Redacción

La Contraloría General de la República objetó ayer la compra de la exclínica Sierra Bella por parte del Municipio de Santiago, liderado por la alcaldesa Irací Hassler (PC), por precio injustificado, con lo cual asestó un duro golpe a la jefa comunal, quien ha defendido tanto la adquisición del inmueble como su transparencia.

Por este motivo, el organismo fiscalizador decidió abrir un sumario administrativo al interior del municipio para determinar las responsabilidades administrativas en el hecho, y por "incumplir la instrucción de congelar acciones para materializar la compraventa".

La resolución expresa que en abril de 2022, el municipio solicitó tasaciones de un primer inmueble ubicado en calle Carmen 35, recibiendo precios entre 86.440 UF y 87.500 UF.

Posteriormente, al no concretarse la compraventa, se pidió a los mismos profesionales tasar el inmueble de calle Sierra Bella 1181, las cuales fluctuaron entre 232.843 UF a 235.600 UF. Fue en ese momento en que el municipio ofertó 234.124 UF ($8.252.873.341), precio que fue aceptado por la inmobiliaria dueña de la ex clínica.

La Contraloría constató "una gran diferencia entre el precio pactado por el municipio (…) en relación al precio en que fueron previamente adquiridos los inmuebles por parte de la empresa vendedora", antecedentes que, a juicio del ente fiscalizador habrían sido tenidos en cuenta por el municipio.

Además, se advirtió que las tasaciones comerciales que sirvieron al municipio para determinar el justo precio, "superan en aproximadamente cuatro veces el avalúo fiscal".

Contraloría detalló que el 9 de abril de 2021, el inmueble fue ofertado a través de un aviso con un monto de 95.000 UF, "precio notoriamente inferior al propuesto a pagar por el municipio"

También se observó que las tasaciones encargadas, presentaron inconsistencias como falencias en el lote tasado, falta de información y de justificación de valores, entre otras situaciones.

En conclusión, el ente contralor determinó que "no es posible tener por fundamentado el gasto, debiendo el municipio adoptar las medidas que garanticen la correcta administración y resguardo de los recursos municipales en un plazo de 15 días hábiles. Por este hecho, la Contraloría llevará cabo un sumario".

En su conclusión, indica que "no es posible tener por fundamentado el gasto de recursos públicos ascendente a $8.252.873.341, que pretendería efectuar aquel municipio, especialmente, si se consideran los principios de eficiencia, eficacia y economicidad que rigen el actuar de los órganos de la Administración del Estado".

La resolución señala que el municipio pretendía otorgar prestaciones "que excederían del nivel propio de la atención primaria de salud".

Municipio

Frente al dictamen, la municipio instruyó acatar la resolución en su totalidad y anunció que no perseverará con la compra.

De igual forma, la alcaldesa Irací Hassler ordenó la realización de acciones administrativas internas e incluso indicó que "en orden a los antecedentes informados por el ente contralor, la Municipalidad ejercerá acciones legales por las tasaciones".

Desde la municipalidad destacaron que "no se ha efectuado ningún pago en relación a esta compra, por lo que no hay afectación al patrimonio municipal".

Finalmente, lamentaron los reparos a que "Santiago cuente con una clínica municipal, proyecto que además iba a albergar al Cesfam Padre Orellana, que requiere urgentemente, de un recinto para funcionar, por lo que la alcaldesa ha instruido continuar en la búsqueda inmediata de alternativas para ello".

PIDEN denunciARLA

La oposición, sin embargo, arremetió con todo contra la alcaldesa. a través de los diputados de la UDI, Juan Antonio Coloma, Marta Bravo y Daniel Lilayu, quienes llamaron a los concejales de Santiago a denunciar a Hassler por notable abandono de deberes.

Arguyen que, pese a que la Contraloría ya había ordenado suspender la compra, la operación seguía adelante hasta ayer. "Se configuran todas las causales necesarias para que los concejales de Santiago se atrevan a denunciar a la alcaldesa Hassler por notable abandono de deberes", dijeron los legisladores, que calificaron el informe de Contraloría como "lapidario" y también apuntaron al subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo (PC), quien había justificado la compra de la exclínica pidiendo "investigar la diferencia entre avalúo fiscal y tasación".

El Fondo Monetario Internacional (FMI) cree que Chile necesita una reforma fiscal "lo antes posible", dijo ayer el director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk.

"Creemos que hay un gran número de gastos prioritarios en la economía, incluido el gasto social, que sería importante financiar, y eso requiere más ingresos", dijo el experto.

Chalk aseguró que desde el Fondo ven "ideas muy buenas", y lo necesario ahora es que el Gobierno pueda trabajar junto al Congreso chileno y se pongan de acuerdo para implementar una reforma fiscal "lo antes posible".

Con todo, el experto dejó claro que el marco institucional del país, en cuanto a política fiscal y monetaria, es "muy robusto", algo que se puede ver en la cantidad de inversores internacionales.

El pasado 8 de marzo, la Cámara de Diputados rechazó tramitar la reforma tributaria del presiente Gabriel Boric, una de sus promesas de campaña que buscaba recaudar 3,6% del PIB en cuatro años para apuntalar otras grandes reformas.

"Cuando el país comienza a mostrar señales de recuperación, empezamos a salir adelante de una crisis larga, hay un sector que intenta que las cosas no cambien, dejarlas tal como están", apuntó entonces el mandatario.

El experto del FMI se refirió precisamente a esta recuperación de la actividad económica chilena tras la pandemia y explicó que el país está operando incluso por encima del ritmo previsto antes de la crisis.

En este sentido, relativizó las recientes predicciones del Fondo sobre el crecimiento, que proyecta una contracción del 1% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2023, aunque el país se recuperará y para 2024 crecerá un 1,9%.

Los líderes del Senado y de la Cámara de Diputados, Juan Antonio Coloma y Vlado Mirosevic, respectivamente, anunciaron al cierre de esta edición un acuerdo para acelerar 31 iniciativas de ley en materia de seguridad.

Los proyectos que tengan relación con la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, se legislarán tres plazos: durante las próximas semanas, dentro de los siguientes 75 días, y en los próximos 150 días.

Las normas a discutir y el orden en que se hará el trámite de cada una serán anunciadas en los próximos días.

El ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el decreto mediante el cual se fijan los preciosde la energía eléctrica en el país, congelados desde 2019 debido a la pandemia.

El incremento en los valores de clientes residenciales será de entre 2,5% y 16,5%.

Se estima que el 90% de los hogares sufrirá un alza de 2,5%, ya que presenta consumo inferior a 350kWh (boletas de entre $40.000 y $60.0000).

"Un 90% de los clientes residenciales no van a ver un aumento de sus cuentas en electricidad superior al IPC acumulado", afirmó la vocera de Gobierno, Camila Vallejo.