influir en políticas públicas locales", declaró.

En la región, solo Lanco fue incluida dentro del estudio entre las comunas que han usado esa herramienta porque se debía cumplir con una serie de requisitos mínimos. Entre ellos, que el mecanismo funcionara por lo menos por dos años consecutivos y que efectivamente se destinaran recursos para desarrollar lo definido por la ciudadanía.

Barreras

¿Qué frena a los municipios a implementarlo? Uno de los aspectos es la voluntad política del alcalde. "Muchas veces los alcaldes piensan que no es conveniente convocar a la gente para decidir sobre proyectos que no pueden financiar", dijo.

En cuanto a las comunas que sí han desarrollado este ejercicio de manera continua, Montecinos explicó que igualmente existen barreras estructurales que no dependen de quien dirige la comuna y que impiden que el sistema se consolide. "En esos territorios se provoca cierto agotamiento porque los ciudadanos ven que no deciden cosas más relevantes que las que les permiten los recursos que destina el municipio. Y los que destinan más presupuesto asignan alrededor de 500 millones de pesos para financiar hasta 200 iniciativas presentadas por las organizaciones. Si divides, le van a tocar dos millones de pesos a cada una y con eso no resuelves nada. Existe poco financiamiento municipal y poca incidencia de los municipios en las políticas públicas nacionales y regionales. Hoy, por más que un alcalde quiera decir que en la comuna van a decidir en un proceso participativo los 30 mil millones de pesos que se invierten con el Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Salud, no lo podría hacer", explicó.

Por lo mismo, Montecinos destacó que una propuesta interesante es que "el gobierno central y algunas subsecretarías, como la Subdere, destinen recursos centrales para apoyar proyectos que aparezcan en el presupuesto participativo. El objetivo es que los proyectos a financiar puedan superar los 10, 30 o 50 millones de pesos. Proponemos que se vincule el presupuesto participativo con recursos regionales y sectoriales, así le vas a dar fuerza y potencia a la participación ciudadana vinculante. Si eso está garantizado en la Constitución, mucho mejor".

Nueva Constitución

Montecinos destacó que en la nueva Constitución el derecho a participar debería estar consagrado. "Al igual que con el tema de la descentralización, el tema de la participación ciudadana es un lugar común entre los candidatos. Todos indican que quieren que la participación esté en la Constitución, el problema se presenta cuando les preguntas cómo lo van a garantizar. Gran parte no lo tiene claro", dijo.

Indicó que una manera de hacerlo está relacionada con el organismo que puede activar la participación. "Sería importante que el derecho político de la participación pudiera ser activado por los gobernantes, como el alcalde; pero también que los ciudadanos lo pudieran activar, por ejemplo, juntando firmas. Esto se puede incluir en la Constitución y permitiría garantizar este derecho", expresó.

15 por ciento de las municipalidades del país implementaron en algún momento el presupuesto participativo entre los años 2001 y 2018, según estudio del Cer-Uach.

28% de los alcaldes que implementaron este mecanismo eran de centro izquierda; el 21 por ciento eran de centro o izquierda; y el 15 por ciento de derecha o independientes.

152 millones de pesos es el monto promedio que destinan las municipalidades, para invertir en los proyectos relacionados con el presupuesto participativo.