El derecho a vivir en paz, es lo que cantaba Víctor Jara, hace algunos años atrás. Hoy, seguimos enfrentados a una realidad marcada por una convivencia social insana e insegura. Una sociedad segregada y desigual desde su más tierna infancia, en donde el lugar de nacimiento, la actividad de los padres y el barrio de residencia, son factores trasversales que pueden definir la cotidianeidad y, lamentablemente, la muerte.

Es materia de público conocimiento, que los mayores problemas de seguridad ciudadana están dados por un sistema injusto, profundamente desigual y por qué no decirlo, por un abandono sistemático de parte del Estado en la creación de políticas públicas pertinentes, en materia de la seguridad ciudadana. Esta desigualdad, es una de las razones que explican el ingreso del narcotráfico a las poblaciones y villas de nuestras ciudadanes. Hace algunos días, lamentamos el fallecimiento de Danitza, una joven que recibió una denominada "bala loca", que, de loca, no tiene nada. No es de generación espontánea, no es ajena, no es un azar del destino que irrumpe en la paz de las familias. La bala no es loca, es una bala narco, de los mismos que se han tomado el territorio, nuestros niños, jóvenes y la paz de nuestros barrios.

En varias ocasiones, le hemos manifestado a las autoridades relativas a la seguridad ciudadana, la necesidad de crear nuevas unidades policiales y entregar una mayor dotación de vehículos y personal para la región de Los Ríos. Hasta el momento, solo hemos tenido declaraciones de buenas intenciones, que poco sirven ante la realidad que vive los y las vecinos, quienes de golpe han constando la inseguridad vivida en las calles.

Existen varios factores que han contribuido a esta situación, entre ellas, es posible identificar una alta rotación de la jefatura regional de Carabineros y la decisión institucional de ser más "eficientes" cerrando unidades rurales, retenes o tenencias, en miras a concentrarse en las ciudades. Estas son decisiones administrativas, que, lamentablemente, han demostrado no funcionar, y por lo tanto, deben revertirse.

La ausencia de Estado, no es sostenible. Todos las y los chilenos, sin importar donde vivan, deben tener acceso garantizado a la seguridad pública, asegurando la buena convivencia en los distintos territorios y comunidades. Nunca más debemos lamentar la muerte de inocentes, por culpa de disputas de delincuentes que se toman nuestros barrios. Las familias merecen el derecho de vivir en paz.

Alfonso de Urresti Senador por Los Ríos

Cada año el comercio celebra su Día Nacional recordando con dolor el asesinato de Diego Portales Palazuelos, el estadista que consolidó nuestra república. Él era comerciante y su legado ha sido tomado por el comercio, que se enorgullece de su vida y obra. Los últimos años han sido difíciles, especialmente para el comercio detallista, que enfrenta la competencia de los malls, cadenas de multitiendas, supermercados y farmacias. También deben hacer frente a la venta callejera, que por años se ha apoderado progresivamente de más espacios en las principales ciudades.

Hay que recordar que la actividad comercial ya enfrentaba situaciones difíciles desde octubre de 2019, cuando durante las protestas muchos locales, a nivel nacional, fueron saqueados o quemados por los "manifestantes" y por meses tuvieron que cerrar. Y cuando en el 2020 se preveía una situación más normal, se desencadenó la pandemia de coronavirus, que llevó a muchos empresarios a tener que cerrar definitivamente sus locales.

El mundo no volverá a ser lo mismo, porque la manera en que estamos relacionándonos y comprando ha cambiado. De partida, los consumidores han dejado en gran medida el dinero en efectivo, para reemplazarlo por las tarjetas de débito y de crédito. Cada vez toman más fuerza las ventas en línea y las transferencias electrónicas de dinero. Y buena parte del pequeño comercio ha tenido que adaptarse, accediendo a aceptar que sus clientes puedan pagar con esos mecanismos. También los empleos están sufriendo esta transformación, en particular el comercio que vende productos y servicios. Las grandes tiendas estaban preparadas para ello, porque tenían sitios web, la experiencia acumulada y los equipamientos, pero no así los locales pequeños y medianos, que basan su negocio en la venta cara a cara y tuvieron que adaptarse. Con todo esto, resulta comprensible la inquietud que por mucho tiempo han expresado los comerciantes, que ven cómo ellos deben pagar patentes, permisos, cumplir con la legislación, mientras los ilegales se instalan en ocasiones afuera de sus negocios, sin cumplir con ninguna normativa. Hoy urge dar una mano a una actividad que paga impuestos, los mismos que terminan financiando políticas públicas y gastos de la maquinaria estatal.