Un tema que cruzó todas las campañas electorales recientes fue el de la vivienda. La falta de suelos, las demoras en resultados para comités organizados, las postergaciones de estudios, los subsidios entregados; formaron parte de los discursos de postulantes de diversos signos políticos; aunque la solución a esta problemática no tenga del todo que ver con las atribuciones reales de los puestos a los que aspiraban.

Sin duda que la disposición a hacerse cargo y colaborar con esta situación es lo que más se agradece desde la comunidad; porque indicaría conciencia frente a una necesidad, que en Los Ríos afecta a 12.195 hogares, de los cuales 3.573 son de allegados y otros 8.622 a espacios con severas deficiencias de habitabilidad.

Esos datos corresponden a un análisis efectuado en 2017 por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), institución que la semana pasada alertó al país con un nuevo estudio respecto de los tiempos que deben esperar las familias para que les llegue una solución. En Valdivia (1.804 familias allegadas) el tiempo estimado es de tres años para que tengan casa propia los grupos vulnerables (ingresos menores a $450 mil) y diez años para los grupos medios (ingresos hasta $1. 800.000), segmentos en los cuales se otorga subsidios habitacionales estatales a un promedio de 346 y 87 anuales, respectivamente.

Las cifras son mejores que las de Santiago, donde se calcula 31 años de espera; pero no por eso menos preocupantes, pues implican una constante difícil de superar, a menos que se apresuren planes y se trabaje con unidad a niveles regionales y locales.

Hay señales como la activación de un Banco de Suelos, la estructuración de oficinas municipales especiales y la conformación de Egis (Entidades de Gestión Inmobiliaria Social) comunales, pero aún faltan coordinaciones y también, salidas intermedias. La CChC, por ejemplo, sugiere reforzar la entrega de subsidios de arriendo, que permitan a las personas salir de la realidad de allegamiento y comenzar un camino a ser propietario con más tranquilidad.

Por otra parte, se requiere sentido de urgencia. Tres años es demasiado tiempo y una década, aún peor. Frente a ello, sería positivo ver que las promesas electorales en este ámbito se traduzcan en acciones.

Diez constituciones ha tenido Chile, la mayoría concentradas en los albores de la República -1811, 1812, 1814, 1818, 1822, 1823 y 1828-. La de 1833, más madurada, tuvo larga vida, igual que la de 1925.

Un intento fallido en 1926 no vio la luz. La "última", de 1980, tuvo 58 modificaciones el 2005, tan profundas que se le llamó "La Constitución de Ricardo Lagos".

Chile, salvo episodios contados, ha gozado más que ningún otro país de Latinoamérica de cierta estabilidad a lo largo de los dos siglos de historia republicana. Y ha sido gracias, entre otras cosas, a reglas del juego para la convivencia social más o menos estables, que dan certeza y seguridad de lo que es y significa ser chileno y/o vivir en Chile.

Una Constitución duradera, representativa, que considera la voz de todos y que vela por el bien común y de todos los sectores sociales, productivos, religiosos, culturales, en sintonía con la historia y la costumbre, es garantía de paz social y prosperidad. Pero debe ser gestada también bajo normas claras, transparentes, como se hace en democracia, en irrestricto apego al estado de derecho.

Traigo esto a colación porque el proceso actual puede ser catastrófico si se conduce mal, y desgraciadamente la Convención Constituyente partió con el pie izquierdo.

Lamento profundamente el curso de los acontecimientos con que partió la Convención, así como me preocupan las señales, confusas algunas, alarmantes otras, que se han venido dando en los días sucesivos.

La Nueva Constitución debe hacerse en diálogo y democracia. Los desmanes, presiones por la fuerza y la violencia no deben tener espacio.

Los constituyentes están con cronómetro corriendo para redactar la carta fundamental. No para otra cosa. No es un nuevo poder. No es un órgano autónomo ni soberano. No es ni un gobierno, ni un tribunal ni un Congreso paralelo. No debe por tanto tolerarse la intromisión en cosas distintas a lo que los convoca.

Que la pega se haga sin más demoras, dentro de los plazos y normas que se fijaron, es el mandato ciudadano. Por el bien de Chile y por lo que está en riesgo, yo espero que en los días sucesivos un proceso tan relevante como éste, se base en el diálogo, consensos, generosidad y sobre todo, en mucho sentido común.

Bernardo Berger Fett

Diputado