Justicia y venganza
La vida en las sociedades modernas supone un contrato según el cual los ciudadanos renuncian a ejercer la justicia por sus propias manos entregando al Estado el monopolio del uso de la fuerza. Eso significa que las personas desisten de la violencia como mecanismo de solución de conflictos y es el Estado el encargado de zanjar las diferencias a través de la administración de la Justicia y, de ser necesario, del uso de la fuerza.
Por lo tanto, la primera razón por la cual existe el Estado es para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la ausencia de violencia y la solución de los conflictos a través del Estado de Derecho.
En este sentido, cuando el Estado comienza a fallar reiteradamente en el ámbito de la seguridad ciudadana, en el control del orden público y en el aseguramiento del Estado de Derecho, los ciudadanos pierden la libertad para desarrollar sus vidas en paz y en un extremo al sentirse desprotegidos utilizan la fuerza contra otros ciudadanos.
En el último tiempo en nuestro país ciertos grupos han comenzado a utilizar la violencia para lograr sus fines justificando su actuar con la existencia de injusticias.
Debemos sentir empatía con las víctimas de injusticias y buscar reparación al daño que han sufrido. Pero como sociedad no podemos permitir que la reparación se transforme en venganza. De hecho, es inmoral dejar que la víctima se transforme en victimario.
El ciclo de injusticia no se rompe con la venganza que conlleva el uso de violencia. La venganza genera otra víctima. La reparación y la sanación se produce a través de la justicia y, por lo tanto, es tarea del Estado.
Entonces, si las personas no pueden desarrollar libremente sus actividades porque hay una marcha violenta, o tienen miedo de salir de sus casas después de cierta hora porque hay tiroteos en el barrio, o no pueden sembrar sus campos o transitar por las carreteras sin tener temor, el Estado está fallando.
Es responsabilidad y deber del Gobierno pero también de las Policías, la Fiscalía y el Poder Judicial asegurar que todos los ciudadanos puedan realizar su vida con libertad y sin miedo.
Es deber del Estado garantizar el orden público y la seguridad ciudadana y las autoridades no deben renunciar a usar todas las herramientas que tienen para cumplir con esta obligación.
"Debemos sentir empatía con las víctimas de injusticias y buscar reparación al daño que han sufrido. Pero como sociedad no podemos permitir que la reparación se transforme en venganza..."