La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, dijo que el foco en la discusión sobre cómo mejorar el sistema de pensiones en el país, no debe estar en si participan entidades con fines de lucro o no en el sector, "sino en cómo nos hacemos cargo de que no se puede sostener las pensiones solo basándose en el ahorro individual".

La secretaria de Estado participó de la interpelación que le hizo la Cámara de Diputados, con el objeto de revisar temas propios de su cartera, incluyendo los cambios que necesita el sistema de pensiones y los montos que se entregan a quienes jubilan.

Consideraciones

Zaldívar fue interpelada por el diputado socialista Marcelo Díaz, quien le pidió explicar cuántos chilenos han accedido realmente a la promesa de la Asociación de AFP de que accederían a una pensión equivalente a su sueldo este año.

"Esa promesa no ha sido cumplida. Hay un porcentaje mínimo de la población que ha visto el 100% de su sueldo en su pensión", respondió la ministra. "Por eso es necesario modificar el sistema de pensiones", añadió.

La autoridad expuso que "los sistemas de pensiones se construyen en base a los ahorros" y el problema es que en Chile las personas trabajan más de 30 años, pero muchas tienen cotizaciones por solo 15. Zaldívar reiteró que el Gobierno busca en la reforma previsional construir un ahorro en base a tres pilares: el ahorro individual, el solidario con cargo al empleador y el solidario ya existente, que proviene del Estado.

También dijo que en el sistema se necesita una entidad fiscal robusta que administre la nueva cotización de cargo del empleador, la participación de más actores y "redibujar las reglas con que las administradoras han estado desarrollándose". Para el Gobierno, afirmó, es importante que las personas tengan la opción de elegir quién administra sus recursos. "Si el que administra es con o sin fines de lucro, el punto es que no vamos a sostener una pensión en 30 años solo basada en el ahorro individual", dijo.

La suspensión de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) de Historia en todo el país debido a la filtración de un facsímil y las acciones penales que anunció el Gobierno contra quienes llamaron a boicotear y contra quienes protagonizaron desórdenes durante la realización del examen, marcaron la segunda jornada de aplicación del test a nivel nacional.

El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la Universidad de Chile informó que ayer se sumaron 50 locales a los 86 donde se suspendió la prueba el día anterior debido a protestas, tomas y otros incidentes alrededor de los establecimientos. Así, la PSU no se pudo aplicar ayer en 136 recintos del país.

El Presidente Sebastián Piñera se refirió a esto último: "297 mil jóvenes debían rendir PSU, pero más de 80 mil no pudieron porque un grupo de violentistas les arrebató ese derecho. Los violentistas serán juzgados y sancionados por la justicia y los estudiantes tendrán otra oportunidad de rendir la prueba e iniciar una nueva vida en la educación superior".

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel y el subsecretario Juan Francisco Galli, rechazaron "categóricamente las acciones de fuerza que impidieron a miles de estudiantes ejercer su derecho para acceder a la educación superior" y detallaron que "como ministerio hemos iniciado un conjunto de acciones penales por daños y destrozos, contra quienes atacaron a carabineros o alteraron el orden público y contra quienes realizaron filtraciones", así como contra "quienes hayan promovido la interrupción de la PSU". Ya hay 16 personas individualizadas por desórdenes.

Vía instagram

A las 13 horas, la Universidad de Chile fue alertada de la filtración de un facsímil de la prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, a través de una cuenta privada de Instagram. Este examen era el cuarto y último y estaba fijado para las 14.30 horas. A las 13:56 horas el Demre envió un correo electrónico a los jefes de los recintos para anunciarles la suspensión.

La directora del Demre, María Leonor Varas, explicó que la suspensión se decidió porque si bien solo se divulgó una forma de la prueba de Historia, esta comparte preguntas con las otras tres dispuestas. Los 202.124 inscritos para rendir la PSU de Historia no pudieron hacerlo.

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, indicó que se pidió "una completa investigación y fiscalización al Demre para que haya claridad sobre los protocolos que pueden haber fracasado y puedan determinarse las responsabilidades". Sobre la filtración del facsímil y los hechos de violencia con los que se buscó impedir la aplicación del examen, la secretaria de Estado dijo que esta vez, a diferencia de otras, "la violencia tuvo cara y tuvo nombre", y que por esto la Fiscalía no tiene disculpas para hacer valer la ley.

"Es un hecho ciertamente grave que dará lugar a investigaciones administrativas y jurídico-penales", consideró el vicepresidente del Consejo de Rectores (Cruch), Aldo Valle. "Vamos a concurrir ante el Ministerio Público para que se hagan efectivas las responsabilidades. Este ilícito no puede quedar en la impunidad", agregó el rector.

La directora de Demre dijo que la rendición de la prueba de Matemática (la primera de ayer) "fue muy dura, muy violenta" y agregó que también se filtró un facsímil de dicho examen, pero que se hizo "muy al límite de su comienzo", por lo que no quedó invalidado y, al igual que Lenguaje y Ciencias, será considerado en los puntajes. El Cruch definirá mañana cómo seguir con el proceso y qué pasará con quienes no pudieron dar la prueba de Historia. Ayelén Salgado, de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), dijo que la cancelación de la prueba de Historia "es un triunfo para el pueblo" y para quienes dicen "No+PSU".

2020, es el último en que la PSU es coordinada por el Demre, según lo establece la ley de educación superior, recordó ayer la ministra Marcela Cubillos. Será el Mineduc el que se hará cargo en adelante.

Decenas de apoderados llegaron al Colegio Alexander Fleming de Las Condes para resguardar el recinto y evitar protestas en el marco de la rendición de la PSU. Algunos usaron chalecos amarillos para identificarse. En varios establecimientos del país, apoderados se quedaron a esperar a sus hijos ante un eventual problema.

La diputada de Comunes Camila Rojas, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, precisó que la instancia citó a representantes del Demre, el Cruch y el Ministerio de Educación para hablar de la PSU. "La situación se agravó hoy (ayer) y es más necesario tomar medidas", afirmó.