Juan Carlos Hernández G.

En un fallo histórico, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) condenó a la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional) a pagar una multa de poco más de 2,3 millones de dólares (3.145 Unidades Tributarias Anuales), por exigir en su momento el pago de la cuota de incorporación a los equipos que ascendían de la Segunda División a la Primera B del fútbol profesional. Además, el mismo fallo del tribunal se ordena el término inmediato de dicho cobro. Ahora, las partes involucradas disponen de 10 días hábiles para interponer un recurso de reclamación ante la Corte Suprema.

Este requerimiento tuvo a Deportes Valdivia a punto de no poder hacer uso del cupo que ganó en cancha, como campeón de la Segunda División en la temporada 2015-2016. El pago exigido en las bases de la ANFP era de 50 mil Unidades de Fomento.

Entre varias gestiones, el 17 de mayo de 2016 el diputado Iván Flores encabezó una denuncia grupal ante la Fiscalía Nacional Económica.

Luego y para poder participar en la competencia, Deportes Valdivia -presidido entonces por José Gandarillas- pagó al contado una primera cuota de 25 mil UF, quedando el saldo de las otras 25 mil UF para pagar en 18 meses, situación esta última que no se produjo, ya que la ANFP modificó el valor de la incorporación.

Sentencia

Ahora, en su sentencia el TDLC acogió la acusación que en febrero de 2018 formuló la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y señala textualmente que "la Cuota de Incorporación tuvo el efecto de limitar la capacidad competitiva y deportiva de los clubes que la pagaron" y que dicho cobro se ha transfomado en "una barrera artificial que obstaculiza el ingreso al mercado o, en caso que se logre ingresar, entorpece el desempeño competitivo del entrante".

A través de la página de la FNE, el fisnal nacional Ricardo Riesco manifestó que "esta sentencia elimina una conducta que ha afectado la competencia en el fútbol nacional y ratifica que el trabajo de la FNE y la institucionalidad de libre competencia se aplica a todos los mercados sin distinción y a toda clase de conductas sancionadas por el DL 211, incluyendo a aquellas de carácter unilateral que no involucran acuerdos entre competidores".

En su requerimento, la Fiscalía Nacional Económica argumentó que al igual que en la gran mayoría de las ligas de fútbol profesional en el mundo, el sistema chileno opera bajo la modalidad de ligas abiertas. O sea, incorpora mecanismos de movilidad entre las distintas categorías, en función de sus resultados deportivos y que la ANFP la forman más de 40 clubes organizados en tres categorías: Primera División, Primera B y Segunda División.

Agrega la FNE que "esta última categoría fue creada a fines del año 2011, época en la cual también se estableció una cuota de incorporación de UF 50 mil (más de $1.100 millones a esa fecha) que debía pagar el campeón del ascenso de Segunda División para acceder al torneo de Primera B. Además, se estableció que se destinaría el 50% de dicho monto a una indemnización al club que descendiera de Primera B".

Luego, en noviembre del 2017, el Consejo de Presidentes de la ANFP decidió que la cuota y la indemnización por descenso serían de 24 mil UF.

También, la Fiscalía Nacional Económica afirmó ante el Tribunal de la Libre Competencia que "la cuota de incorporación no fue impuesta con el propósito de perfeccionar la organización de los torneos deportivos, ni de mejorar las condiciones en que se desarrolla la actividad" y que "las restricciones a la competencia que la conducta provoca son innecesarias y completamente desproporcionadas para la consecución de los objetivos que la ANFP decía perseguir".

En este contexto, el TLDC concluyó que "la ANFP no basó sus decisiones acerca de dicha cuota en argumentos razonados de índole económico, menos aún de libre competencia, sino que todo indica que las decisiones adoptadas en el seno del Consejo de Presidentes estuvieron basadas en el deseo de proteger los intereses de los clubes que participan regularmente de los campeonatos de la Primera B".