Hace veinte años, en noviembre de 2001, Diario Austral llamaba la atención de la comunidad respecto del alto número de dueños de vehículos que no había pagado su Permiso de Circulación en Valdivia. Eran 1700 y representaban el sesenta por ciento del total de los que debían cancelar la segunda cuota, vencida en agosto. Una década después, en 2011, la capital regional registraba 46 mil 656 unidades motorizadas; y en 2020, 81 mil 582.

A nivel regional también el crecimiento es exponencial. De acuerdo a datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas en su informe de Parque de Vehículos en Circulación, dado a conocer hace pocos días, entre 2010 y 2020 Los Ríos aumentó en un 100,8% el número total de móviles. El total registrado el año pasado fue de casi 117 mil; lo cual implica que hay 2,9 vehículos por cada 10 habitantes; mientras que en 2010 eran 1,5 por cada diez personas.

En el país hay una pequeña tendencia a la baja. El INE indica 5,6 millones; con 127 mil unidades menos que en el 2019; aunque la venta de autos nuevos en octubre de este año alcanzó un nuevo récord, con 6,4% más respecto del anterior; mientras que las importaciones de vehículos para el transporte humano aumentaron en un 117,3%, según datos de Aduanas.

¿Qué implican estas cifras? Para Valdivia se traducen en congestión de tránsito y contaminación ambiental, algo muy lejano al sueño de tener una ciudad "caminable". Ya en 2017 desde la municipalidad manifestaban inquietud por este crecimiento y anunciaban medidas para desincentivo del uso de autos, como ciclovías y educación vial, además de una modernización del transporte público, para que hiciera más atractiva su utilización. Sin dudas se ha avanzado en ello, pero falta.

El tema no es sencillo y está lleno de contradicciones. Un reciente estudio realizado por la aplicación Cabify indica que la mayoría de sus encuestados cree que hay demasiados automóviles y que ocupan mucho espacio urbano; sin embargo, el auto se posiciona como el principal medio de transporte en Chile. En Valdivia pasa de manera similar, con muchas quejas por los tacos y alertas por su multiplicación en la temporada de verano; pero con escasa voluntad de caminar o buscar otras formas de movilización.

La población de nuestro país se vuelve más longeva y ese es un desafío también para la Justicia, pues los adultos mayores requieren cada vez más orientación jurídica y de protección respecto de sus derechos y deberes.

A raíz de lo anterior, desde el año pasado en nuestra región de Los Ríos, a través de la Corporación de Asistencia Judicial, está funcionando un Programa de Defensa Integral del Adulto Mayor, el cual está dirigido a nuestras personas mayores para que puedan recibir una atención en el ámbito socio- jurídico. La iniciativa está compuesta por una dupla de profesionales, una asistente social y un abogado, quienes abordan materias como: abuso patrimonial, vulneración de derechos, aumento de alimentos, maltrato físico, maltrato psicológico y negligencia, entre otras materias.

Desde su implementación, en septiembre del año pasado, el Programa ha realizado 1.834 atenciones, se han ingresado 211 casos a Tribunales de los cuales se han resuelto 141, encontrándose vigentes 70 causas.

Uno de los mayores logros del Programa, corresponde a la obtención de una sentencia en un caso tramitado por el Juzgado de Familia de Panguipulli, donde el Programa interpuso una denuncia y solicitud de medidas cautelares del mismo Tribunal. En ella, una adulta mayor de 85 años, sufrió el ejercicio de violencia intrafamiliar grave de tipo físico y psicológico, además de negligencia en sus cuidados por parte de sus familiares. La denuncia, tras información recabada por la asistente social, permitió solicitar medidas cautelares urgentes, consistentes en el ingreso al Hospital de Panguipulli y la prohibición de acercamiento de los ofensores. Además, se convocó a las normas pertinentes de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, las que fueron decretadas por el Tribunal. Por primera vez, un Tribunal dictaminó una sentencia favorable a una persona de 85 años víctima de una grave vulneración de derechos, dando pleno cumplimiento a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, suscrita y ratificada por Chile el 2017.

Sin duda, que este caso ratifica la importancia del Programa de Defensa Integral del Adulto Mayor, porque se enfoca en una necesidad que como sociedad debemos continuar trabajando, la protección de nuestros adultos mayores.

Rodrigo Oñate Betanzo

Seremi de Justicia Los Ríos