Con la llegada del nuevo año terminó oficialmente la existencia de la Oficina Nacional de Emergencias, Onemi, y comenzó la labor del Sistema Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres, Sinapred, órgano que fue creado en el gobierno anterior con rango de servicio público, desconcentrado y con patrimonio propio, que tiene a su cargo la gestión de seguridad nacional y respuesta ante emergencias, coordinando la labor de instituciones públicas y privadas, incluyendo a las Fuerza Armadas.

La nueva institucionalidad reemplaza al antiguo Sistema de Protección Civil, que podía coordinar acciones, pero no ejercía liderazgo legal para aplicarlas. Ahora, en cambio, la norma faculta aplicación, dispone recursos y otorga atribuciones, por ejemplo, para cuestionar y pedir concordancia entre la planificación de seguridad con los ordenamientos territoriales y las Estrategia Regional de Desarrollo; además pone especial foco en la educación, prevención y refuerza la labor de los gobiernos comunales como primeras entidades encargadas de dar respuesta a emergencias.

Las disposiciones están vigentes desde junio pasado y su implementación se ha dado paulatinamente con la conformación de los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres, Cogrid, entidades que han tenido un rol fundamental en Los Ríos frente a la respuesta a la eventual erupción del volcán Villarrica y al incendio forestal que ha afectado desde el jueves pasado a Paillaco, Valdivia y Corral. Para esta última emergencia, el Cogrid liderado por la delegada presidencial se reunió cada cuatro horas para evaluar la situación y determinar localmente, por ejemplo, si era necesario o no decretar Estado de Catástrofe en la zona. Una opción regional, no centralizada.

La Onemi funcionó durante 48 años. Luego de las polémicas que dejó el terremoto de 2010 su accionar fue cambiando y mejorando sustancialmente, hasta ahora conformarse una nueva mirada que ya no es consultiva, sino resolutiva en esta materia y que, además, suma experiencias institucionales con objetivos comunes. Uno de ellos es el énfasis en la educación para prevenir y en esa mirada se requiere el apoyo ciudadano. Crear conciencia sobre el desafío y la responsabilidad que significa vivir en Chile.

El 2022 vimos como el aumento de la delincuencia se apoderó de la agenda y de las preocupaciones de los habitantes de nuestra querida región y país. El Gobierno vuelve a poner a los delincuentes por sobre las víctimas, y vemos que cerró el año con una polémica decisión dejando en libertad a delincuentes condenados por la Justicia. Esto no es un indulto, es un insulto a la ciudadanía.

Este anuncio demuestra que no se puede confiar en un Presidente que primero anuncia a la prensa que "no se puede indultar a una persona que quemó una iglesia o una pyme, o que saqueó un supermercado", para luego hacer exactamente lo contrario.

Desde hace ya varias semanas los parlamentarios de la Bancada de Renovación Nacional participamos en un diálogo convocado por el Gobierno para un fin que constituye una urgencia social ineludible y apremiante: arribar a un acuerdo transversal en materia de orden y seguridad. Esta crisis, qué duda cabe, tiene un rostro humano claro, puesto que miles los chilenos víctimas de hechos delictivos cada vez más violentos y millones los que viven atemorizados día a día.

Por ello asombra que, mientras el Gobierno convoca a este espacio de encuentro en que participan tanto el oficialismo, como la oposición, y se destinan horas de trabajo para alcanzar un acuerdo completo y que cuente con respaldo amplio para materializar las distintas medidas administrativas y legislativas que en seguridad se requieren, en paralelo, se concreten indultos presidenciales a personas condenadas por graves hechos criminales.

La medida adoptada por el Presidente de la República, si bien constituye una atribución constitucional que puede ejercer según su criterio, carece de justificación en el contexto que vive Chile, no persigue un fin humanitario y reabre la herida divisoria que representan los hechos más graves ocurridos en las manifestaciones de 2019 puesto que incluyen el indulto de al menos dos personas condenadas por homicidio frustrado en contra de funcionarios policiales y otros delitos graves que incluyen el uso de armas de fuego. Asimismo, detrás de cada indulto se desestiman importantes investigaciones penales en que participan múltiples órganos y funcionarios públicos especializados para arribar así a una condena, lo que aumenta aún más la sensación de impunidad en torno a la criminalidad que hoy golpea al país.

Hay una suerte de esquizofrenia gubernamental que, por un lado convoca a construir medidas en contra de la delincuencia, y por otro provee impunidad en delitos que atacan bienes jurídicos fundamentales en toda sociedad democrática.

Bernardo Berger Fett

Diputado