La crisis sanitaria en Chile nos ha mostrado lo bueno y lo malo de nuestra organización institucional y del comportamiento de las personas. Mientras algunos, incluyendo a mucha gente de escasos recursos, han hecho enormes esfuerzos por ayudar solidariamente a las que se quedaron sin empleo o con una baja sustantiva de ingresos, y aportaron con ollas solidarias compartiendo lo poco que tenían; otros subieron artificialmente el precio de algunos artículos de primera necesidad alimenticia o sanitaria. Por otra parte, se han hecho más evidentes los vacíos al interior de la comunidad familiar, aflorando con fuerza situaciones como la soledad de muchos adultos mayores, o las barreras de todo tipo que se agudizan para las personas en situación de discapacidad. Ello como dura muestra de una sociedad perforada por la vorágine de la competitividad y el individualismo que no recoge las carencias de los que no salen a protestar ni rompen cosas para visibilizarse y hacerse valer. La desigualdad e injusticia social, campean con dureza descarnada en ambos grupos de nuestra comunidad…y solo lo vemos pasar dada la inconcebible debilidad institucional del Senama y Senadis respecto de la enorme proporción de mayores (17%) y personas en situación de discapacidad (20%), en Chile.

Es necesario reiterar que nuestra región representa las más altas tasas nacionales de personas adultas mayores y en situación discapacidad. Por ello, entre otros esfuerzos, presenté un proyecto de resolución aprobado por unanimidad en la Cámara y que exige al BancoEstado implementar sistemas más inclusivos en trámites digitales para personas en situación de discapacidad, especialmente de aquellos con discapacidad visual. Ello originado por solicitudes de personas que sufrieron en carne propia la exclusión. Cuando en pandemia los trámites se facilitaban para unos, usando sistemas digitales, estos no fueron diseñados ni son amigables para otros para acceder a algunas instituciones. Por ej., el proyecto exige accesos especiales a las plataformas digitales del Banco Estado y en cajeros automáticos para personas en situación de discapacidad visual o de visión reducida. Es increíble que mientras la banca privada lo implementa, el Banco del Estado de todos(as) los chilenos no lo ha hecho.

Es importante, urgente y justo, que esta parte de la comunidad sea incorporada.

Iván Flores García

Diputado

Aunque el coronavirus ocupa la atención pública; él no es el principal peligro que ven los chilenos para el futuro del país. De acuerdo al informe "Percepciones sobre política exterior y seguridad nacional", publicado por AthenaLab e Ipsos, un 79% identifica al narcotráfico y al crimen organizado como las amenazas más importantes para la seguridad nacional, anteponiéndolos a la pandemia, al cambio climático y a los ataques cibernéticos.

Esa inquietud es reforzada también por los datos 2020 del Observatorio del Narcotráfico del Ministerio Público, que alerta sobre un alza del tráfico y de la violencia que él implica, asociado a un mayor poder de fuego entre las bandas criminales. Además advierte una especie de "evolución" desde el consumo de sustancias ilícitas de origen natural hacia las sintéticas; desde las ventas en las esquinas al "delivery" y de armas "simples" a subametralladoras.

En ese preocupante contexto se debe apreciar la importancia de la "Operación Impacto", efectuada en Valdivia hace un mes, la cual terminó con 28 detenidos (26 imputados; 23 con medidas privativas de libertad) y permitió desbaratar una banda familiar liderada por una persona no vidente, la cual tenía vínculos en la cárcel de Llancahue y mantenía una red con vendedores en diferentes barrios de la ciudad.

El operativo se hizo con 300 efectivos de la PDI, quienes lograron incautar pasta base, clorhidrato de cocaína, marihuana, plantas, armas, dinero y vehículos, en el allanamiento simultáneo de 30 domicilios.

La acción es fruto de un año de seguimiento y ha sido bien evaluada a nivel país, pues implicó la aplicación de un "proyecto piloto" del ministerio Público a través de la Sección de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), que concentra recursos y antecedentes para actuar con mayor precisión.

Se podría hablar de un "golpe" importante; pero también hay que ver en él algunas señales altamente preocupantes: la estructuración de grupos concertados para delinquir; el alza de su influencia económica territorial (no sólo en Los Ríos) y la evidencia de un consumo local que crece, punto de la mayor gravedad, pues nadie debe olvidar que este "negocio" se sostiene por la demanda. Y hay otra tarea crucial.