García Luna, trabajador a sueldo del cartel de Sinaloa o enemigo de las drogas
CASO. Esta semana podría terminar el juicio en que el exministro de Seguridad de México es acusado por narcos y sicarios de haber recibido millonarios pagos.
Efe
La Fiscalía estadounidense concluye esta semana su acusación al exministro de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, al que durante tres semanas ha dibujado, con la ayuda de una veintena de testigos, como un agente a sueldo de los narcos, que ayudaba y protegía al cártel de Sinaloa.
Como contrapunto, la defensa del ex político mexicano ha insistido en la integridad de su cliente y ha recordado la guerra que lanzó contra el negocio de la droga entre 2001 y 2012 cuando ocupó los cargos de director de la Agencia Federal de Investigación de México, primero, y de secretario de Seguridad Pública después.
Sus abogados también han insistido en la ausencia de pruebas físicas, como grabaciones o fotografías, y han intentado desacreditar los testimonios, tanto de sicarios y narcotraficantes, como de exfuncionarios corruptos o a antiguos policías; a todos ellos les acusó de actuar para conseguir reducciones de condenas o por rencor hacia su cliente.
Los pagos del cartel
A través de varios testimonios, sobre todo los de los narcotraficantes Sergio Villarreal Barragán, alias "el Grande" y Óscar Nava Valencia, alias El Lobo, la Fiscalía ha intentado convencer al jurado de que García Luna recibía un sueldo mensual que fue aumentando de 1,5 millones de dólares a tres millones y al que se le sumaban pagos extras en casos de ayudas puntuales.
"Hay dos tipos de corrupción, la del que se voltea para un lado y deja pasar, y otra, la de los funcionarios que forman parte de las actividades de la organización", declaró El Grande, antes de aclarar que García Luna era de la segunda clase.
El Grande, apodado así por sus dos metros de altura, y que trabajaba a las órdenes del capo Arturo Beltrán Leyva, líder del clan de los Hermanos Beltrán Leyva, una de las facciones del cartel de Sinaloa, aseguró que ya antes de 2001 Arturo Beltrán sobornaba a García Luna y que él estuvo presente en varias entregas.
El dinero se recaudaba a través de una colecta o "polla" a la que contribuían todas las facciones.
A cambio, García Luna, a quien los narcos se referían como "El Compa", "El Tartamudo" o "El Metralleta", estos dos últimos apodos por el trastorno del habla que padece, los ayudó a expandir el control del cartel de Sinaloa por todo México, les ofreció información, apoyo y protección, incluida la designación de dirigentes policiales corruptos en zonas donde el cartel lo necesitara, siempre según el testimonio de Villareal.
Cuando subió a la tarima, El Lobo Valencia mencionó una contribución de 2,5 millones de dólares en 2006 a dicha colecta y otro pago de cinco millones en 2007 para que el entonces secretario de Seguridad Pública ayudara al cartel a liberar un cargamento de cocaína de 20 toneladas descubierto en el puerto de Manzanillo, aunque la operación fracasó porque al final la mercancía fue incautada.
Pero además, aseguró que en 2008, cuando ya había estallado la guerra interna entre las principales facciones sinaloenses de los Beltrán Leyva, por un lado, y la de Joaquín "El Chapo" Guzmán, por el otro, él pagó tres millones de dólares a García Luna a cambio de seguridad.
El Lobo, que compareció vestido con uniforme carcelario, aseguró que esa protección era necesaria después de haber abandonado la facción de los Beltrán Leyva y haberse unido a El Chapo.
Inoperatividad policial
Otros testigos, como el contable del ex capo mexicano Mario Pineda Villa, identificado como Israel Ávila, aseguró haber registrado más de 10 millones de dólares en supuestos pagos a la colecta común destinada a sobornar al exsecretario.
Asimismo, el exfiscal del estado de Nayarit, Édgar Veytia, alias El Diablo, incidió en que mientras la Policía Federal era fiel a El Chapo, en estados como el suyo, los agentes estatales y municipales podían estar a las órdenes de los Beltrán Leyva.
Pero más allá de criminales y corruptos, el expolicía Raúl Arellano Aguilera contó cómo los agentes federales que vigilaban el Aeropuerto de Ciudad de México en 2007 colaboraban con el trasiego de drogas y dinero, sobre todo, desde y hacia Latinoamérica y Estados Unidos.
Asimismo, el embajador de EE.UU. en México entre 2011 y 2015, Earl Anthony Wayne, si bien reconoció que nunca había recibido información "específica ni creíble" de que García Luna fuera corrupto, apuntó que sí había sido informado de que los cuerpos de seguridad estadounidenses preferían no trabajar con la Policía Federal (bajo autoridad de García Luna) cuando se trataba de operaciones contra el cartel de Sinaloa.
La información fue corroborada por el agente de la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA) José Moreno, que contó cómo el 22 de febrero de 2012, 50 efectivos de la Policía Federal frustraron una operación para intentar capturar al líder de Sinaloa, El Chapo, llegando una hora tarde y comportándose erráticamente.
Un país corroído
Para un observador externo, el planteamiento de la Fiscalía no deja casi dudas de que se dibuja México como un país corroído por los carteles de las drogas, más cercano a un narcoestado que a un sistema democrático.
La mención de políticos corruptos, policías comprados, campañas electorales pagadas con el dinero de las drogas o periodistas y medios a sueldo de los carteles ha sido una constante en tres semanas de declaraciones.
Ni siquiera el expresidente Felipe Calderón, jefe directo de García Luna en el sexenio 2006-2012, se libró de aparecer en el juicio: en su testimonio, El Diablo lo vinculó con El Chapo.