Un total de 4.959.145 personas en el país se encuentran en situación de morosidad, de acuerdo al estudio correspondiente al segundo trimestre del presente año, elaborado la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián, con información de Equifax. Esto significa un fuerte aumento de 8,2% respecto al mismo periodo del año pasado y de un 3% respecto al primer trimestre de este año. Los autores del estudio han señalado que es el incremento más importante desde que en el año 2012 se ejecutó el "borronazo" en que millones deudores salieron de las listas de Dicom.

Uno de cada tres chilenos mayores de 18 años tiene compromisos impagos, con una morosidad promedio de $1.894.721, cuestión que podría agravarse en los siguientes informes, que seguramente captarán mayormente los impactos de la crisis económica que ha seguido a la pandemia de coronavirus, con cierre de empresas, despidos de trabajadores y una tasa nacional de desocupación de 12,2%.

En las últimas décadas, la sociedad se ha vuelto muy permeable al consumo, estimulada por las facilidades que ofrecen los sistemas de endeudamiento, como tarjetas de créditos bancarias y comerciales, así como el expedito acceso a los préstamos y avances en dinero. Asimismo, es frecuente que a los jóvenes universitarios se les ofrezcan productos bancarios, lo que constituye un riesgo si se considera que aún se encuentran estudiando.

Por otra parte, está el endeudamiento de personas de la tercera edad, que muestra más tendencia a caer en el incumplimiento de pagos, la gran mayoría de los cuales no corresponde a la existencia de créditos hipotecarios, automotores o de consumo sino al recurrente avance en dinero que obtienen en tiendas comerciales y supermercados, que se utilizan para la adquisición de medicamentos, alimentos y calefacción, pero que tiene altas tasas de interés.

De ahí que será necesario que superada la pandemia, las industrias puedan empezar a funcionar y a reactivar la economía, lo que permitirá la creación de nuevos empleos y reposición de aquellos que fueron congelados durante esta crisis sanitaria.

Tal como ha sido inspirado y aplicado el modelo de organización administrativa de nuestro Estado, los tres Poderes son piezas complementarias de una organización que protocolarmente se ordena a partir de los poderes políticos del Ejecutivo y Legislativo. En el orden, en tercer lugar, el poder Judicial, que administra el marco normativo generado en los dos primeros poderes y que regula y genera los espacios de libertad en la cotidianidad de nuestra sociedad.

En este contexto, es importante señalar que las autoridades del Ejecutivo y del Poder Legislativo tienen sobre si una serie de instituciones o mecanismos de control, fiscalización y sanción a partir su propia estructura o de otro Poder del Estado. Así, resulta curioso que el Poder Judicial, en sus principales niveles jerárquicos, no sea alcanzado por los mismos mecanismos de fiscalización de los otros dos poderes. Tal vez por esa razón es que ha generado tanto revuelo el que la Cámara de Diputadas y Diputados (nuevo nombre oficial), haya decidido aplicar "el único instrumento efectivo y de ultima ratio" de fiscalización aplicable a un alto miembro del Poder Judicial en el bullado y doloroso caso del brutal asesinato de Ámbar Cornejo, de apenas 16 años, a manos de un asesino reincidente liberado contra todos los informes previos a la decisión.

Ante la indignación nacional y dado que la misma autoridad judicial había sido duramente cuestionada con anterioridad por la misma razón y con resultados tristemente similares en la región de Valparaíso y cuyos efectos aún se resienten, se generaron muchas interrogantes relacionadas con la efectividad del Poder Judicial sobre la fiscalización y sanción de actos de sus propias autoridades.

Por ello y ante la indignación que generó este error o negligencia garrafal, un grupo de diputados(as), nos unimos para iniciar una Acusación Constitucional que permita revisar exhaustivamente el caso y, eventualmente enviarlo al Senado para que resuelva la destitución de la Ministra Donoso por tomar nuevamente una tan errada decisión.

Durante el proceso que se iniciará esta semana, espero se aclaren los hechos que hoy generan dolor y molestia, y donde la ministra tendrá el derecho a defenderse y los diputados(as), a sumar acusaciones.

Nadie puede sentirse inmune a la fiscalización y sanción cuando se cometen tamañas faltas. Todos debemos entender que somos parte de un Estado donde la responsabilidad de los actos realizados en ejercicio del cargo, deben ser sometido a la medición "con las mismas varas". Ni más Ni menos.

Iván Flores García

Diputado por Los Ríos