En opinión de Rosas, una de las fortalezas de la propuesta constitucional es precisamente la creación de la Defensoría, la cual -dijo- "tiene un rol muy importante en cuanto viene a llenar un vacío institucional en términos de permitir la defensa de la ciudadanía frente a distintos poderes establecidos tanto públicos como privados; tendrá un doble rol, de proteger a las personas, pero también de hacer que los organismos públicos cumplan con sus funciones medioambientales".

Con relación a lo último, explicó que esta institucionalidad tendría una misión vinculada a la solución de los conflictos socioambientales.

Asimismo, valoró el rol que la propuesta otorga a la ciudadanía en la designación del defensor o defensora, afirmando que "le da más poder a la ciudadanía", por cuanto según establece el artículo 150: "La dirección de la Defensoría de la Naturaleza estará a cargo de una defensora o un defensor de la naturaleza, quien será designado en sesión conjunta del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones, por la mayoría de sus integrantes en ejercicio, a partir de una terna elaborada por las organizaciones ambientales de la sociedad civil, en la forma que determine la ley".

Por otra parte, señaló que la propuesta constitucional se hace cargo del proceso de cambio y crisis climática, eleva ciertos estándares en cuanto a la evaluación de proyectos y permite transitar hacia "una suerte de acción popular, ya que cualquier persona podrá denunciar un daño ambiental ante los tribunales".

Junto con ello, indicó que la propuesta entrega atribuciones de revisión, de caducidad y de extinción a las autorizaciones de uso de agua (artículo 144, inciso 2), "hay una especie de noticia falsa que dice que las personas que actualmente tienen derechos de agua van a perderlo y no es así, lo que ocurrirá es que pasarán a ser autorizaciones administrativas, que ya lo son sólo que ahora se tiene derecho perpetuo sobre ellas, y se velará por el buen uso de esos derechos de agua y, sobre todo, tener muy a la vista el bienestar de las comunidades y el consumo humano, cosa que hoy no existe bajo el mercado del agua que ha permitido esta Constitución del '80".

Otros puntos de vista

Uno de los cuestionamientos que ha surgido a la propuesta constitucional es que no presenta reglas claras para la toma de decisiones que son necesarias para el desarrollo de la actividad económica y también para la protección del medio ambiente.

Así lo ha señalado Macarena Soler, abogada ambientalista que, entre otros roles, fue parte de la estrategia jurídica de la campaña Patagonia Sin Represas. En entrevista con Emol, la jurista indicó además que "las declaraciones sobre la naturaleza de la propuesta hacen compleja su aplicación práctica".

En tanto, en el ámbito local, desde la Corporación para el Desarrollo de la región de Los Ríos (Codeproval) señalaron que valoran el desarrollo de una propuesta que se preocupa por el cuidado del medioambiente y de la naturaleza.

"De forma especial, creemos que como país debemos avanzar hacia el desarrollo de una acción climática justa en sintonía con la capacidad de innovación de las empresas para que éstas puedan asumir el compromiso controlando riesgos y optimizando las oportunidades a fin de lograr un crecimiento y desarrollo económico sostenible", expusieron.

Para que esto se cumpla -agregaron- "es necesario que el Estado y la sociedad en general se comprometan a asumir el desafío de prevenir, proteger y desarrollar acciones de reparación o mitigación frente a la crisis climática".

Y, en ese sentido, plantearon que "es importante destacar que, en nuestro país, una serie de empresas e industrias ya se encuentran trabajando bajo lineamientos muy similares a lo que propone la nueva Constitución, esto porque se han asumido compromisos con los Objetivo de Desarrollo (ODS) en materia medioambiental a fin de transicionar hacia economías sostenibles y respetuosas con la naturaleza y el clima".

24 artículos conforman el Capítulo III sobre Naturaleza y Medioambiente de la propuesta constitucional. También consagra derechos en esta materia en el Capítulo II sobre Derechos Fundamentales.

4 de septiembre se realizará el plebiscito de salida con voto obligatorio. En la región de Los Ríos, el padrón electoral es de 359 mil 392 personas, según el Servel.

5 atribuciones en específico otorga la propuesta constitucional a la Defensoría de la Naturaleza. Entre ellas, promover la formación y educación en derechos ambientales y de la naturaleza.