Este jueves se aprobó definitivamente en España la ley que regula la ayuda médica para morir como un "derecho" y además como una prestación sanitaria gratuita, convirtiendo así al país ibérico en el séptimo a nivel mundial donde la eutanasia será legal.

El cuerpo legal se aprobó con el apoyo de la izquierda y legisladores de otros partidos, y con la férrea oposición de la coalición de derecha. Según señala la norma, podrán pedir la eutanasia los mayores de edad que sufran "una enfermedad grave e incurable" o un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" que afecte a la autonomía y que genere un "sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable".

Quienes soliciten este derecho deberán ser informados respecto de las alternativas y los cuidados paliativos disponibles; tendrán que ratificar al menos en cuatro oportunidades su voluntad de morir, para que su caso sea analizado varias veces; y además podrán desistir en cualquier momento. Por otra parte, los médicos y profesionales de salud podrán acogerse a la objeción de conciencia.

Asimismo, una "comisión de garantía y evaluación", compuesta por personal médico, de enfermería y abogados, supervisará cada caso y será responsable en última instancia de autorizarlo.

Además de España, el derecho a tener una muerta asistida es legal en Canadá, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica, Nueva Zelanda -donde entrará en vigor desde noviembre próximo- y Colombia, país donde se aprobó por decisión del Tribunal Constitucional, sin mediar una ley aprobada en el Parlamento.

CONTROVERSIA

El nuevo cuerpo legal, que fue aprobado con 202 votos de 350 diputados, 141 votos en contra y 2 abstenciones, entrará en vigencia tres meses después de ser publicado en el Boletín Oficial del Estado.

El largo debate que antecedió a su confirmación generó un fuerte debate ciudadano y el enfrentamiento entre las principales fuerzas políticas españolas. Por una parte, fue apoyada por la coalición oficialista, conformada por el Partido Socialista y Unidas Podemos, por pequeños partidos de izquierda, liberales, nacionalistas e independentistas. Por la otra, fue radicalmente rechazada por la oposición de conservadores (Partido Popular) y de extrema derecha (Vox).

Tras la aprobación, y la correspondiente celebración de sus impulsores, el partido Vox anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional y que la ley será derogada cuando cambien las mayorías parlamentarias.

El parlamentario conservador José Ignacio Echániz subrayó que "no existe demanda social objetiva", y aseguró que comités de bioética consideran que la ley abre la puerta a "eutanasias no solicitadas" y que España puede convertirse en un país de "turismo eutanásico", mencionando un "efecto llamada" que provocará que personas vulnerables sean "empujadas" a la eutanasia, anticipando graves consecuencias familiares, sociales y éticas, como la desconfianza entre padres e hijos, entre hermanos y entre médicos y pacientes.

En tanto, la ministra de Sanidad, la socialista Carolina Darias, aseguró que España avanza en el "reconocimiento de los derechos", así como en una sociedad "más justa y decente".

IGLESIA EN CONTRA

Frente al Congreso, familiares de enfermos fallecidos que lucharon en vida para legalizar la eutanasia celebraron lo que señalan como una ley histórica que permitirá evitar el sufrimiento. En el mismo punto, decenas de personas -algunas encapuchadas- protestaron contra la nueva ley, calificando al gobierno como "criminal".

La Conferencia Episcopal Española (CEE) lamentó la aprobación y llamó a favor de la objeción de conciencia y de la "cultura de la vida". El secretario general de los obispos católicos, Luis Argüello, consideró "mala noticia" la ley y lamentó que cada año mueran en España 60.000 personas con sufrimiento, según dijo, pudiéndose remediar con una política adecuada de cuidados paliativos.

202 votos a favor, de los 350 diputados españoles, permitieron aprobar el nuevo cuerpo legal.

60.000 personas mueren cada año "con sufrimiento" en España, aseguró la Iglesia de ese país.

En diciembre el Tribunal Constitucional de Austria dictaminó que "morir dignamente" forma parte del derecho a la libertad personal y que, por tanto, el artículo que castiga con hasta cinco años de cárcel la asistencia al suicidio es contrario a su carta magna. "Este derecho a la libre autodeterminación incluye tanto el derecho a organizar la propia vida como también el derecho a una muerte digna", dijo el presidente del Constitucional, Christoph Grabenwarter. De todos modos, la eutanasia activa -que incluye la participación directa de alguien para poner fin a la vida de otra persona, sigue siendo delito en el país.

Un informe independiente publicado ayer en Alemania reveló cientos de casos de abusos sexuales a menores en la diócesis de Colonia, la mayor jurisdicción eclesiástica católica en aquel país.

El documento, además, señaló que la situación fue conocida por altos jerarcas de la Iglesia pero que éstos no cumplieron con su deber de denunciarlos oportunamente y actuar contra los personeros involucrados.

El informe fue elaborado por un despacho de abogados de la ciudad de Colonia, cuyo arzobispo, el cardenal Rainer Maria Woelki, fue exonerado de responsabilidad al no conocer los antecedentes de los hechos, pero a otros dos altos jerarcas se les reprocha no haber cumplido con su deber: el arzobispo de Hamburgo, Stefan Hebe, y del fallecido cardenal Joachim Meisner, arzobispo de Colonia desde 1989 hasta 2014.

El arzobispo Hebe, de hecho, presentó su renuncia a la Santa Sede ayer mismo, tras la revelación del informe, y -según explicó- quiere evitar dañar "el cargo de arzobispo y a la arquidiócesis de Hamburgo", agregando que había actuado "siempre según un leal saber y entender".

El documento acumula cerca de 800 páginas de evidencia de centenares de abusos cometidos en la diócesis de Colonia, signando a 202 responsables de agresión sexual y 314 víctimas de una serie de hechos ocurridos entre 1975 y 2018, más de la mitad de ellas niños menores de 14 años, según explicó el abogado al que la iglesia encomendó la investigación, Bjoern Gercke.

"Me siento consternado y avergonzado", declaró brevemente el cardenal Woelki en una primera reacción al recibir el informe ante la prensa y admitió que hubo "encubrimiento" en la archidiócesis.

Un aspecto señalado por los autores del informe fue la falta de documentos oficiales y fiables sobre todos los casos analizados.

En efecto, el abogado Gercke explicó que al elaborar el informe se constató que muchos documentos fueron destruidos en aplicación de las normas del Derecho Canónico, y reconoció que en algunos casos no fue posible una aclaración completa de lo ocurrido.

314 víctimas de abusos sexuales entre 1975 y 2018, la mitad menores de 14 años, revela el informe.