Hace diez años exactos, en junio de 2011, se produjo a nivel nacional un gran movimiento de protesta estudiantil, protagonizado por alumnos secundarios y universitarios, que pedían cambios en el sistema educacional chileno. Este proceso heredaba algunas de las peticiones pendientes de la llamada "revolución pingüina" de 2006, como una nueva institucionalidad: desmunicipalización, fin al lucro, revisión del a Jornada Escolar Completa, gratuidad y acceso universal a la enseñanza superior, entre otras materias.

Aunque demoraron, de esas peticiones nacieron la Ley General de Educación (2009), las rebajas del 2% en los créditos universitarios (2013), cobertura con gratuidad a alumnos del 50% más vulnerable (2015), el Sistema de Admisión Escolar (2016), entre otras.

También desde esos sucesos se levantaron las primeras voces pidiendo una Asamblea Constituyente. De ahí que muchos los llamen la antesala del "estallido social". En Los Ríos, tanto en 2006 como en 2011 hubo ecos importantes de estas actividades nacionales y muchos líderes de esas épocas se convirtieron en protagonistas de la escena política y social actual.

Pero centrándose solamente en el ámbito educativo municipal y en el contexto de la asunción de las nuevas autoridades producida ayer; es bueno recordar que la administración de escuelas y liceos sigue siendo uno de los principales desafíos que tienen los gobiernos comunales. En la región, entre 467 establecimientos en total, 219 corresponden a educación municipal y en ellos estudian casi 37 mil niños, niñas y jóvenes, entre los 80 mil escolares repartidos en el territorio.

Atender sus necesidades con presupuestos escasos y entornos vulnerables sigue siendo una tarea en la cual concentrar energías; más aún en el escenario de la pandemia, que suma incertidumbre a las limitaciones ya conocidas.

El tema es también el que genera mayores expectativas de la comunidad frente a los nuevos alcaldes, según señala un estudio entregado por el Cer-Uach hace pocos días. Por lo mismo, es bueno mirar hacia la historia reciente, reconocer que hay deudas no saldadas y proyectar acciones sin consignas populistas, sino efectivas en el corto plazo y factibles en el largo.

El voto obligatorio es el pasaporte que necesita Chile para recuperar la legitimidad de la representación republicana. Y es que la tendencia a la baja sostenida en la participación a la hora de elegir a quienes nos representan, no es una cuestión que deba inquietar únicamente al mundo político, sino a todos si queremos cuidar nuestra democracia que tanto ha costado solidificar.

Porque a través del voto universal, y no de otra cosa, es como se garantiza una democracia realmente representativa. De ahí la relevancia de la discusión que venimos sosteniendo hace algunos días, que se tradujo en la aprobación por contundente mayoría en la Cámara Baja de un proyecto de ley que busca reponer la discrecionalidad del sufragio, y que ahora continúa su tratativa en el Senado.

Recordemos que cuando se instaló la inscripción automática y el voto voluntario en 2009, se hizo pensando que ampliaría sustantivamente la participación electoral. Sin embargo, el resultado fue el contrario, y el voto voluntario sólo ha servido para abrir la puerta a una peligrosa distorsión de la representatividad, con una cada vez más bajísima presencia de electorado en las urnas.

El peligro de seguir perdiendo representatividad y, con ello, gobernabilidad, y la necesidad de devolver legitimidad a los procesos democráticos, son argumentos más que suficientes para reponer el voto obligatorio. Más aún, ante realidades como la reciente segunda vuelta de gobernadores regionales en que autoridades resultaron electas por apenas el 20, el 15 o menos por ciento de votantes.

La distorsión de la democracia está ahí, en la puerta del horno y, como dije en las primeras líneas, si bien no es la única medida a la mano, el voto obligatorio es el pasaporte que Chile necesita para recuperar la legitimidad y garantizar una democracia realmente representativa -también está, por cierto, mejorar la educación cívica, la idoneidad de los candidatos que postulan, la credibilidad de los partidos y movimientos, entre otros factores-.

Y es que tener la condición de ciudadano no sólo otorga derechos como acceso a los beneficios del Estado, exigir calidad de vida, o elegir y ser elegido, sino también conlleva el deber de involucrarnos y participar. Y personalmente creo que no hay un derecho más democrático que el deber de elegir a nuestros representantes mediante el voto.

Bernardo Berger Fett

Diputado