Datos comparativos del Servicio Nacional del Consumidor señalan que los reclamos por servicios de Telecomunicaciones crecieron en un 85% entre 2019 y 2020 en Chile. La mayor alza de denuncias la tiene internet fija (186%), mientras que internet y telefonía móvil marcan 58% de aumento cada una. En Los Ríos, la tasa de reclamos se elevó de 2.0 a 3.1 en ese mismo período.

Ese índice se refiere al número total de casos semestrales por cada mil habitantes y esta zona es una de las que menos creció, considerando una tasa global que pasó de 4.1 (2019) a 7.4 (2020). Sin embargo, cada punto de alza se traduce en personas que no cuentan con conectividad y esa brecha se ahonda en sectores rurales (subtel.gob.cl), que marcan solamente el 20% del total de usuarios. El 80 % es urbano.

Una muestra de lo anterior es lo que sucede con los habitantes de la zona costera de Valdivia, que simplemente no pueden teletrabajar, ni estudiar, pese a tener planes contratados o servicios entregados desde el gobierno (módem escolares), porque la cobertura de las empresas del rubro no llega a sus sectores, o lo hace con una calidad muy baja.

Este tipo de situaciones podría calificarse como problema entre particulares: vendedor de señal-usuario; cuya solución puede lograrse a por medio de la intervención del Sernac, que debe acogerlos considerando los derechos de consumidores. Sin embargo, no es solamente eso. Se trata también de inequidad social y en eso hay responsabilidad política.

Claramente, frente a estas realidades no puede quedar la comunidad sola, o al arbitrio de la voluntad de un prestador. A la autoridad le compete velar por el respeto a la ley de Velocidad Mínima Garantizada de Internet, publicada en julio de 2020; porque se apliquen los planes de conectividad anunciados desde el año pasado a través de los Programas de Infraestructura Rural; y los subsidios, para incentivar inversión en áreas de menor densidad poblacional.

Por otra parte, en la realidad actual, se hace necesario adecuar los planes de conectividad escolar. Si bien está en marcha una iniciativa de Educación-Telecomunicaciones para dar cobertura a todas las escuelas; lo cierto es que hoy se requiere llegar a los hogares, más que a los colegios. Y esa realidad se mantendrá, aunque la pandemia pase.

E n 2019 el Impuesto a las Ventas y Servicios representó el 45,8% de toda la recaudación fiscal por concepto de impuestos, cifra que muestra su relevancia para el presupuesto público. En las últimas dos décadas, el uso de la tecnología como herramienta de fiscalización por parte de la Administración y el cumplimiento tributario digital han tenido un aumento exponencial, lo que ha permitido la disminución de los niveles de evasión y el aumento de la recaudación fiscal.

En el marco de esta política de modernización, el 24 de febrero de 2020 se publicó la Ley N°21.210, la cual, entre otras modificaciones, estableció el uso obligatorio de la boleta de ventas y servicios electrónica para la generalidad de los contribuyentes de IVA, cuya implementación debió postergarse para este mes, debido a la emergencia sanitaria. En términos simples, los contribuyentes dejarán de emitir la boleta de papel y a partir de ahora lo harán en formato digital, para lo cual deben solicitar la habilitación correspondiente al SII, con el objeto de que dicho órgano verifique que el contribuyente cuenta con los requisitos tecnológicos para su emisión. Y si bien existen empresas proveedoras de servicios de boletas electrónicas autorizadas por la Administración Tributaria, el cumplimiento de esta obligación no necesariamente implicará un costo para el contribuyente, ya que el SII ha dispuesto en su página web de una APP -e-boleta- que permite la emisión del documento desde dispositivos móviles, lo que facilitará el cumplimiento de este nuevo deber tributario.

Ahora, aun cuando las estimaciones son optimistas en torno a la recaudación, con la implementación de la boleta electrónica, se debe considerar que, según cifras del propio Servicio, en el año 2020 se emitieron más de 140 millones de boletas electrónicas en promedio al mes, y del total de las boletas emitidas en mismo período el 58,5% correspondió a boletas en formato digital, lo que demuestra que dicha modalidad ya se encuentra ampliamente arraigada en nuestro país, por lo que es mejor ser cautos con las expectativas en torno a la materia.

Así todo, pese a las bondades del cumplimiento tributario digital, resta un desafío pendiente para el Estado: Disminuir la brecha digital a nivel país con el objeto de permitir el acceso de todos los contribuyentes al uso de tecnología para el cumplimiento de sus deberes impositivos.

Carlos Flores Valenzuela Académico de la carrera de Derecho de la U. San Sebastián sede Valdivia