Perú amplía estado de emergencia a cuatro regiones más ante violencia
CRISIS. Protestas cumplen dos meses, con un saldo de 69 muertes y sin una salida, luego de que el Congreso fracasara la semana pasada en cuatro intentos de adelantar las elecciones generales, lo que hace casi imposible que haya comicios en 2023.
El Gobierno de Perú declaró ayer estado de emergencia para los departamentos de Madre de Dios, Apurímac, Arequipa y Moquegua por 60 días en el sur del país, y prolongó por el mismo periodo la medida en las regiones de Cuzco, Puno y Tacna, para controlar las protestas que han cobrado la vida de 69 personas.
A través de un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo extendió el estado de emergencia a estas zonas donde se siguen reportando las mayores protestas antigubernamentales que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones para 2023 y una convocatoria a una asamblea constituyente.
La medida ya se aplicaba en Cuzco, Puno y Tacna, y en algunas provincias de Apurímac, Madre de Dios y Moquegua, pero ahora se amplía a nivel regional e se incluye Arequipa.
Asimismo, el Gobierno decretó a medianos de enero y por 30 días el estado de emergencia en Lima, Callao, Amazonas y La Libertad, por lo que en total son 11 departamentos que permanecen en estado de emergencia.
Decreto
El decreto establece que durante el estado de emergencia quedan restringidos o suspendidos "los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales".
Además, la norma precisa que la Policía Nacional mantiene el orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, "con excepción del departamento de Puno, donde se requiere que el control interno sea asumido por las FFAA".
El documento también señala que el presidente de la República puede decretar el estado de emergencia en caso de "perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación".
Por otro lado, el artículo tercero del decreto extiende por diez días la inmovilización social obligatoria, entre las 20.00 y las 4.00, que ya estaba vigente en la sureña región de Puno, uno de los epicentros de las protestas.
La norma lleva las firmas de la presidenta Boluarte, el primer ministro, Alberto Otárola, y los titulares de las carteras de Defensa, Interior y Justicia.
Dos meses de protestas
Las protestas antigubernamentales de Perú se acercan a los dos meses con un saldo de 69 muertes y sin una salida en el horizonte, luego de que el Congreso fracasara esta semana en cuatro intentos de adelantar las elecciones, lo que, salvo por sorpresa, entierra la posibilidad de que haya comicios en 2023.
Las manifestaciones comenzaron el 7 de diciembre, tras el fallido autogolpe del exmandatario Pedro Castillo (2021-2022).
La disolución del Legislativo sería, por ahora, inconstitucional, y la asamblea constituyente requeriría la aprobación en el Parlamento de un referendo que, con el ya conocido rechazo de los grupos conservadores, se vislumbra muy poco probable.
Así, las eventuales salidas a la grave crisis política y social que vive el país pasarían por la dimisión de la jefa de Estado, su destitución por el Congreso o un adelanto electoral, demandas que, hasta el momento, parecen inalcanzables.