Rebajar o eliminar el impuesto específico a los combustibles es una idea que se ha planteado con fuerza en los últimos meses, debido a los altos precios que han alcanzado las gasolinas. Incluso hay proyectos que han presentado parlamentarios y que se encuentran detenidos en el Congreso. La última de estas exigencias ha sido hecha por los camioneros, durante las protestas recientes.

El pasado 19 de abril la Sala de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que solicita al Presidente Gabriel Boric eliminar de manera permanente o transitoria el impuesto específico, en atención a las alzas en los precios de las bencinas y el diésel. Según la iniciativa, de eliminar el tributo en cuestión, la rebaja del precio de la gasolina a los consumidores sería superior a 400 pesos.

Durante los últimos meses las gasolinas no han dado tregua y lo peor es que sto se ha traducido en sistemáticos aumentos en los precios.

Las coaliciones políticas que han aspirado a ser gobierno tras el retorno al proceso democrático, han protestado contra ese tributo, recalcando que el automóvil dejó de ser un lujo y se transformó en una necesidad. Sin embargo, al llegar al gobierno olvidan sus promesas y se resisten a renunciar a la recaudación tributaria, porque es muy rentable gravar a la clase media, que no se organiza ni sale a protestar por las alzas. Los diversos paliativos que se han adoptado en el tiempo para estabilizar los precios, han resultado insuficientes, porque no resuelven el problema de fondo, que es la fuerte carga de impuestos.

Este tributo ya cumplió con creces su objetivo. Es más, como hoy las carreteras son concesionadas y las rconstruyen consorcios privados, se condena al automovilista a una doble carga: a pagar peajes a las empresas privadas que hicieron las obras y además, a pagar el impuesto específico de beneficio fiscal, cuestión que es carente de toda lógica.

Este es un problema que requiere de una solución definitiva ahora y no de paliativos momentáneos. El impuesto específico para una situación de emergencia cumplió con creces su cometido hace décadas y es momento de evaluarlo.

Esta semana se cumplen 28 años desde que Nelson Mandela fue investido como el primer Presidente de Sudáfrica de raza negra. La figura de Mandela implicó y significó un importante hito histórico tanto para su país y, también, para el resto del mundo. Bajo la ideología del socialismo africano, el cual entendía como pilar fundamental la construcción de una sociedad antirracista y antiimperialista, Mandela se posicionó como líder de una lucha que tiene su orígenes y efectos en procesos sociales altamente globalizados.

Sin perjuicio del significativo avance que han tenido las legislaciones nacionales y el sistema internacional de los Derechos Humanos, la consagración de las condiciones materiales de igualdad aún se aleja mucho de una realidad efectiva, y las luchas y reivindicaciones de las múltiples formas de discriminación aún tienen un largo camino que recorrer.

Si bien hoy en día contamos con una ley antidiscriminación conocida como ley Zamudio, esta norma sólo considera como condición agravante -para cierto catálogo de delitos-, cuando su ejecución se haya cometido con ímpetu o por razones discriminatorias. Sin embargo, su alcance, a pesar de necesario, es insuficiente.

En Chile, estamos ad portas de cerrar un importante proceso constitucional que, entre otras materias, trata de manera específica la temática de la discriminación. En su actual borrador, se propone una norma específica antidiscriminación donde se consagra la protección antes cualquier tipo de discriminación, ya sea ésta por razones de etnia, edad, nacionalidad, raza, orientación sexual, género, convicciones políticas u otras categorías de diversas naturalezas.

Sin dudas, el legado de Mandela sigue vigente hasta el día hoy. La lucha por la consagración de los derechos, ya sea en sede constitucional o legal, es una de las vías para poder generar los cambios necesarios para transitar hacia la sociedad que queremos construir.

Las transformaciones sociales son las consecuencias de los movimientos colectivos donde, de manera conjunta se diagnostican deficiencias y se visualizan ejes de cambios. Este proceso constituyente, democrático y participativo, es la síntesis de varias de las demandas expresadas en las calles de Chile y será la base de construcción del futuro de nuestro país.

Alfonso de Urresti

Senador por Los Ríos.