El lunes recién pasado asumieron los doce alcaldes que liderarán a las comunas de Los Ríos en el período entre 2021 y 2025. Junto a ellos también iniciaron sus labores 74 concejales; entre los cuales solamente hay 20 mujeres, la misma cantidad registrada en el período anterior.

Esas veinte ediles actuales trabajarán distribuidas inequitativamente en el territorio, pues en algunas municipalidades habrá representación femenina, pero en tres de las doce, Paillaco, Corral y Río Bueno, estará completamente ausente; a pesar que la última tiene una alcaldesa.

Tal situación deberá considerarse por las nuevas autoridades, pues la equidad en las decisiones ya se instaló como base para una buena gestión.

Otro desafío de concejalas y concejales se verificará en lograr unidad más allá de las agendas políticas propias. Y quizás no resulte sencillo. Actualmente, ninguno de los integrantes de los Concejos Municipales es completamente independiente. Todos los electos se presentaron en listas de pactos. Dos de los ganadores fueron parte de Chile Digno y Soberano; tres del Frente Amplio; trece de Unidos por la Dignidad; siete de Chile Vamos-Pri-Independientes; diecisiete de Chile Vamos-Renovación Nacional; tres de Chile Vamos-Evópli; siete de Chile Vamos-Udi; tres Radicales y 19 de la Unidad por el Apruebo (PS-PPD e independientes).

Esos equilibrios podrían pesar en los desempeños; aunque -quienes han leído mejor las realidades actuales- ya han manifestado su interés de trabajar por el desarrollo de sus territorios de manera transversal; poniendo énfasis en la celeridad y la eficiencia para resolver los problemas comunitarios.

Todos estos elementos: mirada de género; unidad "despolitizada" ; eficacia en la gestión y espacios de participación, se encuentran hoy sobre la mesa en el inicio de los nuevos mandatos.

Si bien no hay duda sobre la voluntad de responder a esas expectativas; también es cierto que muchos de los tópicos que se tocaron en campañas escapan a las atribuciones que realmente hay desde los Concejos.

Considerar esos puntos y sumar claridad al respecto constituiría también una señal positiva para generar confianzas; algo necesario en tiempos que ella se ve extremadamente escasa.

El mundo de la Educación está demostrando escenarios diversos e inesperadamente inciertos en donde se mezclan voluntad y disposición, por un lado, e improvisación y contumacia por otro. La voluntad viene por parte de los establecimientos y su equipos de docentes y directivos. Indistinto de si el régimen a que responden es particular o municipal (en todas sus variantes), todos están buscando la forma de responder al imperativo de impartir educación. La forma varía dependiendo de la capacidad de acceso a internet (en donde al abismo entre la ciudad y las zonas rurales se suma la carencia de recursos económicos para suscribir un plan de datos e incluso zonas oscuras de conectividad de los que nadie se responsabiliza), de la capacidad de equipos informáticos (en donde algunos colegios particulares han procurado de los medios a sus docentes, mientras en la gran mayoría cada docente coloca sus equipos computacionales, sus conectividades a internet y todos los recursos que necesitan a costa de su bolsillo) y de la capacidad de uso que tengan las familias y los mismos estudiantes sobre el equipamiento (aún cuando se tenga un convenio Ministerio - Google para acceder a G-Suite y Google for Education).

La improvisación y contumacia es puesta por parte de las autoridades y su repetitivo discurso sobre el retorno seguro y todo lo que significa volver a una "nueva normalidad", en donde el último capítulo fue escrito el 05 de mayo de 2021, cuando parlamentarios de la Comisión de Educación presentaron un proyecto de Ley para suspender el SIMCE y la Evaluación Docente este año. Lo que debería ser algo ya resuelto y previsto por las autoridades del Ministerio de Educación, o de la Agencia de la Calidad (a quien la Comisión Nacional de Educación ya le solicitó presentar alternativas al SIMCE para el 2021 en noviembre de 2020) termina tratando de resolverse mediante un proyecto de ley apoyado incluso por el Colegio de Profesores.

En estos tiempos de incertidumbre y estrés la certeza debiera venir por parte de las autoridades, apoyando y no sobrecargando el trabajo de las y los profesores ahora con la Evaluación Docente y el SIMCE. No debieron ser parlamentarios sino las autoridades responsables de la Educación en Chile quienes presentaran, oportunamente, una verdadera propuesta de solución.

Profesor Javier Vega Ramírez Instituto de Ciencias de la Educación UACh