la hora de la transparencia. Los recursos mencionado deben llegar con oportunidad a su destino final: las personas para quienes el día a día se ha convertido en penosa cuesta arriba.

Luego de largas y tensas jornadas, donde la incomprensión o negativa del Gobierno no permitía avanzar, el empuje de los parlamentarios de la oposición, permitió lograr la aprobación de un histórico proyecto de reforma constitucional que permite el retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones de las AFP.

Sin duda como país hemos dado un paso importante hacia una nueva y más justa etapa de nuestra historia. La necesidad ciudadana y sus postergaciones sistemáticas merecían tener una respuesta no sólo para emergencias o catástrofes, sino que, principalmente, para sentar las bases de un mejor futuro.

Por iniciativa de la oposición del Congreso Nacional, que luego sumo la adhesión clave de parlamentarios del oficialismo, se está abriendo un camino a un país con más justicia social y a responder las carencias acumuladas de miles de pensionados que se empobrecieron en un Estado que no ha estado a la altura de cumplir su rol subsidiario. Es por ello, que fue una alegría para miles de chilenas y chilenos el día de la aprobación de este proyecto, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, ya que ahí comenzamos a forjar un camino de Reformas Estructurales para avanzar como sociedad y país.

Por fin entendemos que el dolor de las carencias y la pobreza de quienes se pensionaron en un raro sistema nacional, injusto y lleno de abusos y desbalances entre hombres y mujeres, ricos y pobres y entre un trabajador y otro, debe ser resuelto con medidas claras y urgentes.

Estoy seguro que esta ley, que al Gobierno le ha costado promulgar por mandato del Congreso, responde de forma más clara y oportuna a todas las familias que por razones que aún se desconocen quedaron fuera de las necesarias y urgentes ayudas que se requieren en pandemia.

Juntos debemos comenzar a escribir la nueva historia de un Chile que escucha a su ciudadanía, y en el PLEBISCITO de octubre comenzaremos a sentar las bases de un mejor y más justo país para todas y todos los chilenos.

Iván Flores García

Diputado por Los Ríos