Más allá de los resultados que el domingo se puedan dar con el plebiscito; tanto los representantes del "Apruebo" como del "Rechazo para reformar" han señalado que incluirán la descentralización del país como un foco de los pasos siguientes a dar en el proceso. Porque quedan varios: elección de constituyentes, trabajo de comisión y plebiscito de salida; o modificaciones parlamentarias sustantivas.

Si bien la actual Constitución establece la obligatoriedad estatal de dar las condiciones para "el desarrollo equitativo de las regiones"; en la práctica eso no se ha cumplido a cabalidad, pues la división administrativa del país obedece a una lógica que busca uniformar decisiones, aunque las realidades de uno y otro territorio sean muy diferentes. Recordemos que ese fue parte del argumento para crear la región de Los Ríos.

La elección de los gobernadores regionales da un paso adelante,, por supuesto, pero la mantención de un "delegado presidencial" con las atribuciones que hoy presenta, conserva la lógica de verticalidad de mando ejercida desde La Moneda. Eso, podría generar roces con la autoridad elegida local; diferencias en determinaciones, cambios de rumbos frecuentes (aunque el gobernador dure 8 años en su cargo) y hasta entrabamiento de desarrollo; o sea, todo lo contrario a lo que se busca.

Si bien no todo ese desarrollo depende del Estado. Sí lo hacen sus reglas frente a las libertades, los recursos fiscales, la capacidad de decisión frente a las necesidades y aspiraciones de las comunidades.

Ahí se hace fundamental un empoderamiento mayor de los gobiernos comunales, para que -además- la "cultura centralista" en la cual vive el país y que se replica con el fortalecimiento de las capitales regionales, también cambie.

La Comisión Asesora Presidencial del gobierno anterior hizo aportes clave al respecto (de hecho se promulgaron normas en Valdivia), pero falta.

Desde Los Ríos hay estudios, conversaciones, propuestas académicas, voces ciudadanas levantadas al respecto. Es de esperar que ellas -al igual que las existentes desde otras zonas e instituciones- tengan cabida a la hora de los cambios en la actual Carta Magna o en la redacción de una nueva.

La democracia, como sistema de organización política, goza de varios méritos que la hacen muy preferible a otras formas de gobierno, uno de ellos es que fomenta la participación de muchas personas en los asuntos públicos. En ese sentido, la democracia nos saca de la comodidad del individualismo y nos hace partícipes activos de la búsqueda del bien común. Otro mérito de la democracia es que constituye un medio pacífico de resolución de conflictos. En una sociedad compleja no sólo es inevitable, sino de hecho deseable que se presenten visiones diversas respecto a cómo ordenar tal sociedad. Y previendo que esas visiones opuestas podrían entrar en conflicto entre sí, la democracia consiste en renunciar de antemano a pretender que una de ellas se imponga por medio de la violencia. Así, podemos decir que la democracia es un modo de promover paz.

Pero la democracia también es exigente. Requiere racionalidad de nuestra parte, empatía, madurez, altruismo y respeto. No sería propio del espíritu democrático, por ejemplo, el no aceptar los resultados de las votaciones, o boicotear a un rival triunfante. Tampoco es parte del espíritu de la democracia el ridiculizar cruelmente las opciones contrarias, o amedrentar a los oponentes.

Respecto al plebiscito que se nos avecina, si acudimos a votar mostraremos nuestro real apego a la democracia y, por lo tanto, cuánto nos importa el bien común, más aún en pandemia. Demostraremos nuestra responsabilidad cívica si estudiamos a conciencia los antecedentes que fundamenten nuestro voto y si escuchamos con apertura los argumentos en pro y contra de cada opción. Y aquel día seremos verdaderos demócratas si procuramos un proceso tranquilo, si respetamos el secreto del voto, si mantenemos la transparencia del proceso, si realizamos el cómputo de votos con limpieza y si respetamos el resultado final sea el que sea.

Lo que plantea esta consulta ciudadana es si acaso deseamos o no cambiar la actual Constitución, y podrá haber ideas razonables tanto para lo uno como para lo otro. Pero sea cual sea la opción mayoritaria, hay que estar conscientes de que una misión de una Constitución no es plasmar un programa político determinado, sino proveer un marco fundamental que unifique al país dentro de la riqueza de su diversidad, para asegurar por muchos años una sana convivencia democrática, en un país cada vez más justo y libre.

Roberto Marconi Juárez

Docente Instituto de Filosofía U. San Sebastián, sede Valdivia