El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos Álvaro Mesa, sometió a proceso a Santiago Sinclair Oyaneder; Hernán Rodríguez Leyton; Víctor Hermosilla Reinoso; Luis Riveros Soto; y a la persona de iniciales H.W.C.R. (todos exmilitares del regimiento Cazadores de Valdivia ), por su responsabilidad en el homicidio calificado en su carácter de lesa humanidad en contra de José Gastón Buchhorsts Fernández, hecho ocurrido en septiembre de 1973.

Según información emanada de los documentos judiciales del caso (rol 13-2013), el magistrado Mesa ordenó la medida cautelar de arresto domiciliario total de los cinco procesados, esto, considerando "la naturaleza del delito, la pena asignada, la edad de los procesados y la situación sanitaria en que se encuentra el país".

En la investigación, el ministro pudo esclarecer que la víctima, que tenía 18 años, realizaba el Servicio Militar en el regimiento Cazadores de Valdivia, y que para el 11 de septiembre de 1973 se encontraba en casa de sus padres, previa autorización de la institución.

El documento agrega que "con el pasar de los días y por la situación que imperaba en el país, Buchhorsts no se presentó oportunamente en su unidad militar, por lo que el padre decidió acompañarlo para excusar esta situación. Al llegar a la guardia del regimiento, el joven decidió no entrar a éste, señalando su padre que iría a realizar unas compras, no regresando a la unidad militar. Producto de la no presentación al regimiento de Valdivia -que en aquella época se encontraba al mando del coronel Santiago Sinclair- José Buchhorsts fue considerado como desertor".

A raíz de ello, una patrulla integrada por 8 o 9 soldados conscriptos salieron en búsqueda del joven, encontrándolo en Villarrica y trasladándolo hasta el regimiento en calidad de detenido", señala el informe.

Días después, la misma patrulla trasladó a Buchhorsts hasta los faldeos del volcán Villarrica, lugar donde los soldados lo ejecutaron y enterraron, en un hoyo que el mismo joven excavó de manera obligada.

Finalmente, el informe señala que luego de varias respuestas evasivas, erróneas o ambiguas por parte de la institución, el padre de la víctima se entrevistó con un fiscal militar de la época, quien le informó que su hijo al intentar escapar en Villarrica, "se le habría aplicado la Ley de Fuga, siendo ejecutado y sepultado en ese mismo lugar, no informándoles de la ubicación ni permitiéndoles buscar su cuerpo".

Una fiscalización al transporte de productos primarios provenientes de bosque nativo, que ingresaban a Valdivia fue realizada por el seremi del Medio Ambiente, Alberto Tacón; y el seremi de Energía, Leonardo Faúndez; además de autoridades de Conaf, del Servicio de Impuestos Internos, la superintendencia de Medio Ambiente, Vialidad y Carabineros.

El control dispuesto en el acceso sur de Valdivia, tuvo por objetivo constatar qué tipo de leña está ingresando a la ciudad, su lugar de procedencia y su índice de humedad.

Sobre esto y acerca de la importancia de coordinar acciones conjuntas, el director regional de Conaf, Arnoldo Shibar, enfatizó que "como Conaf velamos por el origen legal de los productos que llevan distintos transportistas, así como también por el buen uso de ésta y debida comercialización. El objetivo final nuestro es promover lo anterior en ciudadanía y, que los consumidores sepan de donde proviene la leña que están adquiriendo".

Esta labor se enmarca en los lineamientos de la Mesa de Fiscalización de la Leña de Los Ríos y del Plan de Descontaminación Atmosférica del Ministerio del Medio Ambiente.

Desde la dirección regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ingresaron ayer una denuncia a la Fiscalía Local de Valdivia por graves daños al memorial levantado en el puente Pichoy, en homenaje de cuatro ejecutados políticos durante el periodo de dictadura militar.

Así lo confirmó el director regional del INDH, Sebastián Smart, quien detalló que este memorial fue levantado por familiares de las cuatro víctimas, y que "aún se desconoce cuando ocurrieron los daños, lo que será investigado por el Ministerio Público".

Sobre los daños, mencionó que "ayer (27 de abril) nos avisaron en la tarde que el memorial estaba bastante destruido, con rayados que hacían alusión al Frente Patria y Libertad, además de otros rayados ofensivos. Esto, es probable que tenga relación directa con lo que ocurrió hace unos días en la municipalidad, pero todo es parte de la investigación".

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia dictó un veredicto condenatorio en contra de Víctor Andrés Sánchez Quezada y Raúl Antonio Palma Coronado, acusados de realizar trabajos viales que causaron un accidente de tránsito en el cual murió una persona, en el sector Santa Elvira en 2016.

De acuerdo a lo informado por el fiscal Álvaro Pérez, al momento de los hechos los condenados trabajaban para la empresa VialCorp, la que obtuvo la licitación para aplicar la sustancia "H14" en la carpeta de rodado del sector Santa Elvira, en una extensión aproximada de 8 kilómetros.

El día de los hechos (25 de febrero del 2016), los acusados -el supervisor de operaciones en terreno de la empresa y el conductor del camión aljibes que liberó el producto en la zona de trabajo- realizaron estas faenas sin interrumpir el tránsito de vehículos antes, durante ni después de efectuar los riegos con el producto, ni tampoco instalaron señalética que advirtiera a los conductores para circular con precaución.

A causa de esto, a la altura del kilómetro 1,5 del camino Santa Elvira, el conductor de un vehículo Suzuki Swift perdió el control del automóvil debido a la presencia en la calzada del líquido supresor de polvo "H14" aplicado por los dos implicados, colisionando de manera frontal con otro vehículo en el que se desplazaban Edinson Fernando Cayufilo Toledo y su cónyuge.

Producto de este choque, Cayufilo fue internado con lesiones graves y falleció tres días después, mientras que su esposa resultó con lesiones leves.

La sentencia será comunicada por el tribunal durante los próximos días.