Aplicación de la Ley Ricarte Soto
La Federación Chilena de Enfermedades Raras (Fecher) manifestó su inquietud por falta de financiamiento y coordinación. En Los Ríos está el caso del pequeño Emiliano Cereceda, quien necesita de un medicamento que cuesta casi $2.000 millones para tratar atrofia muscular.
Su preocupación por la efectiva aplicación de la "Ley Ricarte Soto" han manifestado públicamente las agrupaciones de personas que padecen enfermedades raras y poco frecuentes en nuestro país. En particular han pedido acelerar el decreto quinto de la normativa, que permite actualizar y mejorar cobertura estatal para tecnologías y dispositivos médicos, el cual debía promulgarse este año, pero que no fue publicado en el plazo esperado.
La demora implica retrasos en diagnósticos y atención; pero también alerta sobre los problemas de financiamiento que podría existir para responder a las reales urgencias de estos grupos, que requieren de apoyo especial para costosos tratamientos. Un caso regional es el del pequeño Emiliano Cereceda, quien necesita del medicamento Zolgensma, que vale casi 2 mil millones de pesos (el más caro del mundo) para enfrentar la atrofia muscular espinal que padece.
Ayer desde el Ministerio de Salud anunciaron que ese producto fue registrado en el Instituto de Salud Pública (ISP), es decir, se reconoce su uso en el territorio nacional. Y es una buena noticia, porque ya no sería necesario comprarlo en el extranjero; "sin embargo eso no significa garantizar acceso", señaló Alejandro Andrade, presidente de la Federación Chilena de Enfermedades Raras, Fecher. En entrevista con www.soyvaldivia.cl, el dirigente pidió a las autoridades ponerse en el lugar de las familias y acoger las propuestas realizadas desde su institución y otras para que existan "agencias" u organizaciones estatales a través de las cuales se aborden estos problemas de manera integral y no como sucede actualmente que se debe buscar respuestas en distintos servicios públicos, o que la decisión de incorporar o no un elemento a las coberturas, no es informado de la manera que los pacientes y sus familias esperan.
Andrade valoró la Ley Ricarte Soto (Nº20.850), pero recordó que desde su aprobación en junio de 2015 y cuando se creó el Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, se sabía que debe ser constantemente actualizado. Si no se hace, puede convertirse en una herramienta insuficiente. Y es necesario evitar que eso ocurra, para no llegar tarde con el soporte a los pacientes. En el caso de Emiliano, el tiempo apremia.