Responsabilidad frente al acoso
Denuncias recientes obligan a mirar una situación que en la región suma 29 casos desde 2018; pero que -sin duda- es mayor. En Chile hay normas legales relacionadas con estos delitos. La más reciente fue aprobada el 5 de agosto y sanciona los ocurridos en el ámbito académico.
Dos informaciones se han conocido en la presente semana sobre acoso laboral y sexual en instituciones públicas de Los Ríos. En ambas hay investigaciones y las víctimas son mujeres afectadas en su desempeño profesional y personal, tanto antes como después de dar a conocer las situaciones a las que fueron sometidas.
En uno de los casos mencionados -dirección regional de Conadi- recién comienzan sumarios y las acciones legales están en curso. En el otro, Municipalidad de Los Lagos, los tribunales ordenaron disculpas públicas y también capacitación institucional para enfrentar y prevenir la ocurrencia de estos delitos.
Estos hechos no los únicos. De acuerdo a antecedentes de la Dirección Nacional del Trabajo, entre 2018 y 2020 (las de 2021 aún no se conocen) hubo 29 casos de acoso efectivamente tramitados en la región; pero se sabe que existen muchos otros que no salen a la luz. Y ese silencio ocurre, lamentablemente, aunque en Chile existen normas al respecto. El acoso laboral está descrito en el Código Laboral; la ley de acoso sexual fue promulgada en 2005; la de acoso sexual callejero data de 2019 y este 5 de agosto fue aprobada en el Congreso la que sanciona el acoso sexual en el ámbito académico.
La última fue planteada luego del movimiento iniciado en 2018 por la comunidad de la Universidad Austral de Chile, lo cual motivó el establecimiento de protocolos y cambios organizacionales, tanto en nuestra región como a nivel nacional. Ahora, la nueva legislación indica que las casas de estudios que no adopten una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, no serán acreditadas.
Se trata de avances importantes que apuntan hacia la generación de espacios públicos y privados seguros, respetuosos y que garanticen equidad a quienes se encuentran en ellos. Sin embargo, legislar no basta. También es preciso un cambio cultural profundo y consciente, que permita visibilizar lo que sucede y ayude a reaccionar con rapidez; que no normalice este tipo de conductas y que acoja adecuadamente a las y los afectados, evitando también que sean revictimizados con la duda o el aislamiento.
En este tema, como en muchos, la responsabilidad social es clave.