La pandemia y los retiros del 10% de los fondos de AFP mostraron un panorama desolador: miles de mujeres haciendo filas en los Tribunales de Familia, demandando la retención de estos dineros por concepto de pensiones de alimentos impagas. Según datos correspondientes al año 2020 entregados por el Poder Judicial: el 84% de los hombres demandados por causas de alimentos no paga la pensión fijada, lo que significa que setenta mil niños, niñas y adolescentes, no reciben, lo que por ley, les corresponde para su diario vivir.
La obligación alimentaria no solo un deber de rango legal, sino que es un imperativo que emana del derecho fundamental a la vida y a la integridad física y psíquica consagrado en la Constitución y en diversos tratados internacionales. En este sentido, el derecho de alimentos es un derecho humano fundamental que le corresponde, tanto, al deudor, como al Estado, en cuanto éste último debe proteger, promover y garantizar su cumplimiento.
Es de público conocimiento que son las mujeres quienes han asumido el cuidado de los hijos e hijas, razón que explica los altos número de solicitudes realizados por ellas en el momento en que se aprobaron las leyes de retiros de fondos. Las pensiones impagas, no solo vulneran el derecho de niñas, niños y adolescentes, sino que también, es una forma de ejercer violencia económica contra las madres. Es por esto, que vimos con buenos ojos los proyectos de ley sobre responsabilidad parental y el referido al pago efectivo de pensiones de alimentos.
Dentro de los elementos más importantes de estas leyes, podemos destacar la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y la facultad de la beneficiaria de solicitar información a las instituciones financieras en los casos en que exista mora de tres meses continuos o 5 discontinuos. El tribunal tiene unos plazos bastante acotados para dar una solución rápida y efectiva a la madre y a los menores a su cargo.
Sabemos que este problema no se soluciona del todo con estas leyes, entendemos que responde a una condición estructural de nuestra sociedad. Lamentablemente, muchas madres seguirán luchando para contar con los recursos necesarios para criar a sus hijos. Sin embargo, debemos ir pavimentando el camino hacia el entendimiento de que los alimentos no son un favor, sino, un deber y un derecho de las hijas e hijos de ser alimentados y criados por ambos progenitores.
Alfonso de Urresti
Senador por Los Ríos