Redacción

El pleno de la Convención Constitucional aprobó ayer una serie de propuestas sobre democracia participativa que quedarán incluidas en el borrador de la propuesta de nueva Constitución, entre las que se incluye la posibilidad del ingreso de iniciativas de ley por parte de la ciudadanía.

En el articulado aprobado durante la jornada se explica que "la ciudadanía tiene el derecho a participar de manera incidente o vinculante en los asuntos de interés público" y que "es deber del Estado dar adecuada publicidad a los mecanismos de democracia".

En materia de iniciativas de ley, se indica que "un grupo de ciudadanos habilitados para sufragar, equivalente al 3% del último padrón electoral" podrá presentar proyectos, los que tendrán un plazo de 180 días desde su inscripción ante el Servel para reunir los patrocinios.

"En caso de reunir el apoyo requerido, el Servicio Electoral remitirá la propuesta al Congreso, para que ésta dé inicio al proceso de formación de ley", explica el texto.

"La iniciativa popular de ley no podrá referirse a tributos, alterar la administración presupuestaria del Estado ni limitar derechos fundamentales de personas o pueblos reconocidos en esta Constitución y las leyes", precisa la propuesta aprobada.

Junto a esto, también se aprobó la posibilidad de presentar iniciativas para derogar leyes, las que deberán ser presentadas por un grupo de ciudadanos equivalente a un 5% del último padrón electoral.

Sin revocatorio

La Convención rechazó otros tres mecanismos propuestos por la Comisión de Principios Constitucionales y las normas quedaron eliminadas del debate. Se trata del artículo que proponía una fórmula para la iniciativa popular de reforma constitucional; el que obligaba al Congreso a convocar un referéndum por determinadas reformas constitucionales; y el que permitía convocar a un plebiscito revocatorio de una autoridad.

En el primer caso, si bien esta propuesta ya no puede reponerse porque era la última oportunidad para aprobarla, aún hay un artículo similar en el informe de la Comisión de Sistemas de Justicia que aborda el punto.

Lo mismo ocurre con el segundo artículo rechazado, que establecía las condiciones en las que el Congreso debía llamar a plebiscito si aprobaba una reforma a la Constitución: se rechazó, pero también está considerada en el informe de Justicia.

Sobre la revocatoria del mandato, la propuesta rechazada establecía que "los cargos de Presidente de la República, Gobernador Regional y Alcalde son revocables" y consagraba el mecanismo para hacerlo: con una convocatoria a plebiscito firmada por el 25% del último padrón electoral.

Cámara de las Regiones

También durante la jornada de ayer, la Comisión de Sistema Político aprobó que pase al pleno la propuesta de atribuciones de la Cámara de las Regiones, organismo que, en caso de ganar el apruebo el 4 de septiembre, reemplazará al Senado.

Un artículo aprobado estipula que la Cámara tendrá que participar en las leyes de acuerdo regional, todas las que reformen la Constitución; las que regulen la organización, atribuciones y funcionamiento de los sistemas de justicia, del poder legislativo y de los órganos autónomos constitucionales; las que regulen los estados de excepción constitucional; las que creen, modifiquen o supriman tributos o exenciones y determinen su progresión y proporcionalidad; así como las que directamente irroguen al Estado gastos cuya ejecución corresponda a las entidades territoriales; y las que implementen el derecho a la salud, derecho a la educación y derecho a la vivienda.

La Comisión también aprobó que la Cámara resuelva como jurado las acusaciones constitucionales, limitándose a declarar si el acusado es culpable o no. No se contempla la sanción de cinco años de suspensión para ejercer cargos públicos, como dice la Constitución actual, sino sólo no poder desempeñar otro de confianza exclusiva del Presidente durante su mandato o presentarse al mismo cargo del que fue destituido por el periodo siguiente.

El 17 de mayo, cuando ya se haya cerrado el trabajo de las siete comisiones temáticas de la Convención Constitucional, se iniciará la labor de las comisiones de Armonización, Preámbulo y Normas Transitorias. Esta última debe establecer los plazos en que se efectuarán los cambios introducidos si la nueva Constitución es probada. Por ejemplo, si deja de existir el Senado, cuándo dejarán de ejercer sus cargos los actuales integrantes de la Cámara Alta. Dicha instancia estará compuesta por 33 convencionales ya elegidos, el quórum de votación interno será de tres quintos y luego en el pleno será de dos tercios.

La Contraloría General de la República publicó ayer un instructivo ante la postura de "no neutralidad" que tanto el Presidente Gabriel Boric como sus ministros han pronunciado respecto al plebiscito de voto obligatorio en el que se decidirá si se aprueba o rechaza el proyecto de nueva Constitución.

El documento de 16 páginas fue emanado tras una reunión del contralor Jorge Bermúdez con el mandatario en La Moneda, en la que se abordó el "deber de prescindencia" del Gobierno en miras del referéndum del 4 de septiembre.

Tras la cita, Bermúdez dijo a la prensa que tanto el apruebo como el Rechazo son opciones "igualmente legítimas y, por lo tanto, deben ser informadas por igual, y eso implica un deber de prescindencia, que significa neutralidad. Esto tiene que ser transparente y objetivo".

En esa línea, el instructivo enviado a las distintas reparticiones públicas estableció que "las autoridades y servidores públicos no pueden valerse de sus empleos para favorecer o perjudicar alguna de las alternativas consultadas en esta oportunidad, ya sea directamente o a través de las tendencias o partidos políticos que las apoyan".

No hubo campaña

Durante la jornada, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, abordó el debate sobre la prescindencia luego de los cuestionamientos de la oposición por un video en vivo que protagonizaron los ministros de Segegob, Camila Vallejo, y Segpres, Giorgio Jackson para abordar y explicar algunas de las normas aprobadas en el Pleno de la Convención Constitucional.

"Estamos contentos del avance que ha tenido el trabajo de las y los convencionales. (La Convención) ya ha 'parido' cosas importantes como lo son los derechos fundamentales tras décadas de lucha de los ciudadanos", destacó la vocera en esa intervención.

Tagle dijo que "no constituye campaña electoral en esta etapa, donde se están discutiendo las normas, que autoridades del Gobierno, del Parlamento o de otros organismos opinen sobre esas normas, especialmente si son de competencia".

Pasado mañana vence el plazo para que los electores soliciten el cambio del domicilio en el Registro Electoral, así como cualquier otra modificación con miras a la elaboración del padrón del plebiscito constitucional de salida del próximo 4 de septiembre.

Desde el 1 de enero, día en que se inició este trámite, 642.124 personas han solicitado su cambio de domicilio electoral. Tanto la consulta como la actualización del domicilio electoral se pueden realizar vía online, con Clave Única, ingresando al sitio web miconsulta.servel.cl.

El trámite también se puede realizar de forma presencial con la cédula de identidad en las Direcciones Regionales del Servicio Electoral (Servel), en las oficinas de Chile Atiende.

El presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, destacó que "este trámite es importante por dos razones: el voto será obligatorio y quien no concurra arriesgará multas hasta 3 UTM (165.000 pesos)". Y además "la aprobación de la ley que acerca al elector al local más cercano de su domicilio se aplicará este 4 de septiembre, por lo tanto, el tener el domicilio actualizado significa que la persona podrá trasladarse, en muchos casos, a pie".