Era esperable que durante el período más crítico de la pandemia sus efectos se traducirían en cierre de empresas, el desempeño a media marcha de otras, en una notoria baja en las actividades productivas y en el incremento de la cesantía. Fue un duro golpe que afectó a todas las economías en el mundo y Chile no fue la excepción.

El menor crecimiento de la economía, influido por el estallido social desde octubre de 2019 y luego por las cuarentenas, incidió en un incremento en el desempleo, por el cierre de empresas y la menor producción. Se estima que durante 2020 se perdieron en Chile 1,8 millones de ocupaciones y 700 mil se suspendieron temporalmente.

Un estudio de Quant Research y la Cámara Nacional del Comercio detectó entonces que como consecuencia de la emergencia sanitaria y de las medidas preventivas adoptadas, la caída en el empleo en el sector comercio había sido cercana a seis veces lo observado durante las crisis mundiales asiática de 1997, y subprime de 2007 y 2008. En ambas, el empleo formal del comercio demoró cerca de diez meses en retomar los niveles normales. Sin embargo, en esta oportunidad, la digitalización, la automatización de muchos empleos y las ventas en línea, que en las otras crisis no estuvieron presentes, incidieron en una nueva configuración del mercado laboral del sector comercio.

El año pasado el Gobierno puso en vigencia el programa de subsidios al empleo, para dar un impulso a la reactivación económica y a la recuperación de la fuerza laboral, con la creación de hasta un millón de puestos de trabajo. En el programa se invirtió para establecer subsidios a las empresas que contrataran o reincorporan a trabajadores que debido a las consecuencias económicas que se derivaron de la pandemia tuvieron que ser suspendidos.

Será una tarea difícil reponer los empleos perdidos, si se considera que hoy ya se habla de una posible recesión económica mundial, derivada de los efectos de la emergencia sanitaria y de la invasión rusa en Ucrania, que ha alterado a las economías.

Nuestro rol es visibilizar lo invisible. Dar cuenta de la realidad de los niños, niñas y jóvenes más pobres y vulnerables, que no marchan ni protestan, que no piden reivindicaciones, que no tienen esperanzas. Antes de la pandemia, eran 186 mil;en 2021 se habló de unos 40 mil más. Hoy no sabemos. No hay prioridad en contarlos. Hay cuestiones más urgentes, más políticas, en materia de educación. ¿Dónde está la prioridad con este grupo excluido de nuestra sociedad? Hoy no tenemos cifras actualizadas de cuántos son, ni tampoco tenemos a la vista la forma en que la actual administración le dará continuidad a la implementación de la modalidad educativa de reingreso.

Esto es hacerse cargo de un tipo de estudiante que tiene todo en contra: repeticiones, expulsiones, bullying, inasistencias, anotaciones, fama de conflictivo. Adversidades que son producto de una diversidad de problemas: sociales, económicos, familiares, de aprendizaje. O sea, un niño, niña o joven, que a todos les parece "un cacho". Para que dejen de serlo se requiere una oferta educativa especializada de reingreso. Una atención dedicada, financiada y ad hoc a su realidad.

Cuando enfrentamos las problemáticas en educación suele pasar que lo urgente se come lo importante y el dilema es siempre por dónde partir. El gobierno habla de justicia educativa y de la instalación de un nuevo paradigma de educación. Todo relevante, pero no prioritario, si pensamos en los que están fuera del sistema y debemos recuperar. Lograr que vuelvan, que reingresen al sistema mediante experiencias educativas reparadoras y significativas, debería ser de vida o muerte para todos. Una prioridad país, más cuando vemos a tantos jóvenes cooptados por la delincuencia y el narco en los territorios más vulnerables.

Vemos con preocupación que "otra vez" dentro de los grandes planes se queda fuera esta población invisible. Y es extraño, porque si hablamos de justicia educativa, debería ser la primera prioridad: los niños, niñas y jóvenes que abandonaron el sistema educativo antes incluso de la pandemia y que cada día constatan la imposibilidad de recuperar su derecho a la educación. Ojalá las autoridades vean a estos invisibles y los prioricen.

Liliana Cortés

Directora de Fundación Súmate