En los "Cuadernos de la Historia" (Matías Galleguillos, 2018), que es un registro de las costumbre antiguas de Chiloé relatadas por la misma comunidad, se cuenta la labor que cumplían los "chautos". Eran niños que ayudaban en la siembra de papas y que se debían quedar todos los días hasta cumplir su cuota diaria en las melgas. "Antes todos debían cumplir su trabajo", indican los testimonios.

No se trata de un hecho aislado. En Chile era común ver menores de edad en diversas labores agrícolas, las salitreras, minas, industrias, el comercio. En 1928 se dictó la primera ley de protección, pero fue recién en 2015 cuando se implementó la Estrategia Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y en junio de 2021 -un año atrás apenas- entró en vigencia Ley 21.271 que modificó el Código del Trabajo en materia de resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es decir, ni algo aislado, ni lejano.

A nivel mundial, según Unicef (Naciones Unidas para la Infancia) una de cada cuatro personas entre 5 y 17 años de edad realiza labores remuneradas fuera del hogar. En Chile serían 220 mil, aunque la alta deserción escolar registrada luego de la pandemia podría haber engrosado esas cifras de 2020. En Los Ríos se calcula que 4 mil estudiantes dejaron la escuela en los últimos tres años.

Investigaciones del Ministerio del Trabajo y Cepal -que consideran esa variable, la pobreza y las costumbres sobre el tema- señalan que en Futrono, Lago Ranco, Máfil, Mariquina, Panguipulli y Río Bueno hay "alta vulnerabilidad infantil y riesgo de ingreso prematuro al medio laboral"; que en La Unión, Corral, Lanco, Los Lagos y Paillaco ese riesgo es "medio" y Valdivia está en categoría "baja", aunque la única denuncia reciente se registró precisamente en la capital regional: la Inspección del Trabajo infraccionó a una empresa que hizo trabajar a un menor de edad más de 30 horas semanales, en circunstancias que ya se encontraba en desarrollo el período escolar, desde agosto de 2020 hasta enero del año 2021.

Estos temas son parte de la reflexión en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora cada 12 de junio desde 2002 por iniciativa la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el objetivo de llamar la atención frente a una realidad que impacta.

Durante la semana pasada el Centro de Estudios Públicos (CEP), entregó los resultados de su encuesta de opinión, correspondiente al período abril- mayo del año 2022, dando cuenta de una serie de datos a considerar, en un contexto en el cual la delincuencia, pensiones, salud y ahora la irrupción de la inflación son las grandes preocupaciones de la ciudadanía. El sondeo midió, entre otras temáticas, aquello que dice relación con Democracia y Confianza, dando cuenta por un lado del deterioro de los niveles de confianza que existen en algunas instituciones que son claves para el desarrollo de la democracia; tales como partidos políticos, el Congreso, entre otras.

No obstante, y entre las instituciones en que la mayor confianza muestra la comunidad se encuentran las universidades en su conjunto, las que han pasado de un 47% en agosto del año 2021, a un 54 % ahora.

Esto, sin duda, nos llena de orgullo y satisfacción a todos quienes formamos parte de las distintas instituciones de educación superior, ya que da cuenta por un lado del reconocimiento que tiene la sociedad de las casas de estudios; y por otro pone en valor lo que significa la formación de técnicos y profesionales que aportan a sus comunidades y al país.

Sin embargo, este reconocimiento sostenido, y del cual también han dado cuenta otras encuestas, es fruto de un trabajo continuo de las instituciones de educación superior, que tiene por objetivo entregar formación de calidad y además ser un aporte permanente en vinculación con el medio, generación de conocimiento e investigación, impactando directamente el capital social, cultural y económico de las personas que habitan en los territorios.

En esta evaluación, se destaca la confianza, dado el rol que tienen las universidades en nuestro país, entendiendo que este proceso de consolidación se ha realizado en un marco en el cual participan actores públicos y privados, con un marco legal claro, y con objetivos centrados en la calidad y en ofrecer oportunidades de acceso a la educación superior a los jóvenes de todas las regiones y comunas del país.

En este contexto, cuando estamos en la etapa final de este proceso constitucional, es clave reflexionar y reconocer que las universidades, están presentes en todo Chile, son fundamentales en sus territorios, y cuentan con la confianza de la ciudadanía.

Laura Bertolotto Navarrete

Rectora Santo Tomás Valdivia