El gobierno está hoy en un punto crítico para su supervivencia como coalición, todo a propósito de la inflexión que significa el proyecto que busca que los cotizantes puedan retirar hasta el 10% de sus ahorros previsionales desde las AFP.

El Ejecutivo está enfrentado, con su negativa, a una demanda de alta popularidad y con un creciente apoyo de los congresistas, muchos de los cuales son incluso de su mismo sector.

Son las consecuencias de una gestión cuestionada en demasiados ámbitos y que ahora se ve atorada con una discusión impensable hasta hace algunos meses, pero que fue abierta ante la impericia de una administración que sigue sin entender el país que emergió el 18 de octubre, pero que en estricto rigor, ya mostraba enormes signos de lo que estaba en ciernes.

Hoy, la cuenta corriente, política y económica del gobierno es cada vez más exigua y un posible veto a la moción significará un golpe duro para la opinión pública que ve en esta opción, tanto un respiro financiero, como un castigo a las administradoras que han hecho poco por mejorar su imagen y explicar en qué consiste su trabajo.

Por otro lado, si el proyecto no prospera, los efectos serán igualmente complicados para todos estos sectores, mismos que están en los espacios de retaguardia en el respaldo cívico. Allí menos puede esperarse una discusión seria del asunto.

Son los efectos de una crisis sistémica casi completa y que, como ya hemos dicho antes, incluye ausencia de liderazgos, de credibilidad y de planes.

La única opción que tiene el Ejecutivo entonces para evitar discutir un proyecto malo para la población es presentar un plan robusto de apoyo a quienes hoy sufren las consecuencias de la crisis.

Demás está decir que Chile requiere también un nuevo pacto social, esto es indispensable a la luz de lo que vemos, cuando cada centímetro de la acción política está conflictuada por el enfrentamiento entre la demanda de lo que puede hacerse y lo que se demanda. Seguir negando aquello, algo que es mucho más profundo que la construcción de una nueva Constitución, es de una ceguera total e irresponsable ante la historia nacional.

Hemos sido persistentes con nuestra postura frente al alza desmedida e inédita de los avalúos agrícolas para el 2020 que tienen una subida sin precedentes y que no guarda relación con el desempeño económico del sector en la zona sur. Diversos actores gremiales y especialistas en la materia han sido claros en afirmar que es una medida que no tiene sustento y que debe suspenderse o modificarse.

Sin embargo, nos hemos encontrado con un Ministerio de Hacienda sesgado por un SII obtuso y porfiado, incapaz de darnos respuestas satisfactorias a esta situación que afecta a la mayoría de los agricultores (52%). Si comparamos el reavalúo actual con el último del año 2016, se aprecia un incremento promedio enorme de 132%.

Encontramos una desprolijidad nunca antes vista los cálculos que el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha realizado y no se enfocó en la realidad, sino más bien en la especulación inmobiliaria de las ventas de parcelas de agrado.

Los avalúos fiscales no son una tasación comercial, ni distinguen la capacidad de gestión de los propietarios, como ocurre en las tasaciones bancarias, que tienen por finalidad evaluar el riesgo para una operación financiera. Usar tasaciones bancarias como fuente de información o transacciones de predios que pasan al sector inmobiliario, que pagan sus impuestos correspondientes y salen del sector productivo, es un error y puede inducir a interpretaciones equivocadas.

La posibilidad de recurrir a través de reclamaciones en las ofIcinas del SII, ante el alza, no es una alternativa real, toda vez que el país está bajo un Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Pandemia, que restringe en forma severa las posibilidades de desplazamiento de las personas, limitando también los horarios de atención en oficinas públicas y privadas, las que operan con menos funcionarios y bajo condiciones que fomentan el distanciamiento físico. Estos trámites de cara´cter presencial para aportar antecedentes, exponen de forma innecesaria a un eventual contagio a los afectados y funcionarios del Servicio

Cabe recordar que en tiempos de pandemia, se requiere del compromiso y aporte de los agricultores para mantener e incrementar la producción de alimentos, motivo que debiera ser más que suficiente para proteger la actividad y no golpearla. Por ello, proponemos suspender la aplicación de los nuevos avaluos y revisar para modificar la metodología de cálculo para evitar que una situación similar se repita en el futuro.

Víctor Valentin Presidente de SAVAL FG