La palabra "montaña" es una de las que más se repite cuando se pregunta por Chile en el extranjero. Así lo estableció el Estudio Longitudinal de la Fundación Imagen de Chile, dado a conocer hace pocos días y que indagó en el conocimiento sobre el país en doce de las ciudades más influyentes del mundo: Shangai, Berlín, Londres, Washington, Dubai, Tokyo, Toronto, Nueva York, Sao Paulo, Nueva Delhi, París y Madrid.

En el análisis se pidió a diversas personas que asociaran el nombre de Chile con algún concepto. La mayoría aludió al vino, las frutas, el paisaje y situaciones históricas como la dictadura; pero especialmente a la cordillera. Y tiene mucho sentido, considerando que ella está presente en casi el 64% del territorio local.

Esta información internacional sobre el reconocimiento de Chile como un país de montañas es oportuna para señalar una iniciativa que se desarrolla desde Los Ríos. Se trata del proyecto "Laboratorio Natural Andes del Sur de Chile", impulsado por un equipo de la Universidad Austral para reunir la investigación que se ha desarrollado durante los últimos cuarenta años en torno al tema.

Cuenta con apoyo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y se extenderá hasta 2023 abarcando la producción científica existente entre las regiones desde La Araucanía a Los Lagos. Para ello ha definido tres líneas de agrupación de trabajos: "Cambio Climático: Interacciones bosque, suelo y recursos hídricos"; "Evolución y herencia geológica"; "Modos de vida y habitar de montaña".

Catastrar datos y sumar conocimiento, sin duda es una buena manera de compartir con la comunidad el aprendizaje de la academia. De esa manera se permite sumar los esfuerzos desplegados durante décadas por instituciones separadas.

Por otra parte, acopiar antecedentes con base técnica y ponerlos a disposición pública de manera sistematizada, aporta a la tarea de tomar decisiones en áreas tan diversas como políticas de resguardo medioambiental, desarrollo económico local, turismo y cultura.También es una forma de reforzar esa identidad que reconocen quienes observan desde lejos a esta zona austral del mundo; esos que dicen "montaña", cuando les nombran a Chile.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), dan a conocer en su último informe (2020) que los avances con respecto al trabajo infantil se han visto estancados a nivel mundial estimando que 160 millones de niños trabajan en el mundo y que este año las cifras aumentarían en 9 millones más a consecuencia de la pandemia . Específicamente en Chile hay aproximadamente 219 mil niños que trabajan y 94.000 corresponden a NNA entre 5 y 14 (EANNA, 2012).

Estas cifras son preocupantes puesto que, por definición, el trabajo infantil vulnera derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes (NNA), perjudica su bienestar, se asocia a desvinculación de la educación y a perpetuar la pobreza.

En Chile es legal el trabajo en adolescentes desde los 15 años de edad, pero en ningún caso esta actividad debe constituir un peligro, ni perjudicar el bienestar de los NNA, no deben ser interrumpidos los estudios, ni permitir la exposición al alcohol, las drogas o conductas sexuales.

Para la Unicef se considera trabajo infantil cuando se realiza antes de los 15 años, fuera de toda normativa, sin la voluntad de los niños y de manera sistemática para suplir necesidades económicas.

El contexto actual es adverso para avanzar en erradicar este problema: ha aumentado el costo de la vida, la pobreza extrema, el desempleo, los trabajos informales y precarizados.

En este escenario, las familias se pueden ver fuertemente tensionadas y pueden decidir incorporar tempranamente a los niños en el ámbito del trabajo, exponiéndose incluso a ser judicializadas.

Con el fin de sostener la vida y disminuir el estrés, las familias movilizan todos sus recursos para organizarse. La capacidad para articularse, especialmente en pandemia, ha sido un desafío y el soporte social insuficiente.

Superar el trabajo infantil requiere hacer visible esta temática, implica para los gobiernos superar las condiciones de desventaja social especialmente para las familias que tienen niños y niñas a su cuidado, incluyendo sus perspectivas en el proceso y contemplando una serie de factores que se vinculan para perpetuar este problema.

Daniela Zúñiga Instituto de Neurociencias Clínicas