Un 36% de las personas del país que pidió retiros de fondos desde las AFP en 2021, utilizó el dinero para pagar deudas. La cifra corresponden a un estudio efectuado por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y dado a conocer la semana pasada, en el cual se analizó datos vinculados a la morosidad, pero también a las consecuencias que ella genera y a la percepción que se tiene al respecto.

Por ejemplo, se estableció que un 28% de los encuestados reconoce que estar endeudado le ha traído problemas de salud física y/o mental y un 20% revela que ha tenido problemas familiares. Además, solamente 34% afirma que las personas tienen derechos, aunque acumulen compromisos impagos.

Para Sernac este último punto es preocupante, pues abre la puerta a prácticas ilegales de cobranza, que no son denunciadas, pues los afectados no conocen la protección que tienen en estas circunstancias. Por ello, fue recalcado el uso de la plataforma "No me hostiguen más" donde los usuarios pueden informar prácticas abusivas como llamadas seguidas, informes a terceros, cobro de deudas ya pagadas, o de otras personas, entre otras.

El tema es relevante a nivel nacional (un 53% tiene deudas y un 26% no las puede pagar) y también en Los Ríos, donde existe - de acuerdo al último Informe de Deuda Morosa efectuado por la Universidad San Sebastián- una baja sostenida en los niveles de deuda morosa, marcando un 6,7% de disminución entre 2020 y 2021.

Sin embargo, tras ese promedio hay una realidad que inquieta, pues el problema sube entre los adultos mayores. Es decir, en grupos de más vulnerabilidad. En total son más de 15 mil personas mayores de 60 años que han visto subir sus compromisos, sin la posibilidad de atenderlos. Especial atención debe ponerse en el tramo entre 60 a 69 años de edad, donde la insolvencia subió un 12,3%.

En este contexto es importante informar y apoyar con orientación a quienes viven estas realidades. Y lo primero que se debe establecer es que nadie llega a una situación así voluntariamente, sino presionado por la pérdida de ingresos, tal como ha provocado la pandemia; algo que probablemente seguirá creciendo en 2022, con la retirada de los bonos estatales.

Reducir y eliminar exenciones tributarias para asegurar el presupuesto de la Pensión Garantizada Universal (PGU), es un camino más adecuado, razonable y menos impactante que pretender subir los impuestos a los chilenos.

Esa es la premisa con que respaldé la propuesta del Ejecutivo en su primer trámite, para financiar esta reforma tan necesaria para acortar brechas en justicia social para con nuestros pensionados.

El camino aún no termina. Y en atención a la urgencia, hago un llamado a mis colegas del Senado a que pongamos todo el empeño para que avancemos, sin posiciones políticas mezquinas, con altura de miras, aprobando este proyecto en esa instancia.

La reforma aportará fondos suficientes para dejar holgura al próximo gobierno en 7 mil millones de dólares, por lo que esta medida resulta además responsable y solidaria incluso para con la próxima administración.

Convencer a la oposición no fue fácil. Pero la vía de reducir franquicias tributarias -tal como lo platea el proyecto-, es bastante más realista, razonable, responsable y de menor impacto que un aumento importante de la mochila de impuestos como algunos querían, cosa última que claramente vendría a atentar contra el crecimiento en medio de una economía mundial en retroceso.

La reforma propone que para financiar el PGU se eche mano a una serie de ajustes tributarios, entre ellos una tasa de impuesto único a las ganancias de capital del 10%; la reducción por dos años del crédito especial a las empresas constructoras en el IVA y, luego, su eliminación; termina con beneficios tributarios del DFL 2 a partir de la tercera vivienda para quienes hayan adquirido propiedades antes de 2011; grava con impuesto a la herencia a los seguros de vida; y crea un impuesto especial al patrimonio afecto a las personas más ricas del país.

De acuerdo al análisis, el Fisco podría percibir en su primer año de implementación, mayores ingresos por 43 mil 61 millones de pesos al 2022 provenientes tan sólo de la eliminación de la exención en el mercado de capitales. Luego, se estiman 717 mil 960 millones durante el segundo año de vigencia; y 728 mil 20 millones en el tercer año, para finalizar en un régimen de 897 mil 519 millones de pesos. La cifra equivalente a un crecimiento del 0,35% del PIB.

Bernardo Berger Fett

Diputado