Un llamado a las autoridades a mejora la estrategia de abordaje y a la comunidad para tomar conciencia frente a la pandemia de covid-19, realizó el Colegio Médico Los Ríos. A través de un comunicado, pidió dimensionar la gravedad de esta enfermedad, además de no olvidar colapso que la atención de ella produce en los equipos de Salud.

Sus palabras no debieran ser desoídas, pues la región está entre las de mayor positividad del país, la cifra de personas fallecidas acumula 85 casos, 30 de ellos ocurridos en las últimas tres semanas y el crecimiento de los contagios acumulados es exponencial.

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud, al 1 de junio Los Ríos sumaba 352 casos confirmados; al 1 de julio subió a 679 contagios acumulados; al 1 de agosto, la marca se elevó a 879 casos; al 1 de septiembre 1.141 positivos; el 1 de octubre el total llegó a 1.975; y el 1 de noviembre la cifra casi se duplicó, con 3.624 casos acumulados. La tendencia siguió y el 1 de diciembre se informaron 6.228 contagios totales. Ayer se informó 8.550. (ver nota página 6).

Entre estos pacientes hay desde niños menores de un año, hasta adultos mayores, quienes son los más expuestos. De hecho, prácticamente todas las víctimas regionales superaban los 60 años de edad.

El escenario es complejo, pero puede empeorar. Todo indica que la cantidad de personas afectadas irá al alza, pues en este inicio de verano ya se empieza a apreciar una segunda ola. Con los contactos internacionales del país, además, poco impedirá que las nuevas cepas detectadas en Europa lleguen a la zona.

Las vacunaciones probablemente se extenderán por todo el país recién en junio y, tal como han señalado las autoridades, ello no significa que el problema se halla solucionado. Tampoco reemplazarán las necesidades de autocuidado, que la población parece haber olvidado. Sobre todo la de la evitar aglomeraciones y utilizar mascarillas.

Las cuarentenas prolongadas han demostrado no ser efectivas. Por lo mismo, las responsabilidades individuales son las que se debe fortalecer.

El Colegio Médico alza la voz profesional, como lo ha hecho otras veces, para advertir un riesgo mayor. Es preciso atender ese mensaje.

Entre tanto proyecto uno, dos y tres de retiro de fondos previsionales, ha pasado inadvertido otro que a mi juicio cobra tanto o más valor. Es el presentado por el Ejecutivo en octubre, actualmente en segundo trámite en el Senado, que abre la posibilidad de disponer de esos recursos por parte de las personas que padecen enfermedades terminales. Pero no debe entenderse como un mero retiro de fondos excepcional, sino como una medida que, desde una mirada integral y permanente, incrementa el sistema de protección y seguridad social.

En tal sentido, quiero fijar postura desde un inicio: la idea de que los enfermos terminales puedan retirar sus ahorros, me parece no sólo pertinente, sino además de suma urgencia y extrema necesidad. Y es que en la forma y en el fondo, resulta justo que puedan contar con las disposiciones para obtener en forma acelerada sus fondos de pensiones toda vez que, siendo inminente su muerte, puedan usar su dinero tanto en el alivio de su enfermedad, como para disponer de éstos a su antojo, sobre todo si la expectativa de vida se ha visto drásticamente disminuida.

Además, es una medida que se sostiene en el marco constitucional vigente, toda vez que hay razones de justicia, derecho a la vida e integridad física y psíquica, contempladas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

La propuesta incorpora una modalidad para que todo afiliado calificado como inválido total y que sufra una enfermedad terminal, tenga derecho a percibir una pensión como renta temporal, calculada para un período de dos años, pagada por la AFP con cargo al saldo de la cuenta de capitalización individual.

Se considerará como enfermo terminal, a toda persona diagnosticada con una condición patológica grave, progresiva e irreversible, sin tratamiento que modifique su sobrevida, o bien cuando los recursos terapéuticos utilizados han dejado de ser eficaces y, en ambos casos, con una expectativa inferior a 12 meses.

La propuesta indica que se descontará la cuota mortuoria. Y en el caso que los afiliados afectados tengan beneficiarios de pensión de sobrevivencia, como cónyuges e hijos menores de 18 o 24 años, si se encuentran estudiando se reservarán el 60% de los fondos acumulados para cumplir con esta obligación.

Bernardo Berger

Diputado