Desde el 17 de febrero se encuentra desaparecido, en Lebu, el niño de 3 años de edad Tomás Eduardo Bravo Gutiérrez. Su búsqueda ha centrado la atención mediática nacional.

Lo sucedido obliga a mirar una realidad bastante dura en Chile. Se calcula que en el país se pierden dos personas diariamente como promedio; el 93% es hallada a las pocas horas, pero el 7% de restante, desaparece. Actualmente hay 16 mil denuncias por presunta desgracia catastradas oficialmente a nivel nacional, de acuerdo a registros de la PDI (pdichile.cl).

En Los Ríos la base de datos policial mantiene 15 casos vigentes. Todos son hombres y siete, con domicilio en comunas de la Provincia del Ranco. Entre ellos el más antiguo es el de Yordan Fernández, cuyo rastreo data del 17 de diciembre de 1997 en Ignao, cuando tenía 14 años de edad. El más reciente es del 29 de junio de 2020, fecha en que fue visto por última vez Héctor Calisto, de 22 años, en La Unión.

La búsqueda de todas las personas en esta condición se extiende mientras existan pistas posibles de seguir. Este proceso es muy duro para las familias, pues al cesar las acciones formales se tiene la sensación de "olvido oficial" respecto de sus casos, aunque la mayoría queda a la espera del surgimiento de nuevos antecedentes.

Para ayudar en estos procesos de largo aliento también hay organizaciones civiles, como la Fundación Kurt Martinson García (en memoria del joven perdido en 2014 en San Pedro de Atacama) y que es una de las principales impulsoras de crear bases unificadas de datos y una fiscalía especializada.

Desde 2019 se encuentra en trámite en el Congreso un proyecto de Ley para generar un Sistema Interconectado de Búsqueda, que permita dar agilidad a las pericias. Además, la norma persigue garantizar igualdad, diligencia, colaboración institucional y uso de tecnologías para cada procedimiento. Junto con ello, prohibirá la divulgación de antecedentes privados sexuales, médicos "o cualquier otra circunstancia que sea irrelevante para el objeto de la búsqueda".

El caso de Tomás Bravo evidencia que estas iniciativas necesitan acelerarse, así como también difundir más y mejor las formas de denuncia, que -sobre todo- deben ser rápidas.

En julio de 2016 el país se escandalizaba al quedar al descubierto una serie de anomalías, irregularidades, deficiencias -como se las quiera llamar-, que facilitaron la muerte a un número considerable de niños que estaban bajo el cuidado del Servicio Nacional de Menores (Sename). La cifra preliminar hablaba de 185 fallecidos, 134 de ellos en establecimientos de salud, 49 en organismos colaboradores y dos en centros de administración directa entre 2005 y ese año. Como se recordará, la cifra luego aumentó considerablemente.

En 2017 ingresó un proyecto de ley, invisibilizado por otras "prioridades" de la agenda pública y mediática. Sin embargo, hace poco logramos reponerlo, se aprobó en su segundo trámite en la Cámara, y fue derivado al Senado para su última tratativa.

La idea matriz es la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, entidad pública especializada que asumirá, en coordinación con otras agencias del Estado, el proceso de reinserción social de los adolescentes infractores de ley. Esta reforma a la arista del actual sistema, entrega una mirada más intersectorial, con énfasis en una mayor especialización de los equipos, y con un acento explícito en considerar a la familia, cuando se puede, como parte del proceso de reintegración.

No hay dos lecturas en esto. Chile requiere con urgencia adoptar todas las medidas para dar efectividad a las obligaciones asumidas de forma totalmente voluntaria al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, y en tal sentido, este proyecto responde aquello con una propuesta que aborda los aspectos más relevantes cuando el menor es infractor de ley.

La inclusión del núcleo parental es una innovación que va en el sentido correcto, pone a la familia de nuevo en el centro formador y educativo, y es un punto en el que he hecho mucho hincapié en reiteradas ocasiones; es un asunto que la institucionalidad del Sename no consideró.

El proyecto también fija reglas para la determinación de penas alternativas que podrán imponerse a los adolescentes. Van en la línea de lo deseable por cuanto debemos lograr que frente a las infracciones de ley que cometan nuestros jóvenes, éstas tengan una sanción efectiva, pero impuesta con un criterio reformador y con el objetivo de reinsertarlo socialmente, en lugar de sólo recluirlo.

Bernardo Berger Fett

Diputado