La Subsecretaría de Desarrollo Regional ha informado que tras cumplirse tres años desde la vigencia de la ley N.º 21.020 de tenencia responsable de mascotas, se han registrado más de un millón 300 mil animales de compañía en el país, a través de un microchip que contiene los datos del propietario, a quien se hará responsable si la mascota es encontrada sola en la calle.

Se recuerda que en enero de 2017, tres personas golpearon hasta la muerte a "Cholito", un perro abandonado que deambulaba en la comuna de Recoleta, lo que dio lugar a la aprobación de la ley de tenencia responsable, que obliga a registrar las mascotas, apoya a los municipios y a las gobernaciones para impulsar programas de esterilización y otorga penas mayores a quienes sean sorprendidos en maltrato animal. La normativa fija la responsabilidad de los dueños y también impulsa el control poblacional a través de programas de esterilización masivos.

El subsecretario de Desarrollo Regional, Juan Manuel Masferrer, ha señalado que implementar esta ley no ha sido fácil dado que en la tenencia responsable de mascotas hay muchos aspectos que se deben considerar e implica -sobre todo - un cambio de mentalidad respecto a los derechos de los animales. Respecto a las denuncias por maltrato o abandono animal en el contexto de la ley Cholito, según datos del Ministerio Público, durante 2018 se presentaron 2.500 casos, mientras que en 2019 subieron a 3.567 y en lo que va de 2020, ya se han registrado 860.

Pero si bien la legislación ha representado un importante avance al llevar un registro de las mascotas y al tratar de mantener el control de la población de animales, y desarrollar programas de atención gratuita en muchas comunas, es evidente que aún falta mucho por avanzar. Con frecuencia los medios de comunicación recogen las denuncias por ataques de perros a los transeúntes y por la sobrepoblación de estos animales - muchos de ellos enfermos - cuyos dueños los han abandonado, desentendiéndose de su responsabilidad.

Es importante precisar que las familias que no tengan claro lo que significa cuidar una mascota, para darle cariño, alimento y cuidado, más vale que no asuman esa delicada responsabilidad, porque lanzarlas a la calle o -peor aún- ir a botarlas a una carretera o camino rural, es un acto de crueldad, de maltrato e inhumanidad.

Algo no está funcionando. Los recientes hechos de violencia que han afectado a la región, específicamente en la comuna de La Unión, nos obligan a recordar que somos vecinos de La Araucanía y, por tanto, podemos sufrir actos delictivos similares y también vernos perjudicados. Y puede ser peor, si no se toman medidas más efectivas.

Más allá de la tipificación del delito, lo que como gremio hemos estado exigiendo a la autoridad, a través de distintas acciones a nivel nacional como local, es la restitución del Estado de Derecho como tal, y que el Gobierno de turno pueda de una vez por todas implementar un sistema de inteligencia que funcione, ya que su reacción tardía está siendo recurrente y nos tiene sumidos en la tensión, la desconfianza y el miedo.

A nivel nacional, hemos estado trabajando con las autoridades a través del Consorcio Agrícola del Sur (CAS), para proteger lo que por generaciones nos ha costado sudor y lágrimas construir, y preocupándonos de contar con las condiciones necesarias de trabajo para el debido abastecimiento de alimentos. No vamos a abandonar a nuestros trabajadores y a todo el mundo rural en su conjunto.

Tenemos el derecho de exigir a los representantes del Poder Ejecutivo, a los parlamentarios, a jueces y fiscales, que instauren desde sus respectivos cargos, lo que todo país espera de sus autoridades: un buen gobierno, la justicia y la paz.

A su vez, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) ha participado permanentemente en reuniones con el Ejecutivo para abordar la escalada de violencia que se vive en el sur del país, donde buscamos saber cómo podemos aportar. Los agricultores conocemos de cerca el conflicto, por ser de los más afectados, por lo que no confundimos a violentistas con el pueblo mapuche, y confiamos en el poder del entendimiento y el trabajo conjunto para combatir la pobreza y el rezago.

Pero nuestro foco está en la zona y, a nivel regional, participamos la semana pasada de reuniones con otros gremios para analizar la situación actual, pero además para revisar cómo podemos mantener el sector productivamente.

El diagnóstico es claro. La autoridad no ha definido una hoja de ruta y carece de proyectos de inversión para dinamizar nuestro sector, generar empleo y construir bienestar social para nuestras comunidades. Ya no queremos más discursos ni compromisos, necesitamos un pronunciamiento categórico de las Autoridades del Estado que entreguen certezas y acciones concretas para nuestra región, antes de que sea tarde y la gravedad de estos problemas sobrepase más límites.