Mejorar la vida en condominios
Una nueva ley de co-propiedad está en trámite en el Congreso. La anterior data de 1997 y ya no responde a la realidad actual. El nuevo marco regulatorio podría transparentar y agilizar decisiones, además de ayudar con claridad a solucionar los conflictos entre los copropietarios.
Más de 20 años tiene la Ley de co-propiedad inmobiliaria que rige en el país y en este momento se encuentra en discusión legislativa una nueva. Está en segundo trámite, luego de un largo proceso en el Congreso, y su objetivo es actualizar conceptos como administración, rol de los arrendatarios, financiamiento, derechos y deberes de los residentes, quórum de asambleas, entre otras materias que hoy son muy diferentes a las que se vivían hace dos décadas y requieren mayor precisión, para mejorar la vida en "condominios".
Caben en esta definición recintos como edificios, conjuntos de casas, parcelaciones de terreno, entre otros lugares donde una persona es dueña del espacio que adquiere para su uso, pero además de una parte de las denominadas áreas comunes.
Este modo de habitar "barrios cerrados", ha tenido un alza exponencial en los últimos años en el país y en la región, debido principalmente a la escasez de terrenos; pero gana preferencias gracias a características que van desde la mayor seguridad que pueden ofrecer, hasta la exclusividad del lugar y comodidad de los servicios compartidos. Según expuso el diputado Bernardo Berger hace unos días, durante la discusión de la norma, se calcula que hacia el 2025 más del 70% de la población urbana del país vivirá en algún tipo de ellas.
En Valdivia, de acuerdo a datos de la Cámara Chilena de la Construcción, un 75% del total de proyectos actualmente en obra corresponde a departamentos, cuya edificación ha crecido exponencialmente en los últimos años, especialmente en Isla Teja y el centro de la ciudad.
En este escenario, se explica la necesidad de un renovado marco regulatorio que agilice y transparente las decisiones, además de ayudar a solucionar los conflictos que puedan surgir frente a determinaciones como el corte de servicios básicos por no pago de cuotas de gastos comunes, punto sensible en estos meses de vulnerabilidad económica.
La nueva ley inició su periplo parlamentario en 2017 y ahora, según coinciden los representantes de Los Ríos, es necesario agilizar su aprobación, considerando esta realidad local y nacional.