Cada diez años, desde 1982, la tercera semana de abril estuvo reservada para la realización del Censo Nacional. Según esa tradición, en estos días correspondería aplicar el proceso de 2022; pero la pandemia obligó a su postergación hasta el próximo año y confirmaron su aplicación entre marzo y mayo de 2023. Ese será el XX Censo Nacional de Población y IX de Vivienda en el país, continuando una tradición que comenzó en 1813, con los albores de la República, y que se ha mantenido con periodicidad de una década desde 1865.

En 1920 se acordó -siguiendo guías internacionales- efectuar mediciones nacionales en los años terminados en cero, pero no siempre se pudo respetar ese orden y el último ciclo ha sido 1982-1992-2002 y 2012. Este último, sin embargo, sufrió cuestionamiento a su rigurosidad técnica y debió repetirse en 2017, para corregirlo. Fue un "censo de hecho". El del año próximo será, en cambio, "censo de derecho" y se volvería a la periodicidad histórica.

Retomar esa constancia es muy importante, pues contar con información confiable sobre la realidad de las personas que habitan el territorio nacional, permite orientar las políticas públicas, adecuándolas a los cambios sociales que se generan con el tiempo. Una mirada como muestra: en el Censo de 1960 se mostró que la población total del país pasó de 5.932.995 en 1952; a 7.374.155. Pero la Provincia de Valdivia (actual región de Los Ríos) mostró un crecimiento notoriamente inferior al promedio nacional: de 232. 647 (1952) a 259.794 (1960), dato probablemente influido por los efectos del terremoto (mayo '60). En 2017 la población regional censada fue de 384. 837 personas y la nacional de 17.574.003. Y, probablemente, en el '23 esos equilibrios variarán, con la migración mediante.

Más allá de las cifras, sin embargo, lo importante es generar conciencia sobre estos procesos, informarse al respecto y cooperar en su realización, cuando sea el tiempo. Ahora, por ejemplo el Instituto Nacional de Estadísticas se encuentra enumerando viviendas para la Encuesta de Caracterización Social (Casen). Contribuir con ella también resulta positivo, pues es otra herramienta clave de planificación, una que evidencia la pobreza. Y esos números sí han crecido.

El proceso de elaboración de borrador de la Nueva Carta Magna ha entrado en su recta final, marcado fuertemente por la incertidumbre que está generando en distintos y variados sectores. En este sentido, y según distintos expertos, son múltiples los factores que influyen en la pérdida de confianza de la ciudadanía en la Convención, siendo algunos de ellos el ánimo "refundacional" o "revanchista" de un sector importante de los constituyentes. También, y en la misma línea, se ha señalado que la falta de apertura a la generación de un diálogo y consensos, atentó contra este proceso.

Por otra parte, otros analistas indican que las grandes demandas de la ciudadanía fueron quedando al margen, y es poco lo que se observa en materia de mejor educación, salud, pensiones, vivienda, seguridad, temas que están en la base de todo este proceso constituyente.

A estos elementos de origen, que comenzaron a distanciar a la ciudadanía, se suma la aprobación de normas que desconocen el origen de la República, como ha señalado el ex Presidente Ricardo Lagos, con la eliminación del Senado y su reemplazo por una Cámara de las Regiones, sin atribuciones reales hasta el momento. A ello agregamos la creación un Sistema Judicial, que inquieta y de esa forma lo ha expresado la propia Corte Suprema.

Ante este escenario, se han levantado una serie de voces con relación a las implicancias que significarían para el país, el hecho de que el 4 de septiembre la opción de rechazo logre imponerse. Para algunos constituyentes, por ejemplo, si triunfa el rechazo tendríamos una "crisis política y social importante", dichos que atentan contra nuestra democracia y las bases de la Constitución que permitieron este proceso y que contempla un plebiscito de salida.

Entonces, es válido recordar que la actual Constitución, con las 58 modificaciones realizadas en 2005, ya no es aquella aprobada en 1980, y para muchos expertos a contar de ese año contamos con una Nueva Constitución que eliminó los "enclaves autoritarios", y se originó en un gran acuerdo que se trabajó por cinco años. Adicionalmente a estas profundas modificaciones, a la fecha se han seguido realizando nuevos cambios en el texto constitucional.

Es necesario destacar, tal como dijo en su momento el ex Presidente Ricardo Lagos "Chile cuenta desde ahora con una Constitución que ya no nos divide…"

Laura Bertolotto Navarrete

Rectora Santo Tomás