En un 67% disminuyeron las pernoctaciones de turistas registradas durante enero en servicios de alojamiento formales de la región de Los Ríos. El informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dado a conocer hace pocos días registra 30 mil 351; cifra menor respecto a enero 2020, cuando fueron contabilizadas 93.622.

También muestran bajas las llegadas de pasajeros a hoteles (76,8% menos); la ocupación de habitaciones (-19%), el ingreso promedio por habitación (-33,4%); aunque sí subió la estancia media, estimada ahora en 2,75 noches y el año pasado en 1,97.

Este primer indicador turístico de 2021 no es alentador. Pero mide un período marcado por la cuarentena en que se mantuvieron varias comunas entre el 11 de enero y el 8 de febrero.

Es probable, entonces, que el reporte correspondiente a febrero tenga números mejores. Más todavía considerando que el país en general registró un creciente turismo interno reflejado en los más de 3 millones de permisos de vacaciones otorgados. De ellos, 185 mil 692 fueron extendidos para Los Ríos, en especial para Siete Lagos (Panguipulli) y Valdivia-Corral.

Es de esperar que este mayor movimiento -evidente en las calles, restaurantes y paseos tradicionales- favoreciera al rubro, que es uno de los más golpeados económicamente desde 2019. En este tiempo, estallido social y pandemia se han conjugado y disminuido la actividad de las más de 2 mil empresas y emprendimientos turísticos formales que hay en la zona, los cuales dan trabajo a casi 9 mil trabajadores directos.

Para ayudarlos en estos difíciles contextos se han generado diferentes alianzas y beneficios, que son positivos, pero no reemplazan a una verdadera temporada alta sin restricciones.

Esas herramientas deberán hacerse más fuertes en marzo. El escenario se volverá otra vez adverso: una nueva cuarentena se aplicará desde el jueves y siete de las doce comunas estarán en Fase 1 del Plan Paso a Paso, con restricciones totales de movilidad. Durará al menos 4 semanas. Quizás alcance a ser levantada antes de Semana Santa (2,3 y 4 de abril), feriado que puede sumar una oportunidad. Pero eso depende, sobre todo, de la responsabilidad comunitaria.

La delincuencia ha sido protagonista de nuevos términos los últimos años: sabotaje, espionaje informático, interceptación ilícita, falsificación, fraude digital, abuso de dispositivos. Son conceptos que la legislación chilena también está adoptando, para poder responder mejor desde lo penal a una triste externalidad de las nuevas tecnologías. Los avances tecnológicos van generando nuevas posibilidades de desarrollo para las personas, pero desgraciadamente también a los delincuentes. Basta ver lo que ha sucedido durante la crisis sanitaria por Covid, periodo en que los delitos asociados al uso de internet han aumentado, como la vulneración de cuentas bancarias o la publicación de artículos en redes sociales con la finalidad de defraudar.

De ahí que cobra importancia el proyecto de ley del Ejecutivo ingresado en 2018, que pasó a su tercer trámite luego que en la Cámara Baja aprobáramos su texto, que mediante la derogación de la ley 19.223 del año 1993, la reemplaza por una nueva de rango especial, con normas penales y procesales actualizadas para dejarla a tono con el Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, conocido como el Convenio de Budapest, al que adscribió el país en 2017.

Ratificado por 60 estados, este convenio fue elaborado por expertos del Consejo de Europa y especialistas Estados Unidos, Canadá y Japón, busca desarrollar de una política criminal, penal y procesal, común frente a la ciberdelincuencia, y un sistema eficaz de cooperación internacional.

Contar con un nuevo marco normativo sobre delitos informáticos y ciberseguridad, especializado, actualizado, con conceptos, metodologías y normas validadas internacionalmente, es una urgencia innegable. De ahí que legislar en estas materias no sólo da en el clavo para poner atajo al cibercrimen, sino que además lo hace incorporando para ello los contenidos del Convenio de Budapest, que en lo consensual es lo más avanzando en el mundo en este tema.

Y es que la necesidad es clara. Según datos de Novared, en 2019 el aumento de delitos informáticos era de un 74% respecto del año anterior.

En tanto, las limitaciones presenciales de la alerta sanitaria por Covid-19 han significado en los últimos 12 meses, un crecimiento del 214% del E-Commerce según la Cámara de Comercio de Santiago, con los consiguientes riesgos de exponerse a delitos informático.

Bernardo Berger Fett

Diputado