Los casos de abusos sexuales y delitos de esta índole a nivel regional disminuyeron de 11.128 en 2020 a 9.779 en 2021, de acuerdo a cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Sin embargo, si esos números se desglosan y se fija la mirada solamente en los más vulnerables, es decir menores de 0 a 14 años, la diferencia es mucho menor con 2.364 hace dos años y 2.147 en el anterior. Preocupante.

Con un detalle todavía mayor, si se separan los datos de las víctimas por género, la situación evidencia violencia dirigida especialmente a las mujeres en general -5.841 en el período 2021- y a las niñas en particular: 1.839 de ese total.

Los datos coinciden con los dados a conocer hace pocos días por la PDI, que evidenció un alza de 82% en las denuncias por abusos sexuales comparando los datos de los últimos dos años y que también por la PDI en el último año, en comparación con 2020.

Los porcentajes son altos y hay que considerar que atrás de cada número hay una vida que se marca por un hecho traumático, acompañado regularmente por pérdida de protección, pues los victimarios suelen ser hombres (2.968 frente a 155 mujeres) y pertenecientes a los entornos cercanos o espacios de confianza de las familias.

En este contexto complejo, el principal llamado desde las policías y el Ministerio de la Mujer es a dar a conocer los hechos y seguir los conductos legales para que los culpables sean efectivamente detenidos y condenados. En ese ámbito -sin embargo- aún hay mucho que recorrer. De acuerdo análisis del Observatorio de Derechos, solamente un 30% de estas situaciones de vulneración a menores de edad es denunciado y solamente un 16% de los acusados recibe sentencias condenatorias.

Se trata, entonces, de un escenario en que deben movilizarse muchos elementos de la comunidad. Desde lo cultural cotidiano (no olvidemos la rutina humorística criticada hace pocos días que contenía inaceptables alusiones directas a violencia sexual), hasta lo oficial, que incluye facilitación de los trámites y del proceso. En esto se debe destacar el avance que significan la entrevistas videograbadas, que permiten recabar testimonios solamente una vez. Y es muy importante, porque la revictimización es una nueva vulneración de derechos.

Mientras en Chile tenemos listas de espera de patologías médicas que aumentan semana a semana, al personal de salud primaria cansado y sobrepasado, y una alta ocupación de camas de baja complejidad; Dinamarca decidió poner fin a la pandemia por Covid-19 y pasó a catalogarla como endemia. La prensa nacional consignó que luego de registrar 50.392 contagios en 24 horas, el gobierno de Dinamarca terminó con la mayoría de las restricciones. ¿Por qué las levantaron a pesar de que los casos aumentan?

Las autoridades danesas piensan que la variante Ómicron es menos letal, disminuyendo la cifra de enfermos de gravedad y la curva de crecimiento. Otro antecedente es que Dinamarca tiene altas cifras de inoculación, el 82% de la población tiene el esquema de vacunación completo y el 60% ha recibido la dosis de refuerzo. Mientras tanto en Chile, de acuerdo al Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), el 92,8% de la población objetivo ha completado su esquema de vacunación y un 73,5% tiene la primera dosis de refuerzo. Nuestro país, social y económicamente está a décadas de distancia de Dinamarca. En ese contexto, el martes en Valdivia, la presidenta de la Asociación de Municipios de la Región de Los Ríos, Carla Amtmann, junto a dirigentes de la Confusam, solicitaron transferir recursos a la Atención Primaria de Salud (APS) para contratar personal y fortalecer los equipos de urgencia de la APS, aumentar la capacidad de procesamiento de muestras de PCR y garantizar residencias socio-sanitarias. Además, se necesita este apoyo para implementar una estrategia de atención domiciliaria para usuarios adultos mayores con dependencia severa y/o en aislamiento por sospecha o contagio de Covid-19, como también para habilitar en APS una unidad de rehabilitación post Covid-19 con un equipo multidisciplinario integrado al menos por médicos, psicólogos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales y fonoaudiólogos. Asimismo, se solicitó gestionar con el Ministerio del Interior un nuevo Fondo Covid-19, para entregar ayudas sociales y sanitarias, como también para reforzar resguardos de funcionarias y funcionarios públicos.

Para poder replicar el ejemplo de Dinamarca, requerimos replantear la estrategia sanitaria a nivel central, mejorando lo que tenemos, reenfocándonos en la Atención Primaria en los servicios de urgencia y escuchando a los gobiernos locales,instituciones que están más cerca de la ciudadanía.

Dr. Miguel Ángel Carrasco

Alcalde de Paillaco