Más de 2 millones de personas tienen más de 65 años de edad en Chile y, en Los Ríos, suman 23 mil 500, el 5.8% del total de la población. La mayoría en ese grupo etario son autovalentes, jefes de hogar y en pleno uso de sus facultades físicas y mentales; sin embargo, con frecuencia, se les discrimina por "edadismo" como si tuvieran menores capacidades que los demás.

Un ejemplo de ello es lo que pasa con los trámites legales que les obligan a presentar un "certificado de lucidez" para disponer de los propios bienes; algo que ha saltado a la agenda pública en estos días luego de una carta publicada en El Mercurio y firmada por Fernán Ibáñez, de 85 años, a quien se le solicitó este documento en una notaría. Por su caso, se activaron reacciones que cuestionan la práctica, pero agregan una explicación: con frecuencia, los familiares -señalan desde la Asociación de Notarios- impugnan los contratos o documentos que implican patrimonio, aduciendo que el adulto mayor que los suscribió "no está lúcido". Para evitar esa situación -explican- piden una acreditación de salud mental entregada por un médico.

Esa práctica es extendida, pero no se encuentra contemplada en la ley. Al contrario. El Código Civil reconoce la capacidad de todas las personas mayores de 18 años, sin límite. Por otra parte sí existe la interdicción, que dictamina un tribunal cuando alguien no logra disponer de sus bienes o los dilapida; pero no está vinculada a una la edad. Entonces ¿por qué se vincula a la vejez con la incapacidad?

Un estudio realizado en la Universidad Austral (Miguel Ángel Carrasco, Luis Cárcamo) sobre la mirada que la sociedad tiene respecto de los mayores, observa el rol de los medios en reforzar imágenes de ciudadanos frágiles y enfrentados a la "tragedia" de envejecer.

El análisis respecto de la influencia de los medios es compartido. Pero no se debe olvidar que ellos reflejan lo que sucede alrededor ; entonces la tarea de actuar con más igualdad es comunitaria.

En el caso de los trámites, claramente, se requiere una evaluación del accionar de notarías y otras instancias, pues una acción que en su origen pudo verse como una forma de protección ante abuso económico; ahora resulta discriminatoria.

El humedal Angachilla en Valdivia cumplió su proceso para alcanzar la categoría y reconocimiento de Santuario de la Naturaleza. Fue además uno de los primeros en iniciar su declaratoria como humedal urbano al alero de la Ley 21.202, por lo que contaría con dos instrumentos de carácter legal para su protección. La notable persistencia de las comunidades organizadas para protegerlo y conservarlo debe ser aplaudido y felicitado por el Estado y la sociedad en su conjunto.

El paso de la avenida Circunvalación por el humedal Angachilla es una controversia que lleva más de 13 años vigente en Valdivia. La confrontación entre infraestructura pública y conservación de humedales no solo se produce aquí, sino que lo vemos a lo largo del país.

Los humedales son los ecosistemas fundamentales, y por lo mismo, debe ser desde ahora la variable clave para planificar, diseñar y ejecutar planes y obras de infraestructura que puedan convivir con éstos.

El caso de Angachilla nos ha enseñado que el diálogo debe ser la clave para resolver esta controversia. Y es necesario decir que el puente para Avenida Circunvalación, su trazado pasa precisamente sobre el espacio restaurado, por sobre el corazón de este movimiento ciudadano.

La superficie de humedales existente en Los Ríos es un capital natural invaluable. La destrucción a nivel mundial de los humedales -donde Chile no es una excepción- provoca un fuerte rechazo por parte de las comunidades porque ven cómo a pesar de lo que ya se ha perdido, se siguen proponiendo proyectos que no necesariamente consideran estos criterios mínimos de sustentabilidad y conservación en su enfoque y directrices de diseño.

Además, olvidan un detalle no menor: la Ley de Humedales Urbanos recientemente implementada considera no solo el ecosistema de humedales a proteger, sino que considera el socioecosistema que lo circunda.

Los vecinos han propuesto, trabajado y finalmente establecido un parque urbano de facto, una puerta a la naturaleza para la cuidad que incluso incluye infraestructura y educación ambiental. Para honrar este esfuerzo, tenemos el mínimo deber como sociedad de impulsar el diálogo y explorar alternativas que no pongan en riesgo este esfuerzo de la comunidad organizada y va en la dirección correcta, la que nos impone los desafíos ambientales actuales.

Director ejecutivo Centro de Humedales Río Cruces Universidad Austral de Chile

Dr. Ignacio Rodríguez J.