El Fisco de Chile ingresó una demanda de cobro en el Primer Juzgado Civil de Valdivia en contra de la Universidad Austral, debido a que la institución de educación superior no ha devuelto a la Tesorería General de la República un total de $438.256.939 (más intereses, reajustes y costas), en el contexto de dineros que le fueron otorgados a la casa de estudios en conceptos de becas para estudiantes (becas Bicentenario, Juan Gómez Milla y Excelencia Académica, entre otras), pero que nunca fueron distribuidos, por diversos motivos.

La demanda fue ingresada el 30 de enero del presente año en el Juzgado Civil local, instancia en que el fisco, por intermedio del Consejo de Defensa del Estado, detalló a través de varios documentos la irregularidad de la universidad, la que se suma a otras 54 instituciones del país.

En ese sentido, en los documentos se informa que el proceso de cierre de presupuestos durante 2015: "...De acuerdo a lo informado por el Departamento de Financiamiento Estudiantil de la Subsecretaría de Educación Superior, las IES (Instituciones de Educación Superior) comunicaron a éste, las sumas que no utilizaron respecto a las asignaciones del año 2015".

Adicionalmente, en el proceso de cierre presupuestario se determinaron las suspensiones académicas aprobadas por el Ministerio de Educación. "En estos casos, una vez aprobada la suspensión, la IES deberá restituir los pagos, que por concepto de beca hubiere efectuado el Ministerio de Educación a la respectiva casa de estudios, para el período que aplicó la suspensión".

La demanda agrega que en diciembre de 2017 se dispuso por medio del Decreto Exento N° 1503, la "restitución de los recursos distribuidos entre las instituciones de educación superior que indica, en el marco del Programa de Becas de Educación Superior, año 2015".

De esta manera, desde marzo de 2018, el Fisco comenzó a enviar oficios a la UACh, documentos en que se adjuntaba una tabla con los montos detallados de la deuda que debía restituir, dando un plazo para cancelar el monto hasta el 15 de abril de ese año, el que aún no es pagado.

El documento enfatizó que el beneficio otorgado consiste en que al beneficiario se le exime del pago de matrícula y arancel anual por el tiempo de duración formal de la carrera o programa conducente a un título técnico de nivel superior, profesional o grado de licenciado. Además, se sostuvo que esta es una política pública dirigida a financiar estudios de pregrado de los y las estudiantes con menores ingresos. Y añadió que los y las titulares de los beneficios son los propios estudiantes y no las universidades.

Otras acciones

Según consta en la página del Poder Judicial (Rol C 299-2023) finalizando febrero de este año, el equipo jurídico de la Universidad Austral intentó desestimar la demanda a través de una excepción dilatoria de ineptitud, debido a que esta acción legal no contaba con una "exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya", de manera que de no corregirse los defectos de que adolece la demanda, "se hace imposible para las partes debatir apropiadamente el fondo de la acción deducida y para el tribunal resolver el asunto sometido a su decisión, al menos sin afectar el derecho fundamental de la Universidad a un debido proceso". A lo anterior se agrega que "la principal premisa fáctica de la acción de contrario se ha formulado de una manera absolutamente vaga y genérica, en lo que el Fisco ha denominado "Antecedentes Preliminares" de su demanda, para después referirse de manera circunstanciada solo a "los hechos" posteriores o actos unilaterales realizados por la propia demandante".De todos modos, el tribunal desacreditó la excepción, aludiendo que en el documento entregado por los demandantes se desprendían los fundamentos de la acción judicial y que la hacían comprensible.

Como respuesta, el pasado 28 de marzo, la universidad ingresó un recurso de apelación en la Corte, el que aún está en proceso (Rol 369-2023).

Uach

Respecto a esta situación, el prorrector de la Universidad Austral, Juan Andrés Varas, expresó ayer que "el Fisco ha planteado una controversia judicial con la mayoría de las universidades chilenas, en relación con los fondos estatales de becas de estudiantes matriculados entre el año 2015 y el año 2017 y que en definitiva no cursaron sus estudios". En ese contexto, detalló que "en el caso específico de la UACh, la discusión se refiere solo a casos del 2015. Nuestra institución ya ha contestado la demanda del Fisco, sosteniendo que no corresponde la devolución de los fondos, como lo pretenden y se necesita distinguir las razones, circunstancias y época en que los beneficiarios abandonaron los estudios".

"Además, hemos sostenido que, en este caso el Fisco procede de manera legalmente infundada en las actuaciones administrativas de cobro. Tenemos por tanto la convicción de que, en su momento, los tribunales de la República restablecerán el imperio del derecho", dijo.

En este sentido, el diputado Patricio Rosas, quien rechazó la iniciativa, señaló que "en el Frente Amplio tenemos criterios que son de largo plazo. Nuestro trabajo es transitorio, pero las leyes quedan y entonces debemos legislar de acuerdo a leyes que en el futuro van a plantear el modo de uso de la fuerza, sobre todo en algo tan complejo por parte de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la policía. No podemos dejar la puerta abierta a abusos. Ceder en el derecho del uso de la fuerza debe ser muy bien pensado".

Rosas agregó que "los diputados que votamos en contra, esperamos que en el Senado se corrija las posibles ventanas que queden abiertas para el abuso. Esa una discusión más profunda y menos mediática, que tiene que ver con las puertas que puede haber para excepcionar la buena fe que se le está entregando a las personas que usan la fuerza".

En tanto, el diputado independiente Bernardo Berger calificó la aprobación de la ley como "un gran avance en el combate contra la delincuencia" y aseguró que "este es un primer gran paso para apoyar el trabajo de nuestras policías y un claro mensaje de que el monopolio de la fuerza deja de estar en manos de los delincuentes. Carabineros necesita las herramientas que les permitan responder con fuerza al crimen, protegerse de los delincuentes y así puedan volver a sus hogares diariamente".

Para Berger, "con esto, estamos demostrando que Chile no quiere más delincuencia y que nuestros carabineros y policías ya no serán tratados como agresores, sino como víctimas cuando deban ejercer la fuerza en el marco de su trabajo".

Por su parte, el diputado PS Marcos Ilabaca valoró la agenda legislativa para combatir la delincuencia: "Efectivamente, hay algunas mejoras en la norma de legítima defensa privilegiada, esa es una norma que nosotros presentamos, en particular con la bancada del Partido Socialista, de la cual soy coautor. Creemos que es posible mejorarla y el Ejecutivo nos ha dado ciertas señales respecto a esta norma que esperamos sea consagrada rápidamente en el Senado".

Ilabaca agregó que espera "las indicaciones que va a presentar el Gobierno, porque son necesarias. La Cámara de Diputados ha dado una señal concreta en orden de apoyar el trabajo de nuestra policía y se está desarrollando la agenda legislativa en orden a proteger a la ciudadanía, que es una materia de todos".

Los diputados por Los Ríos Patricio Rosas, Bernardo Berger y Marcos Ilabaca explicaron públicamente el porqué de sus votaciones en la Cámara en el proyecto de la Ley Nain-Retamal, que aumenta las penas por delitos cometidos contra funcionarios policiales y entrega más herramientas para que las policías realicen su trabajo (ver nota página 10).

La Dirección Regional de Aguas del MOP Los Ríos ejerció su facultad de vigilancia de las aguas en los cauces naturales de uso público y acuíferos. Tras analizar los antecedentes de la fiscalización realizada a dos empresas de áridos, se determinó que ambas cometieron infracciones al Código de Aguas, por lo que se resolvió aplicar multas a beneficio fiscal.

El primer caso corresponde a la empresa Áridos del Sur Limitada, en la comuna de Máfil, por extracción no autorizada de aguas subterráneas, con una multa de 612,372 UTM (37 millones 825 mil 606 pesos). El segundo caso se refiere a Áridos del Sur SpA, en la comuna de Mariquina, por extracción no autorizada de aguas y negar una vez el ingreso del fiscalizador, deterioro de la calidad del agua subterránea y construcción de un embalse sin autorización, con una multa de 554,59 UTM ($34 millones 256 mil 469).

Nuvia Peralta, seremi de Obras Públicas explicó que, "la Unidad Regional de Fiscalización y Medioambiente de la DGA investiga las denuncias formales ingresadas por terceros en forma presencial o vía página web y también realiza fiscalizaciones cuando toma conocimiento de alguna situación irregular".

En el caso de Áridos del Sur Limitada, se constató que la empresa extraía aguas subterráneas del acuífero denominado río Valdivia, sector hidrogeológico de aprovechamiento común río Cruces, sin contar con el derecho de aprovechamiento de agua respectivo y las utilizaba para los fines productivos de la actividad económica que ejecuta la empresa.

Francisca Vergara, directora regional de Aguas, comentó que "La DGA otorga derechos de aprovechamiento de aguas acorde con la disponibilidad existente del recurso y con lo establecido en el Código de Aguas. Es obligatorio inscribirlos en el Conservador de Bienes Raíces para garantizar transparencia y legalidad. La extracción de agua sin un derecho es una infracción al Código de Aguas y en este caso se ha ordenado la paralización inmediata por parte de las empresas en cuestión".

En el caso de Áridos del Sur SpA, en el sector Santa Rosa, comuna de Mariquina, se ordenó paralizar de forma inmediata la extracción de aguas subterráneas desde la captación donde tienen ubicadas electrobombas y desde cualquier otro punto en el predio Fundo Santa Rosa Lote P. Además, se debe tramitar con la DGA la autorización por el embalse construido, que tampoco ha sido evaluado ambientalmente.