Hace pocos días fue detenido un abogado en Valdivia acusado de almacenar pornografía infantil. El caso tiene antecedentes desde 2019 y está en investigación, pero desde él se hace posible reflexionar hacia la inquietante realidad local de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo a antecedentes publicados por el Servicio Nacional de Menores (Sename) la región de Los Ríos marca una de las tasas más altas del país en este tipo de abuso, con 28,4 casos por cada 10 mil habitantes.

Antecedentes de la Fundación Tierra de Esperanza -que tiene un programa de protección especial en esta área- señalan que la mayoría de las víctimas son mujeres, que su edad promedio llega a 13,8 años y que más del 62% vivió explotación vía redes sociales.

Ambas instituciones también alertan sobre el crecimiento, a nivel local y nacional, del "padrinazgo", modalidad que involucra a un adulto quien establece con el niño o niña una relación de protección o pseudosentimental, a cambio de entregar algún beneficio material a sus familiares, quienes consentirían esta práctica. Esclavitud sexual disfrazada de cariño, "normalizada" al punto de no ser claramente identificada como vulneración de derechos.

La legislación nacional vigente también da pie para esas confusiones. Considera estos hechos como "prostitución infantil" y no los tipifica adecuadamente como un delito. Por ello instituciones como la ONG Raíces han realizado un llamado a los parlamentarios para avanzar en esta materia. Actualmente se encuentra en la Comisión de Constitución del Senado una modificación al Código Penal que introduce un párrafo relativo al "proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes", que permitiría protección a las víctimas.

Si avanza, se generaría también herramientas para facilitar denuncias, pues hay una gran cifra negra de hechos que jamás llegan a conocerse.

Es de esperar que, con la situación descubierta en la capital regional, se pueda llegar a los responsables por las imágenes y se sancione a quien las consumía. No olvidemos que la demanda está en la base de estos hechos ilícitos.

Con el propósito de fortalecer las relaciones sanas de convivencia, con enfoque de género en espacios educacionales, el gobierno firmó un convenio que busca el desarrollo de acciones preventivas de violencia de género en contexto escolar.

El proyecto fue firmado por distintas autoridades en el Liceo Marta Donoso, de la ciudad de Talca, lugar donde también será aplicado este primer modelo piloto de prevención de violencia de género en contexto educacional.

Erradicar la violencia de género desde la infancia es una tremenda medida para lograr eliminar el maltrato, violencias y discriminación de nuestra sociedad. Y en esa tarea el Estado tiene un rol fundamental, no solo desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, sino también desde espacios tan relevantes como salud, educación, trabajo, entre otros.

Y en esa tarea deben ser los espacios educativos, así como los hogares, los lugares que por esencia deben propiciar la erradicación de la violencia e inculcar el valor del respeto entre las personas.

El rol de la educación para promover patrones socioculturales no discriminatorios en relación a roles y relaciones de género es fundamental. Y debe ser ejercido propiciando la igualdad, superando estereotipos, ideologías y prácticas discriminatorias, así como cualquier otra conducta que atente contra los derechos humanos.

Debemos impulsar en conjunto iniciativas para apoyar, promover y proteger el derecho a la educación en condiciones de igualdad, libre de estereotipos, de discriminación y de violencia, por lo que esta iniciativa debe aportar a la generación de cambios y converger en el fortalecimiento de la igualdad y la no violencia de género en el ámbito educativo.

Por eso mi compromiso como parlamentaria es empujar estas instancias, colaborar desde la labor legislativa para lograr este gran objetivo, porque son las niñas, niños y adolescentes quienes deben estar en el centro de las políticas públicas.

El futuro de nuestro país depende de ello, un futuro libre de violencia, seguro y feliz.

Esa misión nos motiva, porque es ese el futuro que soñamos.

Ana María Bravo

Diputada