Buenas noticias para la región y el país es el anuncio de subsidio al empleo que aplica el gobierno desde ayer y que tiene como meta crear o garantizar un millón de puestos laborales a nivel nacional y para lo cual serán invertidos 2 mil millones de dólares, que se traducirán en aportes a quienes mantengan a trabajadores, o incluyan a nuevos.

Según lo informado, habrá un 50% de la remuneración a la renta mensual bruta para los hombres contratados, con un tope de 250 mil pesos; pero ese porcentaje subirá a 60% cuando se contrate a una mujer, a un joven entre 18 y 24 años, o a una persona con discapacidad. En este caso el tope será de 270 mil pesos mensuales.

Aunque la ayuda solamente se extenderá por seis meses, esta discriminación positiva es buena para zonas como Los Ríos, cuya tasa de desempleo llegó a 14,2 % en el último trimestre informado y que, entre los cesantes, tiene a una de cada cuatro mujeres que antes trabajaban fuera del hogar.

También es buena para las empresas del área del turismo, el comercio y los servicios, que han sido las más golpeadas por la pandemia debido a la baja sustantiva de actividad en los últimos meses. Se calcula -de acuerdo a cifras de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) - que un quinto de los empleos que genera este sector se perdió en este período.

Para quienes debieron acogerse a la ley de protección al empleo (suspensión laboral, pérdida de sueldo, pero mantención de cotizaciones) también será favorable. Habrá un subsidio de 160 mil pesos por cada reincorporado a las empresas afectadas por la pandemia y que muestren 20% de pérdidas.

En Los Ríos, de acuerdo a la Superintendencia de Pensiones, hay un total de 5.480 solicitudes de suspensión laboral aprobadas.

Todo lo anterior implica nuevas oportunidades para la reactivación. Pero, es necesario que el gobierno y las autoridades a cargo del plan velen para que los beneficios lleguen de manera sencilla y real a quienes los requieren. Esto implica trámites simples y acompañamiento continuo, pues en esta materia y en la situación actual, los anuncios no bastan.

La Portabilidad Financiera, contenida en la ley 21.236, entró en vigencia el 8 de septiembre y viene a instalarse como un cambio sustantivo en los hábitos del mercado bursátil nacional, estableciendo una franquicia inédita hasta ahora en favor de los clientes del sistema.

En tal sentido, quiero invitar a la ciudadanía, especialmente a los emprendedores, a aprovechar los beneficios de la Portabilidad Financiera.

Este fue un proyecto en que hubo un consenso general, porque la movilidad en materia financiera significa, en términos simples, introducir más competencia al mercado, generar mejores condiciones en favor del usuario bancario, y facilitar que éste pueda moverse más libremente de una institución a otra.

Es una medida que en el actual contexto de pandemia y crisis económica derivada de ella, podrá actuar como un salvavidas a quienes a hoy están amarrados de manos en materia de oportunidades para rediseñar su cartera de endeudamiento e inversión, buscando nuevos escenarios sin sobreendeudarse más. La ley beneficia a todas las personas y empresas que tienen un producto financiero, tales como cuenta corriente, cuenta vista, tarjetas de crédito y débito, créditos hipotecarios, consumos u automotrices. Rige para los proveedores de servicios financieros, incluyendo en el listado a los bancos e instituciones financieras, cooperativas, compañías de seguros y cajas de compensación.

El mecanismo es sencillo: se debe solicitar, de manera presencial o a través del sitio electrónico de la entidad financiera de interés, una oferta de portabilidad donde se especificará los productos o servicios que mantiene vigentes y cuáles desea portar.

Luego vienen la recopilación de antecedentes y evaluación de la solicitud, en que la nueva institución solicitará al proveedor actual un documento donde indica en detalle los productos contratados a la institución de origen y evaluará la capacidad de pago. Si todo anda bien, el paso siguiente será la aceptación de la oferta y un mandato de cierre, en la que el nuevo proveedor deberá realizar todas las gestiones necesarias para contratar con el cliente los productos o servicios financieros especificados. Asimismo, el cliente otorga a la nueva institución un mandato de término, para pagar y dar cierre en seis días a los productos que mantiene con la empresa financiera de origen.

Bernardo Berger Fett

Diputado