Como cada año, este 21 de noviembre se conmemora el Día de la Trabajadora de Casa Particular, como una forma de recordar la promulgación de la Ley 20.786, la cual contiene una serie de cambios para quienes se dedican a labores de asistencia en el hogar. Ley de la cual orgullosamente fui uno de los autores cuando era diputado por esta región. En esta norma se establece la obligatoriedad del contrato de trabajo, un máximo de horas semanales a trabajar, y que los días de descanso no sean renunciables.

Esto prohibió, por ejemplo, la exigencia del uso de uniforme de trabajo en lugares públicos, lo cual fue un tema de gran controversia en el país, dado que a algunas trabajadoras se les exigía utilizarlos para salir a lugares como la playa, piscinas y otros espacios.

Las trabajadoras de casa particular han estado presentes a lo largo de nuestra historia con un papel relevante y central en el desarrollo de la sociedad, debido a su rol de asistencia, mantención y cuidado de los demás.

Su rol, parte vital del funcionamiento del hogar de miles de chilenos y chilenas, es una inmensa y entrañable labor que de apoyo al cuidado familiar, para las actividades de la vida cotidiana y colaboración en la crianza de hijos e hijas.

Sin embargo, históricamente a estas trabajadoras de casa particular se les ha invisibilizado y menoscabado. ¿Y por qué? Si al final del día son ellas quienes se han empoderado a través del trabajo sindical, impulsando así los cambios necesarios para dignificar su labor.

Sin ir más lejos, en nuestra región trabajamos para la promulgación de la Ley 20.786 en conjunto con las agrupaciones sindicales que se gestaron en el territorio. Un trabajo gratificante y con alcances muy positivos.

Hoy no puedo más que felicitarlas por su enorme aporte a la sociedad.

Esta ley, que vio la luz gracias a su empuje, siempre tuvo como objetivo dar seguridad, calidad de vida y estabilidad a miles de trabajadoras y sus familias, quienes antes muchas veces se vieron en trabajos irregulares, con empleadores que no respetaban acuerdos. Hace ocho años, con su tenacidad, este proyecto fue aprobado para comenzar a establecer y determinar derechos laborales básicos que se mantendrán en el largo plazo. Un gran abrazo fraterno y que su espíritu de lucha no cambie nunca.

Alfonso de Urresti

Senador por Los Ríos.

La quinta versión del "Termómetro de salud mental en Chile", elaborado por la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica, dado a conocer recientemente, mostró una disminución en el nivel general de malestar psicológico de la población, si se compara con lo que ocurría a inicios de la pandemia, pero persisten problemas mentales como el gran temor a ser víctima de la delincuencia.

El estudio realizado a 3.600 personas mayores de edad en mayo del presente año, reveló que el 21,1% exhibió probable presencia de problemas de salud mental, el número más bajo desde que la encuesta se creó en julio de 2020, aunque las cifras siguen siendo preocupantes. Se estima que hoy uno de cada cinco chilenos presenta sospechas o problemas de salud mental, mientras que durante el período de cuarentenas esa proporción era de uno cada tres. Los investigadores estiman que el plan de vacunación contra el covid-19, el control de la crisis sanitaria y la recuperación de los empleos fueron algunos de los factores que influyeron en esa mejoría.

Sin embargo, el análisis detectó que ahora hay otros factores que causan el estrés de las personas y que deterioran la salud mental, como la preocupación por la situación económica, los cambios políticos, y mayormente el alto temor a ser víctima de la delincuencia. En efecto, el 70por ciento de las personas mencionó este último caso.

Las encuestas confirman que la delincuencia es uno de los problemas que más preocupa a la población, porque deja una sensación de inseguridad, que ya no se da solo en los tradicionales barrios peligrosos, sino en todas partes. La comunidad tiene conciencia del esfuerzo que realizan las policías, pero con frecuencia se dan a conocer informes que muestran el altísimo porcentaje de causas que reciben las fiscalías y que se archivan sin tener un resultado.

La delincuencia es una realidad que atemoriza y afecta la salud mental de las familias, y la percepción ciudadana es que no se hace lo suficiente por resolverla. Por ello, las instituciones y autoridades requieren de nuevos modelos de gestión que fortalezcan las acciones preventivas y de persecución criminal, para reemplazar una estructura esencialmente reactiva.