Fuertes críticas a la forma en que se está enfrentando la reciente etapa de la pandemia en el país han formulado los alcaldes de Los Ríos, en especial los de Paillaco y Valdivia, quienes pidieron "mayor responsabilidad" al gobierno. En particular cuestionan la falta de personal en los centros de salud primaria y también el traspaso de la responsabilidad de la trazabilidad a las mismas personas, quienes deben hacerse cargo de avisar a sus contactos estrechos ante un posible contagio, lo cual diluye el control de avance.

Las inquietudes de los jefes comunales y de muchas personas que han alzado la voz sobre el tema a nivel nacional, son fundadas. Desde los gremios han hablado de la saturación laboral de los trabajadores del área y los números no paran de subir. En Los Ríos van casi 5 mil personas afectadas en los primeros seis días de febrero y, a nivel nacional, los casos superan los 30 mil diarios; lo más alto desde 2020.

Claramente hay fallas en el abordaje de los hechos, sobre todo en la difícil identificación de las limitaciones en cada fase del Plan Paso a Paso y de las consecuencias que puede tener, por ejemplo, no respetar los aforos. Algo que, sin dudas, no basta para frenar la realización de eventos particulares que los superan o los llevan a límites peligrosos. Recordemos lo ocurrido en Año Nuevo en Panguipulli. Tampoco es claro el mensaje frente a las vacunas y muchos creen que ellas "impiden" enfermar; lo mismo pasa con la idea de que la variante Omicron es "solamente un resfrío fuerte", sin comprender que cada paciente demanda atención y presiona al sistema.

Todo lo anterior crea una falsa seguridad que se traduce en relajo de medidas de autocuidado, aglomeraciones y, lógicamente, multiplicación de efectos.

En este escenario es complejo que la responsabilidad colectiva aflore, como se pretende con la campaña del Ministerio de Salud "Si me enfermo, yo te cuido", que busca generar conciencia respecto del esfuerzo para salir de la situación en la cual se encuentra el país. Por ello, es necesario reiterar que, si no hay un cambio de actitud desde las personas, se afecta al conjunto de la población. La voz de los alcaldes apunta, certeramente, en esa dirección.

Hace 15 años, en mi primer año de derecho en la Universidad Austral de Chile, un respetado profesor de derecho constitucional me preguntó sobre el sentido dialéctico entre la política y el derecho. En ese entonces, con 18 años, no supe la respuesta. Se trataba del natural choque que se produce entre ambas ramas, debido a que la política tensiona los cambios y relaciones de poder dentro del ordenamiento jurídico, logrando bajo determinadas circunstancias, modificar el derecho, adecuándolo a la realidad social imperante o a las mayorías electorales de un momento temporal determinado, me explicó el profesor.

Sin embargo, hay momentos donde ello no ocurre, donde la política no logra hacerse cargo de situaciones evidentemente injustas, por desinterés, o porque derechamente no es cómodo para ningún gobierno de turno. Es precisamente esto último lo que se ha arrastrado ya por décadas con los miles de trabajadores y trabajadoras a honorarios precarizados pertenecientes al aparataje público en sus diversas dimensiones.Pese a lo anterior, hay oportunidades en donde ciertas instituciones con el mínimo de poder ostentado tensionan la realidad, forzando al estado a dejar su zona de confort y a buscar soluciones.

Esto es lo que ha ocurrido con un dictamen de la Contraloría General de la República, del 10 de enero pasado.Dicho pronunciamiento obliga al estado en su conjunto a hacerse cargo de la realidad de miles de honorarios del aparato público, estableciendo un sistema de reconocimiento y protección, enmarcado dentro del principio de supremacía de la realidad, en concordancia con el ya conocido principio de confianza legítima, lo cual constituye un tremendo avance en la defensa de los derechos de estos trabajadores y trabajadoras.Frente a ello, la realidad nos obliga a hacernos cargo y no tomar una posición acomodaticia a los intereses institucionales (o burócratas, como prefiero llamarlos), como lo sería el ostentar una posición serena y de espera a la modificación legal que se prevé en esta situación.Para la dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Valdivia ello constituye un imperativo categórico que marcará nuestro actuar para el presente año, siempre velando por el respeto de los derechos laborales, lo que va en concordancia con los valores y principios que nutren el programa del gobierno local de nuestra alcaldesa Carla Amtmann.

Cristian Oñate

Director jurídico de la Municipalidad de Valdivia