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Del golpe a la Constitución
Hace 47 años, el Golpe de Estado al Presidente Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular, rompe con nuestra tradición democrática. Se impone una Dictadura dirigida por la Junta Militar, se suprime el Congreso y los partidos políticos.
Junto con ello se da inicio a una persecución descarnada a los opositores y dirigentes sociales. Se instala una política sistemática de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado. De acuerdo a los informes que hemos podido conocer, miles de personas fueron víctimas de la tortura, el encarcelamiento, el asesinato, la desaparición y el exilio.
Lamentablemente y a pesar de todas las atrocidades cometidas, hasta hoy existen sectores que reivindican la figura del dictador y relativizan estos crímenes de lesa Humanidad.
La dictadura no sólo instaló un régimen del terror, sino que al amparo de la falta de participación, impuso su agenda de transformaciones económicas, reduciendo el rol del Estado solo a un papel subsidiario, entregando dominio al sector empresarial sin contrapeso. Para perpetuar el modelo político y económico, es que entre cuatro paredes se escribe la Constitución de 1980 que tiene como finalidad neutralizar, impedir, proteger y mantener instituciones, concebida como una camisa de fuerza para la democracia.
Pero Chile despertó. Y con las movilizaciones que comenzaron en octubre del año pasado se abrió paso al acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución.
Sin duda una nueva Constitución no va a resolver todos los problemas, pero Chile necesita un nuevo pacto social basado en el pluralismo político, la inclusión y la diversidad social.
Una constitución concebida en democracia que garantice derechos y refleje la sociedad en la que hoy vivimos y el país que queremos construir.
Alfonso De Urresti Senador
Femicidios en 2020
En nuestra legislación, un femicidio es el asesinato de una mujer por quien ha sido su esposo o conviviente, y se encuentra asociado a los delitos de parricidio. El principal abordaje (y el más desarrollado) ha sido el jurídico, implicando un avance en el establecimiento de límites claros a los delitos.
Sin embargo, la discusión acerca del fenómeno y su relación de continuidad con el resto de las manifestaciones de violencia contra las mujeres en nuestra cultura, va lento y requiere de otras acciones, ya no sólo jurídicas. En 2019, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género registró 46 femicidios consumados en Chile y hasta el 7 de septiembre de 2020, se registra un total de 25 femicidios consumados y 86 femicidios frustrados.
Las cifras se encuentran en el promedio de los crímenes de esta naturaleza que se cuentan cada año, a excepción de 2016, año en que descienden los femicidios ejecutados, pero se elevan considerablemente las cifras de delitos frustrados.
Lo primero es recordar que el femicidio es la forma más extrema de violencia contra las mujeres, por lo que forma parte de ese fenómeno más amplio y global, con todas sus formas de manifestarse. En este sentido, la acción política de los gobiernos de Chile para detener y prevenir la violencia contra las mujeres no ha prosperado, aunque a veces avanza de maneras erráticas y accidentada.
Las violencias abordadas de manera fragmentada y con organismos que no pueden dar abasto con los elevados niveles de vulneración de los derechos, se encuentran en la ruta de muchas mujeres hacia la muerte. El femicidio, como sabemos, es la crónica de una muerte anunciada. El trabajo del Estado sigue llegando tarde, persiste en su accionar paliativo y persecutor.
Debemos avanzar hacia un abordaje cultural e intersectorial del femicidio, eficazmente preventivo de toda violencia hacia las mujeres, el cual requerirá anclarse en una política intersectorial orientada a la construcción de una cultura que haga posibles verdaderas condiciones de salud integral, base de las relaciones de respeto mutuo entre las personas.
Mg. María Ester Buzzoni G. Mg Psicóloga clínica Docente U. San Sebastián.
Certezas y preguntas
La opción "Rechazo" en el plebiscito constitucional ofrece la certeza de algo conocido: la Carta Fundamental actualmente vigente, que suma 257 reformas a través de 52 leyes (no es una Constitución rígida o pétrea).
La opción "Apruebo" ofrece la certeza de que se desconoce cuál será su contenido.
Yo creo que esa opción contiene la ilusión de lograr algo beneficioso para Chile. Sin embargo, en la eventualidad de que tal opción se imponga, el resultado es predecible.
Como quienes han venido promoviendo el cambio de la Constitución mediante una Asamblea Constituyente han sido los sectores políticos de izquierda, es presumible que una nueva reemplazaría la actual institucionalidad -propia de una sociedad libre y responsable, según yo coincido- por otra de orientación colectivista, igualitarista y estatista; que lleva en sí el germen del totalitarismo.
Los partidos políticos patidarios de esta alternativa, en su gran mayoría, pretenden instaurar "el otro modelo" o "el régimen de lo público", eufemismos, a mi parecer.
Adolfo Paúl Latorre adolfopaulabogado@gmail.com