La fiesta religiosa de San Valentín se convirtió en el Día de los Enamorados. El santo era un sacerdote que casaba parejas en secreto, pero su afán en el siglo III estaba lejos de una escena romántica como las que se registran actualmente cada 14 de febrero y que suman algo de magia y fantasía al encuentro entre dos personas que deciden amarse.

Pero no todo son corazones rojos en las relaciones humanas. Lamentablemente, una de cada tres mujeres chilenas es o ha sido víctima de violencia sexual, física, económica y/o sicológica de parte de aquellos que juraron quererlas. Este año a nivel nacional se han registrado 8 asesinatos en el contexto de violencia de género y catorce femicidios frustrados. En 2021 fueron 44 las muertes y 163 agresiones con intención expresa de matar.

A nivel regional no hay femicidios que lamentar en 2022, pero sí dos agresiones y el año pasado fueron 10, la cifra local más alta desde 2013, de acuerdo a cifras de Sernameg (Servicio Nacional de la Mujer.

Por supuesto que no todas las relaciones incluyen violencia; pero en aquellas que la hay, ésta inicia muy temprano, ya en el tiempo de pololeo juvenil, con señales que parecen mínimas al comienzo, pero que van escalando, al amparo de una "naturalización" social de las agresiones.

Lentamente se ha generado conciencia para reconocer estas señales; pero queda mucho por recorrer. Un sondeo efectuado por el Instituto de la Juventud (Desuc, 2016) señala que más del 90 % de los y las jóvenes cree que los golpes en el contexto de pareja deben ser denunciados; pero solamente el 37% indica lo mismo para insultos, humillaciones o gritos. El mismo análisis añade que al 45% le ha pasado que su pareja ha ignorado sus opiniones más de una vez y el 15% reconoce que han recibido quejas por su apariencia o forma de vestir.

Ayer fue el Día de los Enamorados y quizás algunos consideren inoportuno mirar estos antecedentes ahora; pero nunca están de más las precauciones. Tampoco sobran los mensajes recalcando que el amor verdadero, en todas sus formas, no hace daño, sino que cuida y protege. Es necesario decirlo en una región como la nuestra, donde se registraron 2.512 casos de violencia intrafamiliar el año pasado.

Todos sabemos de la debilidad peligrosa que tiene la conectividad de la Isla Teja, que se sostiene casi exclusivamente en el puente monovial Pedro de Valdivia. Y en lo efectivo -más allá de las buenas intenciones y los estudios- no se ha avanzado mucho en resolver esta precariedad. Ello plantea problemas estratégicos que, de no abordarse con urgencia, pueden poner en jaque cuestiones vitales como la salud pública.

Seamos más concretos aún: Ante un accidente en el viaducto, una manifestación, o simplemente el aumento de tráfico en horas punta, la población queda en total aislamiento y sin posibilidad de acceder a un centro de salud.

Con esta cuestión en mente, y gracias a la perseverancia del concejal Francisco Eguiluz que ha sido promotor de la idea, planteamos la necesidad de crear un dispositivo de salud en la Isla Teja atendiendo, como digo, a las graves dificultades de accesibilidad que presenta, y el aumento sostenido de su población estable y flotante.

La propuesta se materializó en un proyecto legislativo que ingresé a trámite en noviembre. En su argumentación, se sostiene que el Minsal, y subsidiariamente los municipios, son los llamados a garantizar una debida y expedita atención de salud a la población, especialmente en lo referido al nivel primario.

Al caso de la Isla Teja, no se estaría cumpliendo con esta garantía constitucional. En el sector no existe ningún dispositivo y/o unidad de salud, ni público ni privado, que hoy pueda hacerse cargo de las demandas de atención de la población. Y a mayor abundamiento: su población es derivada actualmente al Centro de Salud Familiar Externo, ubicado en Avenida Francia, hacia el otro extremo de la comuna.

En lo personal, creo que esta urgencia -que es de hace rato-, requiere una solución pronta. Y la verdad es que si es mediante un nuevo cesfam, un centro de salud comunitaria (Cescof), o un servicio de alta resolutividad (Sar) o una posta, dependerá de lo que el resultado del análisis determine; lo importante es asegurar el derecho y garantía constitucional de acceso a las prestaciones de salud a las personas de ese sector de Valdivia, que hoy no se está respetando.

Espero sinceramente que tanto la autoridad sectorial como el municipio no sólo tomen nota de es que he planteado, sino que se pongan manos a la obra.

Bernardo Berger Fett

Diputado