Efe

Un mes después de que el Congreso chileno rechazara la reforma tributaria, proyecto estrella del presidente Gabriel Boric, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, está convencido de que quien perdió fue la ciudadanía y confía en que los partidos alcancen un consenso para poder aprobar una nueva norma.

Esto sucederá, en cualquier caso, después de las elecciones del Consejo Constitucional del 7 de mayo, cuando "el escenario político esté más tranquilo", contó a agencia Efe en una entrevista en Washington, donde estuvo esta semana para participar en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial.

Desde la capital estadounidense, quien fuera presidente del Banco Central y es hoy uno de los ministros mejor valorados de la administración de Gabriel Boric, defendió las perspectivas de la economía chilena, pese a las pobres estimaciones de crecimiento para el país.

-Según distintos organismos internacionales y el propio FMI, Chile será uno de los únicos países de la región que decrezca este año. ¿A qué se debe?

-Al punto desde el cual partía la economía. Los últimos datos de 2022 dicen que la economía va a partir más arriba de lo que se estaba pensando y eso es suficiente para que cambien significativamente las proyecciones (...) Las previsiones para la economía chilena no son reveladoras de debilidad económica sino de que se debía hacer un ajuste después de las políticas sobreexpansivas de 2021, y ya se produjo.

-¿Cómo ven en Washington a Latinoamérica?

-Lo más importante, y en lo que hemos tenido más ruido y preocupación, es el sector financiero. No es un tema en el que América Latina sea particularmente débil, al contrario, tiende a tener una banca más capitalizada que en otras partes del mundo. Por otro lado, la evolución de los precios de las materias primas va a ser favorable y eso hace que América Latina este año se vea mejor en términos relativos.

-Durante su visita a Washington, ¿se ha reunido con inversionistas internacionales? ¿hay preocupación sobre la economía?

-Sí. Lo que hemos visto hasta ahora es que la visión sobre la economía chilena ha estado mejorando y se la ve como una economía más solida en la que se han hecho las tareas. El ajuste monetario ya ocurrió. El año pasado fue un año de fuerte consolidación fiscal. La incertidumbre se ha reducido de manera significativa y eso repercute en la manera en que se ve a nuestro país.

-El Banco Central cree que la economía chilena enfrenta un escenario "complejo" por la prolongada alta inflación. ¿Cuándo conseguirá Chile doblegar la inflación?

-Acepto que el Banco Central, siendo un organismo autónomo, en materia de estabilidad financiera siempre tiene que estar preocupado por los riesgos. No es que nosotros no estemos. Es importante tener claro hacia dónde nos estamos dirigiendo y lo que observamos es que en la inflación todos los determinantes se están moviendo en la dirección de reducirla (...) Las proyecciones son que va a estar bajo el 10% en mayo y va a terminar el año entre el 4 y el 5%.

-La Tasa de Política Monetaria lleva en 11,25% desde octubre. ¿Es hora de empezar a bajarla?

-Eso lo tienen que resolver en el Banco Central. Nosotros somos muy respetuosos de la autonomía.

-La Cámara de Diputados rechazó hace un mes su reforma tributaria, ¿ha digerido ya el golpe para el Gobierno?

-Es un golpe que no solo recibió el Gobierno sino también la ciudadanía. El apoyo ciudadano a la reforma creció después del rechazo en la Cámara y eso ha hecho que algunos de los partidos que promovieron el rechazo hoy día estén buscando colaborar para encontrar un nuevo camino. El Gobierno desde el primer momento dijo que iba a buscar otras vías y hemos estado con eso durante todo el último mes.

Se echó a andar un diálogo entre actores sociales y económicos que va a terminar la próxima semana (...) Estamos buscando ver cuáles son los ajustes que requeriría el proyecto para reiniciar el trámite legislativo. Nosotros hemos sido claros en que no vamos a insistir en el mismo proceso que se rechazó.

Estamos en el proceso de reestructurar esa propuesta. Probablemente después de las elecciones ya entren en tierra derecha. Es difícil que eso pueda prosperar antes. Después sí, el escenario político va a estar más tranquilo para que los distintos partidos puedan abordar esta iniciativa.

Frente a la discusión que durante estas semanas se ha tomado la agenda constitucional, cabe realizar algunas distinciones que, a pesar de su trascendencia, han tendido a olvidarse. La quinta base del acuerdo constitucional no sólo establece el comentado Estado social y democrático de derechos, sino que también fija sus fines y el modo de alcanzarlos. Así pues, el fin propio del Estado social es "promover el desarrollo progresivo de los derechos sociales" y la manera de lograrlo es a través de instituciones públicas y privadas. En otras palabras, lo propio del Estado social chileno será garantizar derechos sociales mediante la colaboración público-privada, y aquello ha sido reconocido transversalmente al interior de la Comisión Experta. Ahora bien, ¿en qué consiste esta colaboración?

En primer lugar, consiste en un trabajo conjunto, aunado, no excluyente. Esto implica que, en principio, no deben existir derechos sociales inmunes a la intervención pública o privada. Pero también supone un trabajo simultáneo, donde el Estado brinda todas las condiciones y herramientas necesarias para que las distintas asociaciones, según su propia naturaleza, ofrezcan prestaciones sociales a quienes las necesitan. En algunas ocasiones su actuación será más intensa que en otras, pero siempre deberá estar presente. Por tanto, lo suyo consiste en apoyar, o en otras palabras, posibilitar la vida social.

En segundo lugar, promover los derechos sociales a través de instituciones públicas y privadas significa que el Estado debe tomar en serio las distintas visiones de mundo que inspiran a las organizaciones de la sociedad civil. Dicho de otro modo, debe permitir el despliegue plural de todos los énfasis, tonos y perspectivas en la satisfacción de derechos sociales, y contribuir a su desarrollo institucional. De otra forma, la participación privada será sólo formal, una frase para el bronce carente de contenido real, cuyas repercusiones promoverán la uniformidad en lugar de la vitalidad social.

En tercer término, lo anterior lleva aparejado la posibilidad de elegir entre el catálogo de instituciones que proveen bienes públicos, tales como la educación o la salud. De poco sirve que el Estado garantice la debida pluralidad de servicios sociales si luego los particulares, por vía administrativa o legislativa, se encuentran con restricciones excesivas a la hora de elegir el proveedor que más se adecue a sus preferencias personales o familiares. Probablemente, la labor del Estado en ese sentido sea hacer menos gravoso de lo que es hoy optar por aquellos servicios que controla directamente, y permitir que el campo electivo se amplíe para todas las familias chilenas. Pero dejar fuera la libertad de elegir es, en última instancia, negar la colaboración público-privada establecida en las bases.

En conclusión, la provisión público-privada de derechos sociales se juega en sus consecuencias específicas, no en su declaración a nivel formal. No cabe duda de que muchas de ellas, por su detalle, deberán ser materia de ley o reglamento, pero al menos deberían constitucionalizarse aquellos principios que hagan posible el trabajo en conjunto, la pluralidad de instituciones y la libre elección.

"De poco sirve que el Estado garantice la debida pluralidad de servicios sociales si luego los particulares (...) se encuentran con restricciones excesivas a la hora de elegir el proveedor que más se adecue a sus preferencias".

Profesor de Derecho Constitucional e investigador Polis, Observatorio Constitucional de la U. de los Andes.