Retroceder a cuarentena total en cuatro comunas de Los Ríos, significa que algo se hizo mal. Y las responsabilidades son compartidas entre todos los actores sociales: la comunidad no acató resguardos, ni protegió a los mayores, ni evitó reuniones sociales; la autoridad nacional entregó mensajes contradictorios como los permisos de vacaciones y la apertura del aeropuerto internacional; la autoridad local, que no logró fiscalización efectiva de medidas sanitarias en fechas importantes.

Las cifras de contagios y fallecidos de la región confirman lo anterior. Ellas se mantuvieron bastante estables entre marzo y principios de septiembre del año pasado. De acuerdo a datos del ministerio de Salud y a los sistematizados por la plataforma de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica (coronavirus.mat.uc.cl) luego de Fiestas Patrias el alza se hizo imparable; más aún desde Navidad en adelante. De hecho la cantidad de fallecidos se mantuvo en menos de 25 casos acumulados hasta octubre, pero en tres meses llegó a 110; la mayoría mayor de 60 años, aunque también se debió lamentar el deceso de un bebé de un mes.

Los contagios, pasaron de 879 el 1 de agosto, a 1.141 el 1 de septiembre. El 1 de octubre marcaron 1.975 y el 1 de noviembre 3.624; pasando a 6.228 casos totales en diciembre. Ayer el informe marcó 10.746, con Valdivia liderando la lista (5.396), seguida por La Unión (1.132), ambas en cuarentena hoy. Las otras dos que retroceden a fase 1 son Río Bueno (776) y Los Lagos (576 casos acumulados). Además, Máfil, Futrono y Lago Ranco también bajan en el Plan Paso a Paso.

En este escenario sólo Panguipulli, Mariquina, Lanco y Corral podrán recibir visitantes y ofrecer días sin ninguna restricción de desplazamiento. Paillaco no cambiará y puede acoger turistas; pero sigue en fase 2, con salidas prohibidas los fines de semana.

Por supuesto que todas estas medidas afectan a la vida económica en plena temporada alta del verano, de la cual dependen los ingresos anuales de muchas familias. Por lo mismo, el llamado es a acatar las disposiciones, para que las prohibiciones duren poco. Aún así, también de debe tomar conciencia que una segunda ola de coronavirus seguirá intensificándose, tal como ha pasado en países del hemisferio norte.

En 2003, cuando yo era parte de la Asociación Chilena de Municipalidades, desarrollamos un proyecto con el entonces senador Alberto Espina para crear una Defensoría de Víctimas de Delitos. En 2016 un grupo de parlamentarios de ChileVamos, entre los que me encontraba, repusimos la iniciativa, fue aprobada por el Congreso pero no fue acogida por el gobierno de la época. Por eso hoy aplaudo que sea la administración de Sebastián Pañera la que haga eco de la idea.

El proyecto ingresado por el Ejecutivo la semana pasada logra recoger el espíritu y los aspectos más esenciales de ese trabajo previo; es una modificación sustancial que viene a llenar el gran vacío de nuestro actual sistema de justicia que, desgraciadamente, deja en desventaja ante la ley a quienes precisamente han sido las víctimas de delitos.

En la actualidad la Fiscalía apoya investigativamente a los tribunales; la Defensoría penal protege al delincuente; pero nadie protege a la víctima de un delito; por eso este proyecto viene a reparar esta enorme inequidad en que son precisamente las víctimas, las únicas que no tienen amparo del Estado de Chile.

De ahí que tanto el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas de Delitos -eje central del mensaje del primer Mandatario- vienen a resolver tanto la carencia de representación de la víctimas, la persecución penal de los delitos en favor de los afectados, pero también da centralidad a un conjunto de esfuerzos, hoy dispersos, que buscan proteger a grupos más vulnerables de la ciudadanía.

De mantenerse la idea tal cual se ingresó a trámite, la Defensoría de las Víctimas prestará asesoría y defensa jurídica a quienes hayan sido objeto de delitos; entregará además asistencia sicológica y social, con énfasis en las víctimas de delitos contra la vida, la integridad física o psíquica, la integridad sexual y la libertad.

Para ello, se unificará bajo el paraguas del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y en la Defensoría de las Víctimas de Delitos toda la oferta pública disgregada, lo que incluirá las cuatro corporaciones de Asistencia Judicial, los programas especializados para niños y adolescentes (Mi Abogado), el Programa de Defensa Integral del Adulto Mayor y el Programa de Apoyo a las Víctimas del Ministerio del Interior.

Bernardo Berger Fett

Diputado