Con rapidez y de manera transversal se activaron las alertas ante contenidos presentes en la rutina de un dúo humorístico invitado a la celebración del aniversario de Río Bueno. Espectadores, grupos políticos, la municipalidad anfitriona y el ministerio de la Mujer manifestaron su rechazo a las expresiones vertidas en la presentación y luego fueron los mismos artistas (Locos del Humor) quienes ofrecieron disculpas públicas y manifestaron su compromiso de cambio de actitud, reconociendo su error por el vocabulario utilizado y el contenido de su actuación, que ellos calificaron como discriminatorios y sexistas.

La noticia llamó la atención en redes sociales, escaló hasta las autoridades nacionales y ocupó espacio en la agenda pública esta semana, abriendo la oportunidad para hablar acerca de la importancia de reconocer las diferentes formas que pueden tomar las agresiones de género. La misma ministra Mónica Zalaquett lo señaló así al twittear "esto no es humor; es violencia" y al invitar a terminar con todas las acciones, incluso las aparentemente sutiles como una broma o una palabra, que puedan denigrar a las personas, o vulnerar sus derechos.

Probablemente alguien podría pensar que hay exageración en este tipo de reacciones y que ellas pueden generar el efecto contrario, es decir, rechazo al bien que se busca resguardar. Sin embargo, de la burla al abuso suelen existir trechos muy cortos, tal como lo demuestra el bullying escolar, lamentablemente. Por lo mismo, prevenir siempre es mejor.

Así visto, lo sucedido evidencia cambios positivos pues se aprecia una comunidad con herramientas para construir vínculos más igualitarios, de tolerancia y de valoración mutua. Se distingue la presencia de aprendizajes colectivos, los cuales permiten reconocer señales que no corresponden. En este caso, hubo una respuesta pública frente a mensajes irrespetuosos.

Pese a ello no se puede olvidar la internalización de nuevas miradas y de comportamiento social es lenta. Se requiere de constancia y paciencia en la educación para que avancen y se materialicen no solamente en los espacios públicos, sino en la vida cotidiana, ésa que no se aprecia en un escenario.

Los lamentables hechos de violencia y criminalidad ocurridos en la zona centro y norte del país y ejecutados por extranjeros, vienen a despertar nuevamente, a través de los medios de comunicación y del discurso de ciertos líderes de opinión, la idea de asociar la migración con la delincuencia. Esta asociación, busca atribuir a las comunidades extranjeras la responsabilidad por el aumento de la criminalidad.

En efecto, algunos extranjeros delinquen, así como algunos nacionales también lo hacen. Sin embargo, imputar la delincuencia a las comunidades extranjeras, agrava su situación de vulnerabilidad y potencia los prejuicios sociales, afectando los procesos de inclusión e integración, dañando la percepción de la sociedad sobre las personas extranjeras.

Desde 2018 diversos estudios de opinión documentaron que una de las preocupaciones de los chilenos en relación con la migración es la seguridad ciudadana; 59% de los encuestados expresaron esa preocupación. Sin embargo, es importante ver las cifras para afirmar que la participación de extranjeros en la comisión de delitos es bastante marginal.

Un estudio del Servicio Jesuita a Migrantes, que evaluó la incidencia de la migración en la seguridad ciudadana, determinó que no se encuentra evidencia que el aumento de migrantes residente en Chile se asocie con un aumento en la tasa de delitos a nivel nacional.

En 2019 sólo el 1,4% de la población extranjera tuvo relación con el sistema penal en calidad de victimaria; lo cual fue un 4,1% en la población total que habita Chile. Además, entre los años 2010 y 2019 la cantidad de personas extranjeras que han sido víctimas es casi el doble de las que han sido victimarias.

Hasta ahora, la relación entre migración y delincuencia es una mera percepción basada en estereotipos raciales, étnicos o nacionales o en la ocurrencia de hechos aislados. Como afirma el académico Raimundo Undurraga, es importante confeccionar serias y durables políticas públicas contra la delincuencia y el crimen organizado; y no promover la estigmatización de la comunidad migrante radicada en el país.

Esta tarea no solo corresponde al Estado, también es fundamental el rol de los medios de comunicación quienes deben afinar el lenguaje y el alcance de asociaciones discursivas al informar sobre estas temáticas.

Luis Palacios Sanabria Académico de la Facultad de Derecho y Gobierno USS Valdivia